Tribunales
La investigación de la DANA no tiene un juzgado asignado 51 días después
Un total de 21 jueces de diez partidos judiciales han abierto diligencias previas y otros dos, además del TSJCV, han recibido denuncias contra los gestores de la emergencia, pero está por decidir cuál es el competente
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, recibió ayer la memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana de 2023 de manos del Fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro. / Miguel Angel Montesinos
Laura Ballester
La gestión de la DANA del 29 de octubre y las posibles consecuencias penales por las 223 víctimas mortales y tres desaparecidos que provocó la barrancada y riada posteriores aún no tiene juzgado que la investigue cincuenta y un días después de la tragedia. Un detalle nada baladí que aún tardará en dirimirse.
Desde el 29 de octubre un total de 21 juzgados pertenecientes a diez partidos judiciales diferentes (Alzira, Carlet, Catarroja, Llíria, Mislata, Quart de Poblet, Requena, Sueca, Torrent y València) tienen abiertas diligencias previas por los fallecimientos de las 223 víctimas mortales contabilizadas hasta ahora (y tres personas desaparecidas).
Además, en otros dos juzgados de Valencia han recaído denuncias presentadas por el pseudosindicato Manos Limpias y la asociación de ultraderecha Hazte Oir. A la que se sumó ayer la denuncia de Podemos para que se investiguen las 223 muertes (y tres personas desaparecidas) como homicidios imprudentes. A las que se añaden las siete denuncias y querellas presentadas contra Carlos Mazón, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Sobre estas últimas, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana comunicó el martes que cabe inadmitir estas siete denuncias y querellas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que un juzgado de instrucción las investigue. Un Juzgado de Instrucción que es "el órgano judicial que naturalmente tiene atribuida dicha función investigadora", según el escrito de la Fiscalía Superior notificado el martes. Ahora falta saber qué decisión adopta el TSJCV al respecto.
¿Pero qué juzgado es el competente? Es la pregunta que sigue sin respuesta cincuenta y un días después. El Juzgado de Instrucción de Valencia en funciones de guardia el 29 d octubre era el número 20, cuyo titular es el magistrado Juan Luis Beneyto Feliu. De hecho, es el que abrió diligencias previas para proceder al levantamiento del cuerpo de una víctima en la pedanía de La Torre.
A favor de Instrucción 20 se inhibió el Juzgado de Instrucción 15, en quien recayó por turno de reparto la primera denuncia del pseudosindicato de Manos Limpias contra los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias.
Pero Instrucción 20 rechazó este inhibición al considerarla "prematura" y no apreciarse en este momento procesal "nexo causal" entre los hechos que relata la denuncia de Manos Limpias y el fallecimiento de un vecino del barrio de La Torre por el que el juzgado incoó sus diligencias.
Una cuestión de competencia a la que se suma el Juzgado de Instrucción 10, en quien recayó la querella presentada por Hazte Oir contra la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. Aunque la magistrada titular de Instrucción 10 la rechazó por un defecto de forma. Decisión que ha sido recurrida y de la que se espera resolución.
Apertura de diligencias
También cabe resolver la intervención de los otros 21 juzgados de diez partidos judiciales en la provincia de Valencia. Con Utiel (partido judicial de Requena) donde se registraron las primeras víctimas mortales y daños materiales. Aunque según la Lecrim (Ley de enjuiciamiento criminal) el primer juzgado que abre diligencias es el que asume la investigación. Una incógnita que, en caso de conflicto de competencias resolverá la Audiencia de Valencia (si fuera entre partidos judiciales de distintas provincias correspondería al TSJCV).
Aunque incluso podría entrar en estas lides competenciales la Audiencia Nacional ya que la asociación SOS Desaparecidos anunció su intención de presentar una querella ante la Audiencia Nacional que dirigirá contra los responsables de las tres administraciones implicadas: los ayuntamientos, la Generalitat y el Gobierno central. Sin olvidar las denuncias presentadas en el Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Fernando Grande Marlaska o la exministra Teresa Ribera.
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