¿Qué falló en el asesinato de Almería?: "La valoración del riesgo recae en la víctima"

El asesinato de las dos menores, envenadas por su padre en la pedanía almeriense de Las Alcubillas, entre los municipios de Gérgal y Alboloduy, arroja muchas preguntas que tendrá que esclarecer la investigación que está llevando a cabo en estos momentos la Guardia Civil pero que ya han llegado al debate público.

"Si existía orden de alejamiento, ¿cómo es que no se pidió que ésta afectara también a los menores? Incluso, ¿por qué la orden de alejamiento no da lugar a la retirada de la patria potestad o el régimen de visitas?", se pregunta la abogada Soledad Pérez, exdiputada por el PSOE en el Parlamento de Andalucía, una de las máximas conocedoras de la ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada en 2018. Con la legislación vigente, explica la experta, estas medidas son posibles, pero el procedimiento no es tan sencillo.

Una de las primeras cosas que falla en el sistema es que, en muchos casos, esas medidas ni siquiera se han solicitado por los letrados de la víctima o por el ministerio fiscal. Esto se debe, según explica Pérez, en que "cuando la víctima acude a la Guardia Civil para que se realice una valoración del riesgo, en la inmensa mayoría de los casos la víctima minimiza el riesgo respecto a ella misma y respecto a sus hijos". 

"Por desgracia", ahonda la experta, "cuando en la valoración de riesgo a la víctima se le pregunta si hay menores y preguntan a la madre si considera que puede existir riesgo sobre los menores, en muchas ocasiones responden que no: ella piensa con su cabeza, no con la cabeza del maltratador. Las víctimas no consideran que el maltratador vaya a ser capaz de cometer unos actos de violencia tan graves", apunta. Por tanto, insiste, "el peso de la valoración recae en la propia víctima y no tanto en la investigación que haga el juzgado".

Ir un PEF en una zona rural, insostenible

El médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente señala que "no se entiende que existiendo una Ley de Infancia que dice que cuando haya violencia de género no se pueden adoptar medidas de visita, en este caso se han adoptado". Para el experto, esto supone "una demostración de falta de análisis o de falta de estudio de la situación del caso" y "no tiene sentido que se haya actuado con el desconocimiento sobre lo que es la violencia de género".

La última modificación de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que "las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores".

Cuando estás en un pueblo como Alboloduy, ir a un PEF significa un trayecto de más de media hora hasta la capital, luego horas dando vueltas por la ciudad, otra hora de camino de vuelta… Es un sistema totalmente inasumible

Miguel Lorente

— Médico forense

El experto ahonda sobre las particularidades de este caso: "En marzo de 2023 se adopta el servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF), y en noviembre se abandona ese PEF", contextualiza. "Lo que no se tiene en cuenta es que, cuando estás en un pueblo como Alboloduy, ir a un PEF significa un trayecto de más de media hora hasta la capital, significa que tienes que esperar durante varias horas dando vueltas por la ciudad, que después de esto tienes otra hora de camino de vuelta… y al día siguiente, otra vez. Es un sistema totalmente inasumible, incluso en las mejores circunstancias".

Sobre la percepción de pérdida de control del agresor, explica Llorente que "los maltratadores matan cuando perciben que pierden el control". Para ello, pone como ejemplo los datos de violencia de género y la pandemia. Durante el confinamiento, las cifras de mujeres asesinadas fueron las más bajas de la serie histórica. Los expertos y análisis sobre aquel fenómeno coinciden en que esto se debió a que los maltratadores ya ejercían el control y el dominio sobre sus víctimas. 

Faltan protocolos de asistencia automática y más medios

Para el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, entre 2008 y 2011, una de las claves principales es que "hay un profundo desconocimiento sobre qué es la violencia de género. Tenemos que entender que la motivación de la violencia de género es la idea de que la mujer es propiedad del hombre. "Entendiendo esto", explica el experto, "es fácil comprender que los hijos y las hijas forman parte de esa idea de posesión, de dominio. La violencia vicaria forma parte de la violencia de género, es una violencia extendida, porque su fin es amenazar y dominar a la mujer a través de dirigir la violencia a sus seres queridos, en este caso, los hijos", explica.

Asimismo, el forense incide en la necesidad de poner en marcha protocolos de asistencia automáticos que permitan llevar el seguimiento tanto social (en lo económico, por ejemplo, ¿depende la víctima material y económicamente de su agresor?), como sanitario (¿cuál es la situación psicológica y emocional de la víctima de violencia de género?) de estas mujeres.

En los casos de extrema vulnerabilidad, como el de Almería, explica Soledad Pérez "hay que tener en cuenta que las víctimas se ven sin medidas rápidas y urgentes que den solución a su situación". Las víctimas, alerta la experta, "deben esperar los largos plazos administrativos de procesos burocráticos".

Sin medios materiales ni redes de apoyo, en opinión de la abogada, esto lleva en muchos casos a las víctimas a romper la que debería ser su medida de protección, la orden de protección, ya que se ven obligadas a recurrir a su expareja para pedir dinero.

"Los servicios sociales, ya sean de los ayuntamientos o de las diputaciones provinciales, tendrían que dar una respuesta inmediata a las necesidades vitales de la familia mientras se solicita la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital o las medidas de urgencia y emergencia de los servicios sociales", valora Pérez.

La alcaldesa de Gérgal, al corriente de las "palizas"

En este caso, la alcaldesa de Gergal, el término municipal donde la pareja vivió durante un año y medio reconoce a El Correo de Andalucía que el presunto asesino "era un maltratador". En declaraciones a los medios, ha señalado que el padre maltrataba de forma continuada a la madre, que le propinaba "palizas" y que ésta llegó a ingresar en un centro de acogida. Y, a pesar de todo, la edil de Gérgal declaró a este medio estar "estupefacta": "Nadie se esperaba algo así".