Siete empresarios de Murcia admiten haber pagado a menores a cambio de sexo, pero evitan la cárcel

Los siete empresarios de Murcia implicados en una red de prostitución infantil han reconocido este miércoles en la Audiencia Provincial que pagaron por mantener relaciones sexuales con chicas menores de edad. Lo hacen después de que los abogados de los acusados llegaran a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y tras aceptar una condena de cinco meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos. Esto supone una drástica reducción de las penas que se pidieron inicialmente, y que oscilaban entre los 4 y los 24 años de prisión. El acuerdo alcanzado les permitirá a todos ellos no pisar la cárcel.

Además, los empresarios, entre los que se encuentra alguno de renombre como Juan Castejón, exvicepresidente de la COEC y la CROEM en el año 2014, deberán pagar entre 5 y 6 meses de multa a razón de 5 euros de cuota diaria. Además, también tendrán que desembolsar una indemnización de entre 540 y 1.000 euros a cada víctima por daños morales.

Entre todos ellos, el que ha recibido una mayor condena ha sido precisamente Castejón, que reconoció ante el juez haber pagado a cambio de sexo con hasta cinco víctimas. El resto reconoció haber mantenido uno o dos encuentros con las víctimas.

Otras seis personas, entre ellas cuatro mujeres, han sido también condenadas por pertenecer a la red de captación y prostitución. En estos casos, la penas por cada uno de los delitos se elevan hasta los 2 años de prisión, pero al igual que con los empresarios, presumiblemente tampoco entren en prisión. Aquí destaca la condena del cabecilla de la red de prostitución, W.D.M., que ha sido condenado por seis delitos en calidad de autor y cooperador necesario.

Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. De hecho, fue en 2015 cuando la Policía Nacional dio por desarticulada esta red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de Murcia, o bien a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio.

En el operativo inicial fueron arrestadas 29 personas, entre las que figuraban las tres máximas responsables de la organización y 15 demandantes de servicios sexuales que solicitaron expresamente a menores de edad.

La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era "muy variado", con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio. Parte de este montante se lo llevaban las víctimas y otra los organizadores, tal y como trascendió cuando se dio a conocer el operativo.

La investigación comenzó en agosto de 2014, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de una menor. Sus progenitores indicaron que desde hacía tiempo su hija mantenía un alto nivel de vida, pero que no le conocían trabajo remunerado alguno, por lo que la Policía sospechó que podía estar prostituyéndose.

Tras llevar a cabo numerosas gestiones indagatorias, la Policía Nacional logró localizar a la menor en un piso de la capital murciana, en el que también residían otras chicas y un matrimonio dueño de la vivienda. Los agentes pudieron también constatar que en dicho domicilio la menor y otras jóvenes, algunas también menores de edad, estaban siendo explotadas sexualmente por los propietarios del inmueble.

La Fiscalía acusaba a tres mujeres que actuaban de 'madames' o 'mamis', es decir, las encargadas de captar a las menores de edad en puertas de discotecas y colegios. Asimismo, entre los acusados figuraban dos hombres que se encargaban de los traslados y una cuarta mujer que actuaba de vínculo entre las 'mamis' y las menores.

Entre los acusados se encuentran también dos hombres que, supuestamente, se encargaban de llevar a las chicas hasta el lugar donde se iba a desarrollar la relación sexual.

Para la Fiscalía, los clientes conocían que las adolescentes, una docena, eran menores de edad, pese a lo cual solicitaron tener sexo con ellas.

La red fue desarticulada por la Policía Nacional en una macrooperación llevada a cabo en enero de 2015, cuando se detuvo a catorce presuntos miembros de la organización y a una quincena de clientes.