Tribunales

El exalcalde de Lebrija no iba a trabajar a la Faffe pero sí fue “invitado” a Perú a dar “una conferencia”

Un exdirectivo de la Faffe ha declarado ante el juez no haber visto físicamente en la sede a Antonio Torres García, director de Relaciones Externas de esta fundación durante ocho años

El que fuera director de la Faffe, Fernando Villén, junto al exalcalde de Lebrija, Antonio Torres García

El que fuera director de la Faffe, Fernando Villén, junto al exalcalde de Lebrija, Antonio Torres García / Roberto Ruiz Oliva | EFE

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Antonio Torres García, exalcalde socialista de Lebrija, pasó a trabajar como director de Relaciones Externas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) cuando perdió las elecciones. Sin embargo, un antiguo responsable de este organismo público ha declarado este martes ante la Audiencia de Sevilla que no vio "físicamente" a Torres en la sede de la entidad.

El que fuera regidor de Lebrija se sienta ahora en el banquillo junto al exdirector general de la Faffe, Fernando Villén, acusados de prevaricación y malversación. En el foco, la supuesta arbitrariedad de esta contratación. "No recuerdo que el aludido asistiese a los comités de dirección de la entidad", ha manifestado durante el juicio el exdirector de Estructuras Permanentes de la Faffe en referencia a Antonio Torres García.

No obstante, según recoge Europa Press, este testigo ha añadido que contactó con el exalcalde "en dos ocasiones" por cuestiones relacionadas con la Faffe. En la primera de ellas mantuvo "un encuentro presencial de unos 15 o 20 minutos" con Torres García porque estaba promoviendo una actuación para captar fondos europeos para un proyecto universitario que, sin embargo, "no tuvo mucho recorrido".

La segunda vez que hablaron fue a raíz de que la Agencia Española de Cooperación Exterior buscara perfiles para participar en un foro en Perú. Según la declaración de este exdirectivo de la Faffe, un superior le pidió que contactase con Torres García "dada su experiencia municipal" y una trayectoria "que coincidía con el perfil requerido".

Este testigo, según ha aclarado, se limitó a "rebotar" a Torres García el correo electrónico, una vez que había corroborado que su perfil era el que solicitaba la Agencia Española de Cooperación Exterior. Asimismo, ha afirmado que el exedil socialista viajó a Perú como "invitado, con cargo a fondos estatales, para participar en dicho foro con una conferencia".

Más de 40.000 euros durante ocho años

Antonio Torres García gobernó Lebrija durante 24 años, hasta que en 2003 perdió las municipales. Fue entonces cuando Fernando Villén, director general técnico de la Faffe desde su creación, "promovió en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitados por el exalcalde", según el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado de este caso.

Según el juez instructor, Torres García "fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido el 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta en mayo de 2011". Todo ello, pese a que Torres García "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional".

La contratación, según este magistrado, se produjo "sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar". Esto es, "de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso".

Por estos supuestos hechos, la Fiscalía solicita para el exalcalde de Lebrija dos años y medio de prisión por malversación y cuatro años de inhabilitación por supuesta prevaricación. Asimismo, reclama cuatro años de prisión por un presunto delito de malversación y diez años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación para Fernando Villén, quien ya fue condenado en otra causa a seis años de cárcel por pagar en prostíbulos con tarjetas de la Faffe.