Daniel, con 103 años, lleva 16 meses a la espera para entrar en una residencia de la Junta

En junio de 2023, María Ángeles, hija y cuidadora principal de Daniel, realizó una solicitud para que su padre (gran dependiente con un Grado III reconocido) pudiese ingresar en una residencia para personas mayores de la Junta de Andalucía. De nada parece haber servido todo el papeleo, una denuncia a la administración y una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz desde entonces: 16 meses después, María Ángeles no ha obtenido respuesta y su padre, de 103 años, sigue sin plaza en un centro de atención residencial. "He agotado todas las vías", relata la mujer.

La historia de Daniel hace saltar todas las alarmas cuando se comprueba la fecha de nacimiento de su DNI, en 1921, pero está lejos de ser una excepción. Es un relato similar al de Petra, que con 100 años tiene que esperar uno y medio para recibir la ayuda a la que tiene derecho, y al de tantas personas mayores y sus familias que sufren cada día los dilatados plazos y burocracia de la dependencia en Andalucía.

La gestión del sistema en la comunidad se han convertido en uno de los problemas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene sobre la mesa. Hasta el punto de que este sábado CCOO-Andalucía ha convocado una gran marcha en todas las provincias por la calidad del empleo público de los trabajadores de la dependencia y para garantizar el cumplimiento de estos derechos.

Un largo proceso

El nieto de Daniel, que lleva su mismo nombre, explica que las complicaciones en el caso de su abuelo comenzaron a partir de 2023. "Hasta entonces los procesos habían sido lentos, pero habían salido bien", relata. En 2016 (cuando tenía 95 años) se le reconoció el Grado II de dependencia; en 2021, con 100 años, el Grado III (gran dependiente) y la aprobación del Programa Individual de Atención acorde a su nuevo grado, enumera su nieto.

En aquel momento Daniel tenía 102 años y una ayuda domiciliaria de tres horas al día. "En esas tres horas la cuidadora, que era como de la familia, hacía lo básico: la compra, la comida, el aseo...". Y puntualiza: "lo justo para una persona como mi abuelo; que, para tener 100 años, estaba bastante 'bien' y dentro de la casa era bastante independiente". María Ángeles, su hija, se encargaba del resto de cuidados.

Entre 2021 y 2023, Daniel (gran dependiente con Grado III reconocido) contaba con una ayuda domiciliaria de tres horas al día.

Pero a mediados del año pasado todo cambió. En apenas dos años se produjo un "deterioro exponencial" de la salud y el el estado cognitivo de Daniel, y la compleja situación familiar llevó a su hija a tomar la decisión de trasladarlo a una residencia para mayores.

Fue entonces cuando solicitó a la Junta de Andalucía la revisión del Programa Individual de Atención para cambiar la prestación y que Daniel pudiese beneficiarse del Servicio de Atención Residencial para personas mayores asistidas. Debido a la urgencia de las circunstancias, un mes después Daniel ingresó en una residencia privada.

La pensión de Daniel se destina íntegramente a pagar una residencia privada. Su hija solicitó una prestación económica de la que tampoco ha obtenido respuesta.

Como puntualiza su nieto, esto fue posible gracias a que "mi abuelo tiene una pensión bastante buena y cubre la mayor parte del coste básico de la residencia". Una situación económica de la que no gozan todas las familias, Aun así, la pensión del dependiente se destina íntegramente a pagar la residencia, y su hija debe abonar de su bolsillo otros servicios no incluidos en el precio base. Para ayudar a amortiguar los gastos, Mª Ángeles solicitó una prestación económica de la que, a día de hoy, no ha tenido noticia.

Denuncia a la Junta y queja al Defensor del Pueblo

Más de un año después del ingreso en la residencia privada y de trámites burocráticos, María Ángeles presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Utrera una denuncia contra la Junta de Andalucía por incumplimiento de la Ley de Dependencia. "Fueron los propios servicios sociales quienes instaron a mi madre a denunciar", explica Daniel nieto. Pero el mes pasado esta denuncia fue desestimada, según ha podido comprobar El Correo de Andalucía.

Paralelamente, María Ángeles presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz. En ella se denunciaba "la negligencia y abandono total y absoluto por parte de la Junta de Andalucía hacia nuestros mayores". "El tiempo máximo marcado por la Ley para resolver un expediente de dependencia es de 180 días [seis meses]. Mi padre, de 103 años, lleva esperando 14 meses para la adjudicación de una plaza pública en una residencia (...) 14 meses soportando el coste de la plaza privada, que supera su pensión", puede leerse en el escrito.

La familia denuncia que ya han pasado 16 meses desde aquella solicitud, y diez meses de retraso administrativo sobre el máximo de seis meses que marca la Ley. "El agravante de todo esto es la edad de mi abuelo", reflexiona su nieto Daniel. "Mi abuelo se va a morir y le van a conceder nada. Esa es la idea que ronda la mente de sus familiares más cercanos".

Cargas familiares y salud mental

Según su nieto, el deterioro de Daniel en la residencia está siendo "exponencial". Sin embargo, como ocurrir frecuentemente en estas situaciones, los familiares más directos resultan también gravemente damnificados. "Mi madre lleva más de 30 años dedicando su vida al cuidado de sus padres", relata Daniel. "Quien se encarga de los trabajos reproductivos y de los cuidados es ella (ninguno de mis tíos vive y cuando vivían, todo el mundo asumía que debía encargarse mi madre, por ser la hermana pequeña). Esto son cargas familiares", incide.

Como relata el hijo de María Ángeles, "la quemazón de todos los trámites administrativos... Son miles horas invertidas en ir de una administración a otra, de reclamar. A nivel de salud mental eso es ansiedad y depresión".