Son y están

«Tuvo que venir el Covid para hacer visible que cuidar a mayores en su casa es un empleo esencial»

Jacqueline Amaya Rengifo. Presidenta de la Asociación de Trabajadoras/es del Hogar de Sevilla. Nacida en Perú y vecina del barrio de Triana, compagina su trabajo como empleada de hogar con la dignificación laboral y social de quienes ejercen esa actividad en condiciones muy precarias, y con la pandemia y el confinamiento se han visto abocadas a situaciones de máxima dificultad.

Juan Luis Pavón juanluispavon1 /
30 ago 2020 / 10:06 h - Actualizado: 30 ago 2020 / 10:09 h.
"Son y están"
  • Jacqueline Amaya, presidenta de la Asociación de Trabajadoras/es del Hogar, llegó en 2007 a Sevilla desde su Perú natal. / EL CORREO
    Jacqueline Amaya, presidenta de la Asociación de Trabajadoras/es del Hogar, llegó en 2007 a Sevilla desde su Perú natal. / EL CORREO

Para personas como Jacqueline Amaya, la 'nueva normalidad' durante julio y agosto ha consistido en seguir esforzándose para minimizar o erradicar la 'vieja normalidad' de sufrir que no se cumplan las normas establecidas para quienes son la razón de ser de su articulado. Por ejemplo, la reivindicación del subsidio extraordinario aprobado por el Ministerio de Trabajo para las empleadas del hogar que durante el confinamiento por el coronavirus perdieron totalmente su empleo, o lo vieron muy reducido en número de horas. Muchas lo solicitaron, orientadas por compañeras como Jacqueline, y poquísimas lo han percibido cuatro meses después. Y la asociación que encabeza ella en Sevilla (sin ánimo alguno de protagonismo personal, sino todo lo contrario, que sea muy coral) está al tanto para ayudarlas al seguimiento de cómo va el trámite de su solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). O cómo pedir el ingreso mínimo vital. O, sobre todo, informar y velar por las tantas veces incumplidas normas laborales en vigor para regular el empleo de hogar.

Jacqueline Amaya es una ciudadana convencida de que el esfuerzo colectivo y perseverante acabará dando sus frutos para conseguir la dignidad laboral y social de quienes son uno de los sectores de población con condiciones de vida más precarias.

¿Cuáles son sus orígenes?

Nací en 1974 en Santa Eulalia, de la provincia de Huarochirí, una de las ocho provincias del departamento de Lima, la capital de Perú. Yo trabajaba como administrativa en un colegio. Mi novio, también peruano, buscó trabajo en España, mantuvimos la relación, en una época donde no había WhatsApp ni videollamadas, y en la que nos escribíamos cartas, primero en papel y después por correo electrónico. Era otra manera de mantener con intensidad los vínculos. Volvió a Perú para que nos casáramos y en 2007 dejé yo mi empleo en mi país para empezar en Sevilla junto a él y nuestro hijo. Ya tengo también la nacionalidad española.

¿Cuál fue su primer trabajo en Sevilla?

Como empleada de hogar, llegué en 2007 con un contrato de trabajo a través de una agencia de colocación. Y descubrí que me pagaban cinco euros por hora, cuando en la agencia cobraban doce euros por hora. Decidí irme, y empecé a buscarme el trabajo por mi cuenta. Y me di cuenta cómo estaba este colectivo de mujeres. He trabajado en todas sus opciones: limpiar hogares, limpiar comunidades, cuidar personas mayores, cuidar niños, hacer comida,... Y en todos los horarios, incluidos noches y fines de semana. Llegué a trabajar en siete casas durante una misma semana.

¿A qué se dedica su esposo?

Actualmente, está desempleado. Estuvo trabajando antes del covid en un restaurante, le dieron de baja y no lo han vuelto a llamar. Como él ha estudiado en España dos grados superiores, está planteándose la posibilidad de hacerse autónomo cuando termine las prácticas del curso que está estudiando ahora, de instalación de aires acondicionados. Ya con un título de electricista, y toda la experiencia laboral de más de 15 años en España.

¿Cuándo comenzó a implicarse en asociaciones?

Empecé cuando creamos una asociación de peruanos en Sevilla para ayudar a compatriotas que habían sufrido un tsunami en el sur de Perú. Organizábamos actividades para recaudar dinero que enviar. Con la gastronomía, los bailes, la cultura, como reclamo para la convocatoria, y también para hacer más llevadera la integración. Años después empecé a ir a reuniones informativas de entidades que hablaban sobre las normas laborales en el empleo doméstico. Siempre me gustaba participar, y echaba en falta que no sirvieran más que para recibir información. No resolvían los problemas, porque la normativa no se cumplía. Hasta que en febrero de 2012 sí hubo una convocatoria que sirvió para dar un paso adelante.

¿Qué sucedió?

Fue una convocatoria conjunta de varios colectivos como la Asociación Claver y la Asociación Hermanamientos de los Pueblos del Mundo. En la Parroquia Nuestra Señora del Mayor Dolor, que está en La Barzola. Fuimos más de 30 mujeres. Y de ahí salió crear un grupo que fue el germen para constituir en 2015 la Asociación de Empleadas/os del Hogar y reunirnos periódicamente. Sady Brítez fue la primera presidenta y sigue siendo una de las personas que más persevera para crear comunidad y aportar soluciones.

¿La mayoría de las que se asocian son latinoamericanas?

Sí. En aquella reunión, de 30 mujeres solo dos habían nacido en España. La mayoría de las que se implican son latinoamericanas: bolivianas, ecuatorianas, peruanas, colombianas, venezolanas, argentinas... La asociación está abierta a todas las nacionalidades. Nos encantaría que hubiera más africanas, porque en Sevilla hay muchas marroquíes. Pero acuden una o dos veces y no continúan. Quizás es por inseguridad con el idioma.

¿Cuántas personas están vinculadas a su asociación?

Las que participan más en reuniones y actividades son unas 40 mujeres. En nuestro Whatsapp tenemos una red de más de 100 mujeres activas. A través de Facebook estamos conectadas más de 1.500 de Sevilla y resto de Andalucía.

¿Y cuántas se ganan la vida en Sevilla trabajando en hogares ajenos?

Según los censos oficiales de la Seguridad Social hay más de 11.000 hombres y mujeres trabajando de forma legal y dadas de alta como empleo de hogar. Además, hay existe mucha economía sumergida. Tanto quienes trabajan en situación totalmente irregular como quienes están dadas de alta por tres horas al día y realmente lo hacen durante siete u ocho horas. Eso le ocurre tanto a las nacidas en España como a las inmigrantes.

¿Los inspectores de Trabajo no lo descubren?

Una de nuestras principales reivindicaciones es que la inspección laboral se dedique también a nuestra actividad. ¿Quién supervisa los contratos? Muchas trabajadoras internas firman contratos donde se estipula que van a trabajar ocho horas, pero en realidad son catorce horas. Y la gran cantidad de externas que firman tres horas y realmente hacen ocho. La mayoría trabaja a la semana más de 60 horas cuando deberían ser 40.

¿De dónde saca la fuerza para pasar de las palabras a los hechos?

Ser capaz de convertir la indignación en acción. Porque cuando conozco cualquier caso de discriminación y vulneración de derechos, la primera reacción es impotencia, indignación... Pero en lugar de echarme a llorar, respiro y me digo: '¡Esto hay que cambiarlo!' Esa es la motivación para continuar. Para escucharnos, estrechar lazos, fortalecernos emocional y socialmente. E incluso tener momentos alegres compartiendo comidas. Entender que no son casos aislados sino una causa colectiva.

¿Qué entidades públicas o privadas les han ayudado? ¿Son la excepción porque lo habitual es la indiferencia?

Empezamos con el apoyo de la Oficina de Derechos Sociales y nos reuníamos en la Casa del Pumarejo. Con sus técnicos hicimos el proceso de empoderamiento, aprendimos a ser autosuficientes. A esforzarnos para hacer nosotras las gestiones, conseguir los recursos, elaborar nuestros proyectos, elaborar los documentos, organizar las actividades. Porque no crecemos si nos acostumbramos a vivir de lo que otros nos den o nos arropen. Cuando en 2018 hemos vuelto a la Casa del Pumarejo para nuestras reuniones, tras tres años en que lo hacíamos en la sede de la Asociación Claver, ya habíamos conseguido ser nuestra propia voz, y no limitarnos a que otras personas hablen sobre nosotras y en nuestro nombre. Ya somos nosotras quienes luchamos. Además, como asociación estamos integradas en la Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla, de la que nuestra asociación forma parte. Ahí echamos en falta implicación de los sindicatos mayoritarios.

Concrete en qué consiste su empoderamiento.

Convocar directamente movilizaciones, manifestaciones,... Solicitar el uso de un centro cívico, pedir una subvención... Elaborar un proyecto de autocuidado, para el que fuimos pioneras en España. Lo montamos sin fondos y después llegó algo de colaboración. Porque hasta entonces, si nosotros exponíamos una necesidad, otra entidad lo solicitaba y los fondos son para ella. ¿Y qué nos llegaba a nosotras? Solo ser las beneficiarias. Así no crecíamos.

¿Qué mensaje repite más a sus compañeras de profesión?

Que defiendan tener como remuneración lo que está fijado legalmente en las tablas salariales, que repartimos a todas en folletos, no solo para que lo tengan ellas, lo entiendan y se lo aprendan, sino también para que se los den a quienes les ofrecen el trabajo. Por ejemplo: si trabajas como interna, el mínimo legal es 950 euros al mes. El salario mínimo profesional también es la norma a seguir para las empleadas del hogar. Es clave para garantizar un sueldo digno. Sin embargo, aún hay mujeres que se sienten agradecidas cuando los empleadores les ofrecen 850 euros. O cuando se avienen a que les descuenten más de la cuenta en su salario por disponer de techo y comida. Crear conciencia sobre todo eso es fundamental.

¿Funcionan las campañas para sensibilizar a los empleadores?

En ello nos estamos esforzando en la Plataforma junto a Cáritas, Cruz Roja, Claver y otras entidades que también intermedian para esos empleos. Y que no son las vampiras agencias de colocación que cometen abusos con las condiciones laborales. Y a quienes piensan que solo reivindicamos derechos, les digo que también reconocemos las obligaciones, porque tenemos la obligación de dar un servicio.

¿Es muy difícil perder el miedo a denunciar abusos?

En nuestro sector se cometen diversas violencias. Muchas mujeres temen perder el trabajo, que es el sustento de su familia, si hacen ver que están explotadas. O las que son maltratadas psicológicamente. O las que sufren a un empleador que quiere tocarlas, que les propone relaciones indecentes... Quienes formamos parte de la junta directiva ya nos hemos convertido en expertas sobre el amparo legal que existe en cada una de esas situaciones. Cuando vemos claro que es denunciable para ir a los tribunales, aconsejamos pedir cita con determinados abogados que colaboran. Este año hemos firmado un convenio de cooperación con la cooperativa de la abogada laboralista Pastora Filigrana.

¿Las denuncias se topan en los tribunales con la falta de pruebas?

La primera gran dificultad es la lentitud de la Justicia para los procesos y para que se cumpla el fallo. Por ejemplo: una compañera denunció por maltrato psicológico a su empleador. Ganó el juicio, pero él se ha declarado insolvente. Otro ejemplo: aún no hay sentencia para lo que sufrió otra mujer hace más de tres años. La despidieron a medianoche, le dieron una paliza y la dejaron literalmente en la calle. Estaba en situación administrativa irregular y la dejaron en la calle. Consiguió localizar a otra mujer para que la ayudara y la pudieran acoger en un hostal. Nos localizaron, nos explicaron lo sucedido y lo derivamos al equipo jurídico de la Asociación Claver, que la respaldó.

¿Cuáles son otras de sus principales reivindicaciones?

Que el Gobierno de España ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para ampliar los derechos de las trabajadoras de hogar. La incorporación en el Estatuto de Trabajadores, con jornada máxima de 40 horas. Igualdad con los demás trabajadores en las indemnizaciones por cese, en el disfrute de los permisos, de los días de asuntos propios. El control por parte de las Administraciones Públicas de las agencias de colocación. El derecho a la prestación por desempleo y que la cotización a la Seguridad Social sea sobre salarios reales. La regularización de todas las que trabajan sin papeles. La inclusión de nuestra profesión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que se reconozcan enfermedades propias del esfuerzo físico que realizamos.

¿El feminismo en España no les sitúa a ustedes como prioritaria situación de desigualdad e injusticia a resolver?

Como decía una compañera cuando hace varios años nos invitaron por vez primera a participar en la manifestación del 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora: las españolas rompen el techo de cristal y nosotras somos las que recogemos los cristales. Porque hemos visto feministas que hablan de la desigualdad que padecen en general las mujeres por asumir casi todos los cuidados del hogar, y no veían que empoderarse ante eso significa que también hemos de empoderarnos nosotras. No puede haber un 'feminismo blanco', sino integrarnos a todas. Por eso, este año, para el 8 de Marzo, conseguimos ser nosotras quienes redactáramos la parte del manifiesto reivindicativo en Sevilla correspondiente a los cuidados.

¿Percibe si cuentan ya con más apoyo social desde ámbitos vecinales y profesionales?

Sí, ha empezado a cambiar. La crisis del covid ha causado que se nos valore más. Porque habitualmente somos un sector invisibilizado, al hacer nuestro trabajo dentro de domicilios. Al igual que ahora se valora a todos los que son cuidadores: sanitarios, enfermeras. En nuestro caso, durante el periodo más fuerte de confinamiento, muchas familias se dieron cuenta de lo importante que era la labor que, de pronto, hubiera repercutido en ellos para cuidar de sus mayores o para conciliarlo con el teletrabajo. Hasta el Gobierno se dio cuenta de que es un trabajo esencial el empleo en el hogar que cuida de los mayores que viven solos. Tuvo que venir el covid para hacer visible algo que está en la base de nuestro sistema de vida: los cuidados.

Haga visible lo que vivieron.

Hubo compañeras de la asociación que se quedaron varios meses a vivir internas en las casas donde trabajaban y cuidaban a una persona mayor. Imagine el sacrificio que supone eso. Lo han hecho tanto mujeres con su empleo regularizado como algunas sin papeles. En cambio, otras fueron despedidas porque las familias no les tramitaban un permiso para poder circular por las calles, ya que si lo hacían quedaba en evidencia que eran economía sumergida y no estaban dadas de alta. Preferían despedirlas para no ser penalizadas.

¿Y en su caso?

Las familias para las que trabajo están concienciadas, saben lo que hago desde la asociación. Incluso alguna me llama para avisarme de oferta de empleo para otras compañeras. Hoy en día trabajo con tres familias. Y también a veces me llaman para servicios de limpieza. Antes, yo trabajaba en cinco o siete casas. Otras también se dedican cada día a una casa. Es duro, un ritmo de trabajo muy alto. Porque no es lo mismo ir a una misma casa varios días, en los que te organizas para realizar las diversas tareas, que acudir a una casa para hacerlo todo en un día.

¿Ayudaron a compañeras para disponer de material protector?

Sí, organizamos una campaña, con un video en redes sociales, para conseguir equipos de protección. Porque ni teníamos ni había disponibilidad de adquirir mascarillas, guantes, geles,... Era una obligación moral proteger a las mujeres que durante el confinamiento tenían que seguir salir saliendo a la calle para hacer un trabajo de riesgo en otros hogares. Yo tenía diez mascarillas que me traje el año pasado de Perú, porque tuve en España alergia y crisis de asma, y temía que en 2020 me sucediera algo parecido. Para hacernos los protectores, una empresa nos donó el plástico. Una farmacia nos hizo la donación de los guantes. El Consulado de Perú en Sevilla nos aportó las mascarillas. Y para comprar los geles logramos donativos de varios colectivos.

¿Cómo se movían para recoger y repartir el material?

Entre varias compañeras se organizó el reparto por zonas de la ciudad, moviéndose en bicicleta, llevando una credencial de la asociación que ponía 'Estoy repartiendo EPIs'. Usamos también los contactos de la Red Vecinal de Apoyo Mutuo (Ramuca), y los de Protección Civil. Por otro lado, también trabajamos mucho para organizar una caja de resistencia con la que apoyar económicamente a muchas mujeres que se quedaron sin trabajo, o que no les pagaban pronto, o que no recibían el subsidio.

¿La crisis económica causada por la pandemia está precarizando aún más sus condiciones de trabajo?

Algunas personas intentan aprovecharse. En este periodo del covid, hay compañeras a las que les han ofrecido trabajar por 500 euros. Y a otras les han dicho: “Te doy techo y comida y te pago 400 euros”. Y se lo venden como un favor. Nosotras les recomendamos, para que empaticen con nuestro trabajo y lo valoren: “dile a esa persona que si le gustaría estar en un trabajo donde le pongan como condición que se quede en la oficina, que le ponen una cama al lado del ordenador, y que a cambio le van a pagar mucho menos porque como va a descansar allí mismo sin tener que ir a su casa...”.

Con 13 años de vivencias en Sevilla, ¿cuál es su punto de vista sobre la evolución de la sociedad sevillana?

Me he sentido acogida e integrada desde el principio como vecina del barrio de Triana. Me siento parte de la comunidad de vecinos, estoy contenta en Triana. Me recuerda una zona al oriente del Perú donde toda la gente es cálida, se conoce y dialoga cordialmente. Otras compañeras de la asociación no han tenido esa suerte en Sevilla y han sentido discriminación. Toda sociedad tiene sus luces y sus sombras. Igual que hay postureo en la política, en la Semana Santa,...