Muface: los verdaderos motivos por los que los funcionarios se quedan sin su seguro de sanidad privada

Si les dan a elegir, más del 82% de los funcionarios prefieren un seguro de salud privado frente a la cobertura sanitaria pública. Una atención sanitaria que ahora está en peligro y que está generando enorme inquietud. ¿El motivo?. La decisión de las tres aseguradoras que forman parte del actual concierto -DKV, Asisa y Adeslas- de Muface, que ahora finaliza, de abandonar el modelo por considerar que la subida de la prima que les ofrece el Gobierno no es suficiente. Una situación muy complicada que deja a 1,5 millones de personas en un clima de total incertidumbre y sin saber si pasarán a la sanidad pública.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. El modelo permite a los funcionarios elegir entre recibir atención sanitaria a través del sistema público o de entidades privadas. Y, según reflejan los resultados de una encuesta realizada en junio por la agencia de investigación independiente 40dB, prefieren lo último. El seguro médico privado es la elección predominante entre los mutualistas. Así, 8 de cada 10 opta por la cobertura privada a través de su mutualidad.

En España, los pacientes de la sanidad privada alcanzan los 12,6 millones, de los que el 80% cuenta con un seguro de asistencia sanitaria, el 13% son mutualistas y el 7% dispone de un seguro de reembolso de gastos, con datos del un reciente informe elaborado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

¿A la sanidad pública?

El problema es que el modelo Muface no cuenta con la suficiente financiación lo que hace peligrar la asistencia sanitaria de esos funcionarios. Al menos a través de sus seguros privados. Las aseguradoras que formaban parte del actual concierto llevaban mucho tiempo advirtiendo que perdían dinero. De cara al nuevo concierto para los próximos dos años, pedían más presupuesto. Muface había propuesto un aumento del 24% en las primas que cobran de cara al próximo año y de un 1% adicional en 2026, lo que suponía una subida media el 12,5% durante el nuevo concierto (2025-2026).

Las tres compañías advirtieron que este incremento no era bastante y las negociaciones continuaron durante meses. En octubre, el Consejo de Ministros finalmente aprobó la licitación del concierto para los años 2025-2026, por el que se ofrecía la cobertura sanitaria. El concierto 2025-2026 ofertaba una prima del 17,12%, la mayor de la historia desde que existen registros homologables, y que se distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026.

Espantada de las aseguradoras

A DKV, Asisa y Adeslas no les convenció la subida propuesta por el Ejecutivo. Tras semanas estudiando el pliego de condiciones, optaron por decir que se iban, como ya venían deslizando desde hace meses. Que no les salía a cuenta. DKV, la primera en anunciar que abandona el modelo, ha asegurado que las pérdidas en caso de renovar ascenderían a 77 millones de euros en los próximos dos años, casi lo mismo que en los tres años del concierto anterior. Asisa y Adeslas se pronunciaron en términos similares.

El seguro médico privado de los funcionarios está, por tanto, en el aire por cuestiones de presupuesto. Muface se ha visto obligada a iniciar una nueva licitación para ver si alguna aseguradora quiere presentarse. Este jueves se celebra Consejo General. Una reunión de urgencia a la que acudirán los sindicatos y miembros de la Administración. Porque el escenario que se plantea es que, si ninguna compañía quiere acudir al nuevo concierto porque lo que ofrece el Gobierno para asistir a los funcionarios no les parece suficiente, 1,5 millones de personas podrían pasar a una ya colapsada sanidad pública, un impacto que ya analiza el departamento que dirige Mónica García.

Muface, que depende del Ministerio de la Función Pública, dice que, por ahora, los funcionarios tienen cubierta su asistencia sanitaria. Las aseguradoras que forman parte del convenio actual estarían obligadas a atenderles hasta el 31 de enero. "La cobertura se va a mantener hasta que haya una nueva licitación", indica el departamento que dirige Óscar López, sin aclarar los plazos. "Con posterioridad a la fecha de finalización del concierto se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público", se añade.

¿Qué quiere decir exactamente?. Función Pública no lo ha desmenuzado, pero existe un artículo de la ley de Contratos del Sector Público que contempla que, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo, se podrá prorrogar el contrato originario por un periodo máximo de nueve meses lo que vendría a dar un respiro a los funcionarios que eligen la privada y que supondría un mazazo para las aseguradoras que deberían seguir atendiendo a esos pacientes sin cobrar por ello.