Manuela acaba de cumplir 90 años. Hace siete murió su marido y desde entonces vive sola en el piso del Tiro de Línea al que se mudó hace más de 50 años. Ella, como muchas personas de su edad, no tiene nada «grave» pero su corazón ha sufrido un infarto, la tensión alta, las piernas «le van regular» y la vista ya no le permite coger las agujas de crochet para terminar unas colchas para sus nietas. Una combinación que le limita muy mucho su movilidad. Por eso, los apenas 60 metros cuadrados de hogar en el que se criaron sus cuatro hijos son ahora todo su universo. Por eso y por los dos tramos de escaleras, apenas 30 peldaños, que la separan de la calle. Esa a la que solo sale en contadas ocasiones. «Un par de veces en verano y poco más», explica su mayor, Ángeles, ya jubilada, que la cuida a diario. «Se le hace un mundo bajar. Este año ya no se animó ni a ver a la Virgen en la esquinita como hemos hecho cada Lunes Santo».

La situación de Manuela, que vive en un primero de un edificio de tres plantas sin ascensor, es la misma de otras muchas personas mayores de la ciudad. En su momento, la construcción de edificios no contempló la instalación de elevadores. Una circunstancia que es bastante habitual en barriadas sevillanas que nacieron hace más de 40 años para dar respuesta a la creciente demanda de viviendas que generaron entonces familias jóvenes que llegaban a trabajar a la capital o que emprendían un nueva vida lejos de las casas de vecinos de la intramuralla donde se habían criado.

Pasado los años, aquellos hogares se han convertido en auténticos «pisos cárceles» de los que sus inquilinos tienen más que complicado salir. Ante esta situación, ha surgido en la capital hispalense un movimiento vecinal para informar a los afectados y tratar de agilizar los trámites que se requieren para acceder a las subvenciones públicas para la instalación de ascensores.

La andadura de la plataforma por la accesibilidad de la vivienda dio sus primeros pasos el pasado mes de marzo en la barriada de El Carmen de la Macarena. Los vecinos del entorno, comandados por Arturo Díaz, se propusieron entonces «concienciar a todos de la gravedad de la situación», pues no se está garantizando la accesibilidad de los residentes e inquilinos, en concreto, en el 75 por ciento de estos bloques de pisos de cuatro plantas de altura y más de cuatro décadas de antigüedad.

Precisamente en esta barriada es donde arrancó el censo que la asociación quiere hacer «para tener un dibujo completo de las necesidades reales que hay en la ciudad», explica Díaz. «Cuando lo tengamos todo hecho, iremos al Ayuntamiento y a la Junta, con representantes de las barriadas afectadas, para pedir que las inversiones se ajusten a lo que de verdad se necesita para garantizar la accesibilidad universal».

El análisis que se hizo de El Carmen deja datos significativos. De los 46 bloques de pisos que hay, sólo diez disponen de ascensores. Pero los pisos cárcel no se localizan solo en esta barriada. «Además está la zona más antigua de Pino Montano, La Barzola, Pío XII...». Precisamente este es el siguiente objetivo de la plataforma. Estudiar la situación de otros barrios afectados. Pero esta labor es ingente. «Cuesta mucho trabajo. Ten en cuenta que detrás de cada uno de los casos hay unos nombres y apellidos. Una historia que nosotros conocemos, unas necesidades específicas y saber todo esto lleva tiempo».

Su metodología de trabajo, dice Díaz, pasa por la colocación de carteles y el reparto de folletos para movilizar al vecindario pues es «fundamental» el compromiso vecinal. «Tratamos de tener en cada barriada a un grupito de personas que se quiera comprometer para ayudarnos». Una vez está conformado, se hace un recuento inicial de los afectados en la zona y luego pasan a detectar las necesidades de cada caso, «llamando puerta a puerta, y conociendo al detalle la situación de cada familia, donde a priori sabemos que hay personas con discapacidad, con movilidad reducida o mucha edad que no pueden realizar una vida normal».

Díaz explica que la plataforma quiere seguir ampliando las zonas en las que trabajan para tener preparado el censo completo antes de que acabe el año. «Está pendiente también la barriada de Begoña, nos gustaría llegar a los barrios A y B del Polígono San Pablo, San Jerónimo... pero poco a poco». La labor ya la han puesto en marcha en El Carmen y el Triángulo, «en La Barzola estamos pendiente de datos»... Pero a la luz de las cifras con las que cuentan hasta la fecha, Díaz estima que podría haber en la ciudad «entre 200 y 300» personas que están encarceladas en sus propias casas. «Y me quedaría corto. Estamos hablando que solo en dos zonas hay más de 80 personas afectadas. Imagina cuando tengamos todas las barriadas estudiadas al completo». E insiste, «y eso que no contemplamos otras zonas como Los Pajaritos, La Candelaria o el Tiro de Línea donde también sabemos que hay gente afectada».

Por eso, aunque el representante de la plataforma por la accesibilidad de la vivienda celebra las partidas que tanto a nivel municipal como autonómico, las considera aún muy lejos de poder ser «una solución real a los problemas de la gente». «En los dos últimos ascensores que conseguimos instalar, volaron más de 100.000 euros. ¿Qué vamos a hacer con un millón que da el Ayuntamiento?», se pregunta. «Con eso no hay ni para arreglar los bloques de la barriada del Carmen», asegura. Las ayudas de la Junta de Andalucía tampoco le parecen una solución. «Ten en cuenta que el dinero no es solo para ascensores, ahí se incluyen otros arreglos y reparaciones». Por eso, Díaz insiste en que «hace falta más» y confía en que con el censo completo haya más financiación. «Lo único que queremos es que estas personas tengan calidad de vida y después de más de cinco y de seis años dejen de ver la vida pasar desde la ventana».