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Un grupo de ancianos conversan en un banco de Villaverde del Río. / Javier Cuesta -
Panorámica aérea de El Castillo de las Guardas. / El Correo -
Imagen del pueblo sevillano de El Madroño. / Antonio Acedo
España se está despoblando. El envejecimiento de la población y la caída de la natalidad dan como resultado un saldo vegetativo negativo. Sumado a la movimientos migratorios de salida, el país pierde habitantes, principalmente en el entorno rural. Andalucía no es ajena a esta tendencia, y aunque los datos no son tan alarmantes como en otras zonas, la lucha contra el despoblamiento ya se prioriza en la agenda política.
Andalucía tiene 8.379.248 habitantes, 572 personas menos que el pasado año. Según datos Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el 65.92 por ciento del territorio andaluz es zona escasamente poblada, con menos de 50 habitantes por kilometro cuadrado. La mitad de los municipios andaluces –389 de 778– han perdido población desde el inicio del siglo XXI, siendo el 90 por ciento municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. Del total, aproximadamente el 15 por ciento está escasamente poblado, con 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Una «desertización humana» que ya comienza a ser palpable «en muchas comarcas del interior de la Andalucía rural» y que supone «uno de los grandes retos de la sociedad andaluza», destacó su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos.
El hecho de que la despoblación se agudice más en ciertas zonas constata que «no se trata de llenar los pueblos de gente, sino de equilibrar la estructura demográfica del país». Y en concreto en nuestra comunidad pasa por potenciar el medio rural, «estratégico en la economía y fundamental para una sociedad cohesionada y bien vertebrada». Villalobos señaló que el trabajo frente a la despoblación debe ser «política de Estado» que cree medidas legislativas y «asigne mayores recursos financieros y que las entidades locales lideren esa lucha».
Para ello la FAMP va a crear un grupo de trabajo para luchar contra la despoblación en Andalucía. «Trabajaremos desde lo local, con las diputaciones provinciales, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la FEMP; y en Europa, con el Comité de las Regiones y el propio Parlamento Europeo».
No es el gobierno andaluz ajeno a esta problemática. En el periodo 2000–2016 se han perdido 134.341 habitantes en Andalucía. Ante esta situación, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, avanzó que el gobierno autonómico «va a elaborar su propia estrategia frente al reto demográfico», incorporando la acción contra el despoblamiento como «elemento transversal en los programas del gobierno».
Algunas que ya se vienen realizando, como el estímulo de la actividad económica en el medio rural, han conseguido frenar la problemática acuciante que sufren otras zonas del país. Así, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural trabaja a partir de líneas estratégicas para evitar el despoblamiento rural, basadas en cinco claves: la participación, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades, la innovación y la cooperación, especialmente entre territorios para el intercambio de experiencias. Es por ello por lo que el riesgo de sufrir despoblación en el medio rural andaluz «es menor», según declaraciones del director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García Benítez. Aunque desde la Junta se advierte que puede verse «seriamente afectado» ante posibles recortes en la Política Agrícola Común (PAC).
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG– de Andalucía ha incidido también en la necesidad de que la PAC para el periodo 2017–2027, actualmente en negociaciones en Bruselas, «restablezca el equilibrio perdido con la aplicación lineal del mecanismo de reducción presupuestaria» llevado a cabo en el periodo 2014–2018. «208.000 explotaciones andaluzas perdieron 261 millones de euros. No parece el mejor sistema para combatir el despoblamiento del medio rural, que sólo puede evitarse promoviendo el empleo y la economía en los pueblos», indican desde la organización. Según señala COAG, «la actividad agraria en Andalucía es generadora de empleo y riqueza, lo que contribuye a fijar la población, pues «el 57 por ciento de los andaluces vive en el medio rural».
A ello también aludió el vicepresidente de la Junta, quien declaró que «resulta imprescindible contar con una PAC fuerte», y que el gobierno andaluz va a mostrarse «muy vigilante» ante las negociaciones y la defensa del campo andaluz, «esencial para nuestro desarrollo económico, social y territorial y para combatir un problema como la despoblación».
En ese sentido, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, manifestó que «Andalucía va a estar presente en todos los foros en los que se aborde el desafío trascendental de la despoblación» tras el encuentro con la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, Isaura Leal. Para ello, incidió en «la urgencia y necesidad de una financiación adecuada y específica para nuestra comunidad autónoma».
Según refirió, el gobierno andaluz «cumple con un conjunto de políticas transversales que han permitido un despoblamiento menos acuciado que en otras zonas de España». Entre las medidas destaca la disposición de 168 millones de euros para favorecer el relevo generacional en el campo y un plan integral para facilitar la incorporación de los jóvenes al sector agrario, el plan de agroindustria o el plan de igualdad entre hombres y mujeres en el sector agrario, iniciativas que han puesto a Andalucía «en la vanguardia», con la clara intención de evitar la pérdida de población.
En lo que respecta a Sevilla, la Diputación no tiene planes específicos creados para frenar el despoblamiento rural. Si bien, «de manera transversal, todo lo que se hace se orienta al equilibrio territorial y a la fijar la población en el territorio». Es por ello por lo que las políticas que se llevan a cabo desde la Diputación serían un freno para el despoblamiento rural, sobre todo «al centrar la acción fundamental en municipios menores de 20.000 habitantes», señalan las fuentes consultadas.
Planes como el Pfoea –antiguo PER– y los planes Supera apuestan por la creación de empleo en los municipios. Pero también «planes de turismo, el plan de senderos, el plan director de juventud, en elaboración y que probablemente salga en septiembre» se orientan a evitar el éxodo rural y a incentivar la vida en los pueblos, entre otros. Incluso el propio servicio de bomberos, «basado en el equilibrio y la solidaridad interterritorial, para que todos los pueblos cuenten con los mismos servicios independientemente de su tamaño; o los planes en materia de déficit hidráulico, carreteras, deportes, colegios» llevan aparejados «el espíritu de evitar el despoblamiento». Por tanto, fijar la población en el territorio aparece como «contenido transversal» en la acción de la Diputación.
Con todo, los ayuntamientos son el último eslabón de la cadena, que viven incluso de forma dramática la pérdida de población y la disminución de entidad de sus municipios. Salvo las excepciones de los grandes núcleos de población, el Aljarafe y el área metropolitana de Sevilla, la provincia y la propia capital pierden población, a un ritmo discreto pero constante.
Uno de estos municipios sevillanos que ejemplifica la pérdida de población es El Castillo de las Guardas. Para su alcalde, Gonzalo Domínguez, «la despoblación es un mal galopante. En poco tiempo hemos perdido 200 habitantes. O creamos empleo y futuro o posiblemente en muy poco tiempo no lleguemos ni a los 1.000». El pueblo se disgrega además del núcleo principal en 10 pedanías, «una de ellas tiene 2 habitantes. Otra que hace 30 años llenaba un autobús escolar hoy solo tiene 3 niños».
Ante este problema, los ayuntamientos «no tenemos medios y solo podemos tirar de imaginación». La Diputación con sus planes de empleo «nos permite crear trabajo. Bienvenidos sean todos esos planes y agradecemos mucho esas iniciativas, pero son pan para hoy y hambre para mañana. La gente se acaba teniendo que ir».
Para Domínguez «hay que empezar a ponerse en modo rural y buscar una solución». La gestión municipal consiguió atraer un inversor que a través de un proyecto agrícola y de regadío «iba a crear 600 empleos, casi la mitad de la población actual de El Castillo. Pero medioambientalmente todo son trabajas. Así ni podemos aumentar la población ni fijarla».
«Vamos en decadencia. Se ha reducido el presupuesto municipal y percibimos menos fondos de la Junta y del Estado». Y el problema es preocupante porque «la gente emigra a las ciudades y a las áreas metropolitanas, pero si no fijamos la población en las zonas de interior, lo rural desaparecerá y lo demás se quedará sin sustento».