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En los juzgados se acumulan las causas y falta personal para agilizar los procesos. / J.M. Paisano
Desde el pasado 5 de febrero el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía (número 1 de Sevilla), no tiene magistrado. La situación empieza a ser muy complicada, pues en este mes y medio es la jueza del número 11 de Andalucía (el dos de Sevilla) la que se está haciendo cargo de los dos órganos judiciales, lo que hace que solo pueda atender las cuestiones «urgentes». En este tiempo que ha pasado no se ha podido hacer ni una sola visita a las prisiones, y ya tienen acumuladas 200 solicitudes.
Si el juzgado de Vigilancia Penitenciaria está sin magistrada se debe a que el 5 de febrero no se renovó a la jueza que estaba en comisión de servicio, una figura que permite estar temporalmente en un juzgado, por lo que ha vuelto a su juzgado en Sanlúcar de Barrameda. Esta magistrada estaba trasladada a Sevilla desde 2013 porque la titular del juzgado, Carmen Ruiz Mesa, está a su vez desde entonces en comisión de servicio, que sí se mantiene, en el Juzgado de Instrucción número 17, que no tiene magistrado. De hecho, esta plaza salió ayer a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ahora se abre el plazo para solicitarla.
Según explicaron fuentes judiciales, el juzgado está siendo atendido por la titular del número 11, Patrocinio Mira, quien atiende a la población reclusa de Morón, unos 1.700 reos, y la mitad del Centro de Inserción Social (CIS). «No sabemos cuánto tiempo se va a prorrogar esta situación», apuntan las fuentes que aseguran que la magistrada que atiende a los dos órganos «está haciendo un esfuerzo grandísimo, pero no puede atender a una población de 3.000 presos». «Es una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y cada semana pedimos que nos manden a alguien, pero no nos contestan», insisten en el juzgado afectado la baja.
Aquí se encargan de los «1.300 presos de la prisión de Sevilla, más la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, el psiquiátrico y la mitad del CIS», sin que en este mes y medio se haya podido realizar ninguna visita a estos lugares. «Hay cuestiones que hay que decidirlas acudiendo a la centro penitenciario a hablar con el interno, pero ahora es imposible. Ya tenemos acumuladas más de 180 peticiones», señalan en el juzgado, donde antes iban dos veces al mes a la cárcel y cada día atendían entre 25 y 30 internos.
El problema de que este juzgado no funciones correctamente es que los retrasos suponen que no se puedan tramitar los permisos de los presos o las solicitudes de cambio de calificación (el grado penitenciario), o las quejas por atención sanitaria. Uno de los ejemplos que ponen en el juzgado son los casos de penas cortas, pues «si han presentado un recurso solicitando un cambio al tercer grado, para tener que pernoctar solo en prisión, si nos retrasamos mucho en resolverlos no tendrá sentido, pues el preso habrá cumplido la condena».
Para la abogada coordinadora del turno de oficio penitenciario, María José González, esta situación «es imposible de sostener porque el juzgado ya se está saturando». La letrada recuerda la importancia de tramitar todas las cuestiones señaladas, pues hay casos «en los que ya se está solicitando un segundo permiso, cuando el primero aún no ha sido resuelto». González recuerda que es clave que un preso pueda acceder a sus permisos porque, «por ejemplo, para lograr el tercer grado es obligatorio haberlos disfrutado» como adaptación.