Alquila su piso a una familia de refugiados sirios y se lo okupan: "Ellos cobran casi dos mil euros en ayudas y yo no puedo ni comprar ropa a mis hijos"

Una familia refugiada de origen sirio lleva desde 2018 viviendo en una casa que no es suya, en una urbanización de lujo en Valdemoro (Madrid). Entraron de alquiler, pero un año después, dejaron de pagar. Están okupando la vivienda desde entonces.

Una ONG se encargó de tramitar la documentación, ofreciendo "apoyo y garantías legales" a los propietarios. Así lo cuenta Basi Rodríguez a este canal de investigación y sucesos, como principal perjudicada junto a su marido y sus dos hijos de una situación que se ha vuelto insostenible.

"Todo iba a ir fenomenal"

Cuando Basi y su familia estaban pasando por apuros económicos, decidieron poner su casa en alquiler para poder hacer frente al pago de la hipoteca.

"Una amiga nos recomendó una ONG que ayudaba a gente del extranjero a buscar casa, principalmente refugiados de guerra o políticos", asegura. "Hablamos con uno de los responsables y nos dijo que iba a ir todo fenomenal, que me iban a ayudar en todo", recuerda la perjudicada.

"Nos decían que estos contratos tienen la garantía del Estado porque ayudan a estas familias a buscar trabajo y se hacen cargo de cualquier problema". Sin embargo, según sostiene la mujer, desde el principio, ella y su marido tuvieron que ceder. Rebajaron el precio del alquiler de 750 a 700 euros "porque es lo que le daban de ayuda a ellos", cuenta Basi.

"Nos hemos quedado sin ahorros"

La familia de refugiados, ahora convertidos en 'inquiokupas' del piso de Basi, está compuesta por un matrimonio y cuatro hijos (el menor ha nacido ya en España). "En 2019 empezaron a pagarnos mal y tarde, unos 500 euros cada dos meses", señala la propietaria. "El inquilino nos daba largas y la ONG nos decía que se iba a solucionar. Luego llegó la pandemia y todo fue a peor. Dejaron de pagar".

"A día de hoy nos deben unos 37.000 euros", calcula Basi. Ella y su familia han tenido que dejar el piso en alquiler donde vivían para irse a la casa de su madre: "Vivimos al día. Pagamos 800 euros de hipoteca. Se nos acumulan las deudas y ya se nos han agotado tanto los ahorros como el dinero de los préstamos que hemos tenido que pedir".

"Mis hijos no son menos que los suyos", se defiende la mujer. "No puedo ni comprarles ropa a los míos", añade.

"Cobran casi el doble que yo"

En el proceso de reclamación de los pagos, Basi afirma que descubrió que sus inquilinos reciben varias ayudas estatales que ascienden "a casi 2.000 euros", incluyendo dinero para necesidades básicas, alquiler y educación. De hecho, uno de sus inquilinos le mandó por WhatsApp un desglose de los ingresos que percibe, según ha podido consultar este medio.

"Los vecinos de la urbanización nos han dicho que viven mejor que nosotros. Hemos visto por fotos suyas en redes sociales que han estado de vacaciones en la playa, nosotros no podemos pagar la hipoteca", critica la denunciante.

"No son personas vulnerables. Se acogen a su condición de refugiados políticos y en ayudas están cobrando casi el doble de nuestros ingresos", se queja Basi. "Podríamos haber hecho lo mismo que ellos y no pagar a nuestra casera, pero si todos hiciéramos lo mismo...", añade.

Sin solución legal

Basi asegura que la ONG que les puso en contacto con esta familia siria ha desatendido sus demandas y el responsable que se hizo cargo de sus gestiones ya no trabaja allí: "Nos dicen que ellos no saben nada y que nuestro caso lo llevaba un extrabajador".

"Nos dijeron que, si surgía algún tipo de problema, ellos intervendrían", insiste Basi. La mujer asegura que hace meses que no puede contactar con esta ONG porque alega no tener ningún tipo de responsabilidad en el contrato de alquiler.

El caso ya está judicializado. El Juzgado de instrucción 3 de Valdemoro emitió una sentencia ordenando el desahucio de los 'inquiokupas' de Basi el pasado febrero, según ha podido confirmar este medio. Pero los inquilinos de Basi recurrieron la resolución, alegando que se encuentran en situación vulnerable. "El juez les ha pedido que lo acrediten y no lo han hecho", sostiene Basi.

"Nos dicen que esperemos la decisión final del juez, pero el proceso se puede alargar hasta un año si recurren una nueva sentencia", lamenta la mujer.