Andalucía, al límite de tener las listas de espera en dependencia más saturadas de España: "Hace falta un pacto de Estado"

Andalucía está a punto de pasar a ocupar el primer puesto en un lamentable ránking: el de la comunidad autónoma con las listas de espera en dependencia más colapsadas. Desde que se contabiliza este indicador, Canarias ha sido —y con mucha diferencia— el territorio donde más tiempo pasa desde que alguien solicita la atención a la dependencia hasta que recibe la prestación. Pero los últimos datos publicados por el Imserso revelan que Andalucía está a punto de dar el sorpasso a la comunidad insular.

Canarias, cuyas listas de espera en este ámbito llegaron a rozar los 1.000 días de espera, ha logrado reducir drásticamente este indicador. Si en diciembre de 2022 se situó en 977 días, de media; en mayo de 2024 había descendido hasta los 593 días. Sigue siendo una enorme demora, pero supone una reducción del 39% del tiempo de gestión.

Mientras tanto, en Andalucía, que ha ocupado siempre el segundo puesto, los tiempos de espera para resolver las prestaciones por dependencia han aumentado en los últimos meses hasta situarse, el mes pasado, en 580 días. Si las tendencias de ambas comunidades se mantienen, Andalucía podría convertirse en la comunidad autónoma con las listas de espera en dependencia más colapsadas del país.

En cuanto a la media nacional, los datos del Imserso muestran que el tiempo medio desde que una persona usuaria realiza la solicitud de dependencia hasta que esta es valorada y resuelta, ha ido descendiendo desde diciembre de 2020, en lo peor de la pandemia, cuando se situó en 457 días. Un par de años más tarde, esta cifra se había reducido hasta los 344 días. Y así, poco a poco, hasta llegar a los 329 días en mayo de este año. Andalucía está 251 días por encima de la media nacional.

Carta al presidente de la Junta

En este contexto, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, remitió la semana pasada una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para advertirle de la "gravedad de la situación de la dependencia" en la comunidad que gobierna. Según los últimos datos disponibles, que reflejan la situación a 31 de mayo, en Andalucía "hay 53.930 solicitudes de dependencia sin resolver".

De ellas, "31.349 personas [el 58% de las solicitudes] aún no han sido valoradas, y otras 22.581 aunque se les ha resuelto el Programa Individual de Atención (PIA) están a la espera de recibir la prestación efectiva", señala el escrito.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dirigida por Loles López, defiende su gestión y que "desde el cierre del año 2018 se ha reducido un 70% la lista de espera de personas con derecho pendientes de prestación: se pasa de 75.097 personas pendientes de PIA a 31 de diciembre de 2018 a 22.581 personas a fecha actual, lo que supone 52.516 personas menos pendientes de PIA".

"Si a las personas pendientes de PIA les sumamos las personas pendientes de resolución de grado, a finales de 2018 se contabilizaban 109.470 personas pendientes (pendientes de grado +pendientes de PIA) mientras que en la actualidad son 53.930, se trata de 55.540 personas menos en lista de espera de dependencia (-51%)", añaden fuentes de la Consejería.

Según el último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado cada año por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el año pasado fallecieron en Andalucía casi 9.000 personas a la espera de que se resolviera su prestación. 4.800 de ellas habían realizado una solicitud y estaban a la espera de resolución de grado. Los casi 4.000 restantes ya habían sido valorados y se les había reconocido su derecho a la prestación, pero nunca llegaron a recibirla.

El límite de los 180 días

A principios de febrero de este año, el Gobierno andaluz puso en marcha un nuevo modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones. El modelo, enmarcado en el nuevo Decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, permitiría reducir un año el tiempo de espera gracias a, entre novedades, "fusionar en un solo paso la valoración del grado y la elaboración del programa individual de atención".

Moreno anunció entonces que el tiempo máximo para resolver las solicitudes de dependencia sería de 180 días, pero este límite ya está recogido en la propia Ley de Dependencia, en vigor desde 2007. En su disposición final primera, la norma establece que "el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses".

Desde el anuncio, el tiempo de espera de dependencia ha aumentado ligeramente: en febrero eran 564 días demora, de media; y en mayo 580. La Consejería de Inclusión Social defiende que "la entrada en vigor de la nueva norma fue a mediados del mes de marzo, por tanto nos encontramos en una fase de transición".

"Sin duda queda mucho por hacer", comentan desde Inclusión, "pero no se puede negar que los datos demuestran una reducción en el número de personas pendientes de recibir su prestación".

Un 50%-50% que no llega

El sistema de la dependencia se financia a través de tres patas: la financiación de la Administración General del Estado, la financiación autonómica, y el copago de los beneficiarios. "Una vez descontada la aportación de las personas beneficiarias, el Gobierno central debería aportar el 50% de y las comunidades autónomas el otro 50%, pero esto nunca ha sido así", asegura Durán. "Para empezar, cuando la Ley de la Dependencia entra en vigor en el año 2007 ni siquiera va acompañada de una memoria económica", subraya el presidente de FOAM.

Esto ha generado, en su opinión, "un auténtico desastre". "Esto es el ejército de Pancho Villa, aquí cada comunidad ha hecho lo que le ha venido en gana y hay comunidades que funcionan mejor; la nuestra, desgraciadamente, es de las que peor funcionan", lamenta Durán. "Hace falta un Pacto de Estado por la Dependecia, esto no puede seguir siendo reinos de Taifas, hacen falta instrucciones claras", valora.

Según recoge la misiva, cuando Moreno llegó a la presidencia de la Junta, en 2019, "el año anterior, el gasto certificado por dependencia de Andalucía ascendió a 1.260,75 millones de euros. La Junta aportó 800,05 millones de euros, por copago se aportaron 212,67 millones de euros y la AGE 248,03 millones de euros. En el año 2022, último año del que se ha publicado por el Imserso los datos definitivos, el gasto certificado de dependencia de Andalucía ascendió a 1.719,65 millones de euros. La Junta aportó 908,47 millones de euros, por copago 241,49 millones de euros y la AGE 569,69 millones de euros".

Añade la carta de la FOAM que "para 2024, la Junta ha presupuestado 1.963,12 millones de euros para dependencia", de forma que, "si se cumple con lo presupuestado, aportará 974,76 millones de euros, el copago 259,13 millones de euros, y, al haberse prorrogado los Presupuestos" Generales del Estado de 2023, "la AGE aportará la misma cantidad de 2023, es decir, 729,23 millones", el 37,15% de la cifra total.

El presidente de FOAM apela al Gobierno central y al autonómico en su misiva. "Desde su llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía se ha ido reduciendo el porcentaje de aportación de la Junta para la financiación de la dependencia", señala, por un lado. Por otro, subraya que el Gobierno central "no puede eludir más su responsabilidad, incumplida desde el año 2007 cuando entró en vigor la ley, de financiar, una vez deducidas las aportaciones de los beneficiarios, el 50% del gasto total de la dependencia".