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Un operario durante la instalación del vallado de la Zona Franca, el pasado mes de agosto. / Pepo Herrera -
Vista de un barco desde terrenos de Torrecuéllar. / J. M. Espino
La Zona Franca, una realidad desde el 1 de septiembre de 2016, empieza a tener movimiento más allá de la colocación del vallado. Eso sí, en los despachos. En primer lugar, porque se espera que el Ministerio de Hacienda diga sí pronto a la ampliación y el polígono de Astilleros se integre a finales de 2018 y, lo más novedoso, porque una empresa de la industria auxiliar ha solicitado formalmente su instalación con un proyecto que supone una inversión de 240 millones de euros y la creación de casi 400 puestos de trabajo.
El delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Javier Landa, no quiso desvelar el nombre de la empresa porque la compañía aún no ha solicitado a la Autoridad Portuaria la concesión del terreno para su instalación posterior, si bien remarcó que ya hay «una petición formal» con el visto bueno del comité ejecutivo del Consorcio del recinto portuario.
Ésta sería la primera empresa que se instala en la Zona Franca sevillana, puesto que las que ya están incluidas son las que operaban en estos terrenos del Puerto. En concreto, son Sevitrade, Jannone, TRH, Componentes Eléctricos Solution e Hispalense de Líquidos, compañías que entre el próximo 15 de septiembre y el 1 de noviembre completarán su adaptación al modelo contable y al sistema informático que utiliza la Dirección General de Aduanas para poder fiscalizar todas las existencias y el movimiento de mercancías que se lleva a cabo dentro del recinto. Serán, entonces, «operadores económicos de la Zona Franca». Por fin. Y es que no ha sido fácil la adaptación al software de contabilidad de existencias para que Aduanas y el consorcio tengan datos del movimiento de mercancías.
Y mientras esto ocurre, los responsables del recinto se afanan en captar nuevos inquilinos. «Por ahora hay empresas que han mostrado su interés, si bien sólo una ha formalizado su petición para estar en la Zona Franca» de Sevilla, explica Landa tras apostillar algo importante: la instalación de una nueva empresa requiere «entre tres y cuatro años de trámites», un periodo que incluye la construcción del edificio y la puesta en marcha de la actividad».
Por eso Landa insiste en que hay que hacer atractiva la Zona Franca, no sólo ofreciendo sus ventajas fiscales, sino aportando el respaldo de grandes empresas que ya estén allí instaladas.
De ahí que la pasada semana el Consorcio de la Zona Franca (formado por el Ayuntamiento, el Gobierno central, el Puerto de Sevilla y la Cámara de Comercio hispalense) haya solicitado al Ministerio de Hacienda, gestionado por el andaluz Cristóbal Montoro, la ampliación del recinto para incluir los terrenos del polígono de Astilleros, atendiendo así a la petición conjunta de las empresas allí instaladas: Tecade, Ditecsa, Metalúrgica del Guadalquivir (Megusa), Apimosa, Astilleros del Guadalquivir y el grupo vasco Gonvarri, que pondrá en marcha este año su ambicioso negocio de fabricación de torres eólicas marinas.
La intención de estas firmas, que enviaron una carta al comité ejecutivo de la Zona Franca pidiendo su entrada en el recinto aduanero, es disfrutar de los beneficios fiscales que ofrece y también favorecerse de la extensión del vallado para contar con la vigilancia de la Guardia Civil que controlaría la entrada y salida de mercancías y personas, una vez que todas las compañías estuvieran adaptadas al régimen contable que requiere la Zona Franca.
Un 55% más de terreno
El presidente del Consorcio y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, fue el encargado de remitir la petición al Ministerio para que la Zona Franca sevillana crezca y pase de los 720.000 metros cuadrados que ocupa en Torrecuéllar a 1.120.000. Es decir, la ampliación supondría un 55 por ciento más de suelo, 40 hectáreas más, de 72 a 112.
Según Landa, lo más importante es ampliar el catálogo de firmas que operan desde el interior del perímetro y darle a éste un perfil «totalmente industrial» una vez que esta actuación cuente con la bendición del Ministerio. «Los terrenos resultan mucho más atractivos para los inversores si ya hay operadores, y tan importantes como esos, en vez de parcelas con jaramagos». «Hasta que no tenga un grupo de empresas potentes la Zona Franca no tendrá más tirón», defendió.
Así, si el Ministerio da su bendición «pronto», la ampliación podría ser una realidad a finales de 2018 o principios de 2019, según el delegado de la Zona Franca. Lo primero sería vallar los terrenos. No obstante, por ahora, el departamento de Cristóbal Montoro no ha contestado ni oficialmente ni a las preguntas de este periódico.
Así como tampoco lo ha hecho a la segunda petición del Consorcio: la concesión del llamado «recurso financiero», esto es, la autorización de un régimen de financiación que garantice la viabilidad del complejo aduanero sin tener que depender de la aportación del Estado a través de sus presupuestos. Con esta fórmula, el mantenimiento y conservación del recinto se pagaría con el Impuesto de Sociedades de las empresas allí instaladas.
Según explica Landa, «eso nos permitiría funcionar de forma autónoma y no depender de remesas anuales».
Un nuevo órgano para potenciar estos recintos.
Los delegados de las zonas francas de Barcelona, Vigo, Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Santander se reunieron el pasado marzo en Madrid para compartir sinergias e impulsar formas de colaboración que lleven la marca España y las fortalezas de cada una de estas instituciones a los distintos foros nacionales e internacionales. Su objetivo era implicar al propio Gobierno central para impulsar estos recintos industriales y portuarios. Y lo lograron. Por lo menos han conseguido que el Ministerio anunciase cuatro meses después el nacimiento de un grupo de trabajo para potenciar todas las zonas francas.
El Ministerio que dirige el andaluz Cristóbal Montoro informó el pasado día 17 de que el subsecretario de Hacienda, Felipe Martínez Rico, había constituido un grupo de trabajo integrado por los delegados especiales del Estado de cada una de las zonas francas españolas, al entender que a lo largo de los años se ha detectado «la existencia de circunstancias y desafíos comunes».
Según informó el Ministerio en un comunicado, este grupo será al mismo tiempo canal de coordinación entre los propios consorcios y la vía de comunicación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública en los temas que afecten a todos ellos.
La resolución aprobó la creación del grupo de coordinación de los delegados, estableciendo entre sus funciones principales emitir opinión de aquellos asuntos que afecten de forma conjunta a todos los recintos fiscales. Sus componentes serán quienes, en cada momento, ejerzan el cargo de delegado especial del Estado en cada una de las zonas francas y se prevé la elección de un presidente entre sus miembros, por un plazo de cuatro años, así como la celebración de, al menos, una reunión al año.
Los beneficios para las empresas
¿Y cuáles son los atractivos de la Zona Franca? Permite importar y exportar mercancías entre la Unión Europea y el resto del mundo sin tener que pagar por adelantado los aranceles aduaneros ni el IVA mientras las tengan allí en depósito. Las tasas sólo se liquidan cuando la mercancía se vende y sale, lo que les ahorra grandes desembolsos de tesorería que tienen que anticipar (con los correspondientes intereses si deben financiarlos) cuando pagan los aranceles de entrada.
Así, en primer lugar, se difieren impuestos estatales. La introducción de mercancías en la Zona Franca produce beneficios vía devoluciones de aranceles aduaneros por ser una zona fiscalmente exenta. Es un régimen que favorece las operaciones de exportación a terceros países no comunitarios.
Las empresas –que tendrán que pagar un canon por la concesión del suelo al Puerto, su propietario– podrán acogerse a un régimen especial, de autorización singular por parte del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT respecto del IVA y de los Impuestos Especiales (IIEE).
Además, según el Plan Estratégico de la Zona Franca, desde la administración local se evaluará permanentemente la posibilidad de bonificar ordenanzas municipales tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como las tasas derivadas de licencias en sus distintas modalidades. Por ahora, el Ayuntamiento ha aprobado una bonificación del 20 por ciento en el IBI de las empresas que se instalen en la Zona Franca, pero no se descartan otras.
Además, desde el Gobierno del socialista Juan Espadas se señala que las compañías que lleguen a esta zona del Puerto podrán acogerse a otras medidas aprobadas por el Consistorio, como el crédito fiscal (cheque fiscal) por creación de empleo. ~