Tribunales

El crimen organizado chino toma parte también en el narcotráfico andaluz

El Juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado a un clan integrado por asiáticos por cultivar y distribuir marihuana a gran escala, aunque ninguno de sus miembros pisará la cárcel

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Guardia Civil

Carlos Doncel

China está presente en todo lo que nos rodea, desde el móvil con el que llamas hasta la camiseta que vistes. Esa ubicuidad del gigante asiático también se extiende, cómo no, al submundo de la delicuencia. Y en un panorama del narcotráfico andaluz en el que suenan nombres como los Castaña o el de Abdellah El Haj, el crimen organizado de este país oriental intenta hacerse un hueco por pequeño que sea, tal como se ha demostrado en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Sevilla a finales de septiembre a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

"Tras la investigación de la Guardia Civil se ha podido acreditar la existencia de un grupo criminal cuya actividad delictiva principal era la producción intensiva, compraventa y exportación internacional a gran escala de estupefacientes", detalla el veredicto. Este clan estaba compuesto de forma íntegra por ciudadanos chinos, una nacionalidad "poco frecuente" en las operaciones antidroga que se realizan en Andalucía, según cuenta un agente de la Benemérita.

Un total de 17 miembros de la banda se sentaron en el banquillo, de los que 14 han sido condenados por pertenencia a organización criminal, 12 por un delito contra la salud pública y uno de los cabecillas, además, por defraudación eléctrica. Pero no pisarán la cárcel, ya que "carecen de antecedentes penales, la pena es inferior a dos años y han reconocido expresamente los hechos", recoge el fallo. Con una condición: que estos narcos asiáticos, rara avis en el hampa de aquí, no delincan en los próximos cuatro años.

Dos secciones, dos líderes

La organización estaba "perfectamente estructurada" y tenía sus sedes repartidas por cuatro provincias: Sevilla, Huelva, Málaga y Granada. La especialidad de esta banda, la marihuana, que cultivaba en interior y luego enviaba a España y el centro de Europa a través de servicios de mensajería. El Instituto Armado realizó registros hace justo cuatro años en el marco de la operación Almaju en los que incautó 193,345 kilos de cannabis, valorados en 338.160,40 euros. No obstante, la propia Guardia Civil informó "que en 2019 podrían haber obtenido varios millones de euros" con la venta de este estupefaciente.

Plantación hallada en el interior de una de las casas del clan / Guardia Civil

Había dos grandes secciones: Sevilla-Huelva y Málaga-Granada. Al frente de la primera, Maolong L., que "gestionaba, dirigía, controlaba y financiaba las actividades delictivas de la trama". De la otra, Congqin X., "el principal responsable del grupo en esta provincia", cumplía funciones de "supervisión de las plantaciones y trabajadores, concretar las ventas de la droga y marcar las directrices sobre las medidas de seguridad que deben adoptar los otros integrantes para evitar ser detectados".

Granjas de cultivo y granjeros esclavizados

Lo tenían todo bien repartido: los agentes hallaron plantas e instalaciones en viviendas y garajes de Espartinas, Palos de la Frontera, Aljaraque, Mijas, Alhaurín de la Torre y Benalmádena. Algunas de ellas, "chalets independientes de lujo en urbanizaciones aisladas", según la Benemérita. Dentro, garrafas de fertilizantes, lámparas halógenas, ventiladores, enganches ilegales a la luz. Todo un sistema montado al detalle para favorecer el crecimiento de una maría "manipulada genéticamente".

Las conexiones eléctricas de una de las viviendas registradas / Guardia Civil

Estas casas eran las "granjas" para la organización. Y los encargados del mantenimiento y cosechado, los "granjeros", ciudadanos chinos que vivían en régimen de semiesclavitud. "La mayor parte ha accedido a España de forma ilegal, a través de organizaciones internacionales dedicadas a la trata de personas, encontrándose todos ellos en un evidente estado de precariedad", recoge la sentencia.

Esta situación era aprovechada "por los responsables de las plantaciones para su captación, ya que todos tienen contraídas grandes deudas en su país de origen", apunta la jueza. Dos de estos granjeros declararon ante la Guardia Civil y la Justicia que eran "víctimas de trata de seres humanos y que habían venido a España mediante engaño a través de mafias". Una vez en estas granjas, se les confinaba y aislaba en las plantaciones, "sin contraprestación económica alguna y previa retirada por los gestores de su documentación personal".

Bazares asiáticos, el foco del blanqueo

El dinero recaudado se blanqueaba en buena parte a través de dos negocios vinculados a la comunidad asiática en España: bazares. En concreto, la organización utilizaba dos locales ubicados en Granada capital y Moguer (Huelva). Tal como refleja la sentencia, la red usaba estos comercios legales "como tapadera de las ganancias obtenidas por su participación en el tráfico de drogas".

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Todo estaba medido, desde el cultivo hasta el blanqueo de lo conseguido con los envíos a Madrid, Eindhoven o Bruselas. El crimen organizado chino también quería su pequeña porción en Andalucía, la segunda comunidad donde más plantas de cannabis se decomisaron en España en 2022, según la última Estadística anual sobre drogas. Aunque de momento los miembros de este clan no pagarán con prisión su inusual carrera en el mundo del narco local.

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