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Alrededor de 150 personas, convocadas por la Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI), se congregaron en la mañana de ayer a las puertas del Parlamento de Andalucía para «presionar a las administraciones». / Jesús Barrera
La clausura definitiva de las clínicas iDental se produjo a finales de mayo de este año, cuando cerró sus puertas la ubicada en la calle Federico García Lorca, pero ya doce meses atrás, en el mismo mes pero de 2017, un informe elaborado por un médico inspector junto con dos odontólogos y encargado por la propia Junta de Andalucía alertaba a la Dirección de la Inspección Provincial de Servicios Sociales de que el funcionamiento de las dos clínicas de iDental en Sevilla –por entonces tenía sede en la Cartuja y en Nervión– estaba «ocasionando graves perjuicios a los pacientes» e instaba a que se adoptasen «las medidas oportunas para evitar mayores daños y perjuicios a la población».
El citado informe –al que ha tenido acceso este periódico– se basaba en el análisis de 142 reclamaciones presentadas contra las dos clínicas de iDental, del que se desprendía «la comisión de posibles infracciones en materia de consumo (por ejemplo tratamientos pagados y no realizados) y también de tipo sanitario (por ejemplo tratamientos prescritos y no realizados y/o con complicaciones)». El inspector hablaba de «absoluta anormalidad» y de «caso extraordinario», por lo que recomendaba «adoptar urgentemente medidas cautelares», y aludía concretamente a «incoar un expediente sancionador y resolver de inmediato el cierre temporal del establecimiento», y por otro lado «realizar una inspección conjunta consumo-salud bucodental para comprobar la adecuación a la normativa vigente de estas dos clínicas».
En el capítulo final de recomendaciones, que tenía ocho apartados, el informe insistía en la «adopción inmediata de medidas cautelares dirigidas a evitar que se sigan produciendo esas infracciones y a salvaguardar la salud de los pacientes, que podrían concretarse en la suspensión provisional de la autorización de funcionamiento de la clínica».
REMISIÓN A LA FISCALÍA
Además, instaba a remitir el propio informe a la Secretaría General y a la sección de Procedimiento «con la propuesta de incoación de expediente sancionador y la adopción de medidas cautelares a causa de las infracciones muy graves que las múltiples evidencias muestran que se han cometido y pueden seguir cometiéndose»; y, por otra parte, a la Fiscalía «por la posible comisión de varios delitos detallados en este informe».
Sin embargo, la Inspección de Servicios Sanitarios decidió no adoptar las medidas cautelares requeridas y continuar investigando el caso antes de intervenir.
La Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI), que se concentró este jueves ante el Parlamento de Andalucía, lamentó que «la Administración ha hecho la vista gorda» ante la situación y «cuando ha cerrado la clínica es cuando ha empezado a moverse a nivel burocrático, que no de las repercusiones en la salud para los afectados», señalaba Benito Lupiáñez, su presidente.
«UNA GRAN ESTAFA»
Para ASAI, que representa a unos 2.000 perjudicados pero está en proceso de reunir a los más de 20.000 que calculan que puede haber en las provincias de Sevilla y Huelva (50.000 en toda Andalucía y medio millón en toda España, donde llegaron a funcionar cerca de 30 clínicas de iDental), este caso «ha sido una gran estafa montada con el silencio de las administraciones, un excelente marketing y una publicidad engañosa». Lupiáñez entiende que «esa dejación de la Administración la puede convertir en responsable civil subsidiaria y esa es una de las cosas que reivindicamos, porque ha habido una publicidad engañosa y un marketing agresivo que no ha controlado. La clínica ha ido en busca del pobre buscando un hueco de mercado a sabiendas de que la sanidad pública no cubre estos tratamientos».
Por su parte, el portavoz de la Marea Blanca en Sevilla, Sebastián Martín Recio, escribió en su muro de Facebook al respecto que «tenemos constancia de que la Dirección de los servicios de Inspección de la Junta de Andalucía, al menos en Sevilla, fue advertida hace más de un año de las graves irregularidades que se estaban produciendo y del daño a la salud que estaban sufriendo los pacientes por una mala praxis...» y, pese a ello, «hizo caso omiso y no tomó medida alguna para parar esas prácticas fraudulentas y dañinas para las personas».
Marea Blanca sostiene que «la Junta de Andalucía, su Consejería de Salud, la Subdirección Médica de la que dependen las inspecciones y la Dirección Provincial de la Inspección de los Servicios Sanitarios han de responder por esta posible dejación de funciones o negligencias que las convierten en responsables en todos los aspectos, civil subsidiario, daños a la salud, etc.».
«La administración sanitaria, y no sólo la de Consumo, tiene mucho que decir y responder en esta grave problemática», y esa vertiente «está siendo soslayada».
EL PP DICE QUE SALUD «OCULTÓ UNA MULTA DE 100.000 EUROS»
Aunque la Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI) se reunió en primera instancia con Podemos y esta formación «presentó una moción que rechazó la Mesa», más tarde pudo contactar con el PP, que realizó ayer una pregunta en el pleno por medio del diputado Jaime Raynaud, quien señaló que «han sido muchas las informaciones avisando de las irregularidades en iDental» y apuntó que «hace 14 meses Consumo abrió una investigación por el incremento desmesurado de las quejas». «¿Se imaginan si hubieran actuado en tiempo la cantidad de afectados que podrían haberse evitado?», se preguntó el popular, que lamentó que la Junta «ocultara en 2017 una multa de 100.000 euros que se impuso» a esta empresa, un extremo que calificó como «muy grave».
En este sentido, Raynaud añadió que los propios consumidores «hablan de dejación de funciones y posible negligencia por parte de la Dirección Provincial de Inspección», y criticó que Salud «no avisara y no tomara medidas si puede remitir a la Justicia aquello que considera delitos».
Así, el diputado popular instó a las autoridades sanitarias a que «adopten medidas, reclamen historiales, arreglen los problemas financieros con los bancos y que se devuelva a los pacientes el dinero perdido», al tiempo que afirmó que «hay pacientes con infecciones temporales que están en una grave situación», por lo que piden medidas para que «las facultades o colegios de odontólogos intervengan».
Por último, Jaime Raynaud realizó al departamento que dirige Marina Álvarez una petición en el sentido de que «controlen en el futuro la proliferación de estas clínicas, que sin pudor hacen publicidad engañosa, con miles de afectados», y advirtió de que se trata de «una auténtica emergencia social».
LA JUNTA HA TRAMITADO MÁS DE 3.100 DENUNCIAS Y MULTADO POR 1,2 MILLONES
La consejera de Salud, Marina Álvarez, informó en el pleno del Parlamento celebrado este jueves de que su departamento ha remitido ya varios casos relacionados con la atención sanitaria y el cierre de las clínicas dentales iDental en Andalucía al Ministerio Fiscal. Álvarez explicó que la Inspección de Servicios Sanitarios ha recibido y tramitado 112 reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o colegios profesionales, al mismo tiempo que ha realizado un total de 145 actuaciones inspectoras en las seis clínicas con sede en Andalucía.
Así, la consejera señaló que las actuaciones inspectoras han incluido múltiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con Industria, ayuntamientos y con los colegios profesionales y fruto de las mismas, y concretamente en Sevilla, según detalló, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla aquellos casos en los que se desprende que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública. Asimismo, añadió que está en curso un expediente sancionador contra la clínica sevillana donde se han detectado dichas irregularidades.
Del mismo modo, la Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 3.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año; en 2017, las reclamaciones ascendieron a 985; y en 2016, fueron 168.
Por otra parte, Álvarez informó de que desde la Dirección General de Consumo se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones. En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros.
Además, la consejera informó de que desde los servicios provinciales de Consumo se están analizando las reclamaciones recibidas para su remisión a Fiscalía en aquellos casos en los que se detecte que se haya podido producir un delito de estafa. En este sentido, y según confirmó Álvarez, ya se han remitido a las Fiscalías de las Audiencias de Sevilla y Córdoba los casos en los que se considera la posible existencia de un delito de estafa. La Fiscalía de Córdoba ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.
La Consejería de Salud «está realizando en el caso de iDental todo el trabajo posible dentro de nuestras competencias tanto de Consumo como sanitarias», explicó Marina Álvarez, quien transmitió todo el apoyo del Gobierno andaluz a las personas afectadas por este escándalo.