Aprobado raso en accesibilidad

La accesibilidad sigue siendo el principal campo de batalla para las personas con discapacidad física y orgánica. Para la federación provincial (FAMS-COCEMFE), que aglutina a cuarenta asociaciones de esta naturaleza, se trata de una «lucha constante» y aunque se hayan producido avances en este terreno y hayan cambiado muchas cosas, la ciudad «apenas pasaría del aprobado» en la materia.

Cruzar una calle, acceder a un edificio público, subir a un autobús o caminar por la ciudad se convierte en innumerables ocasiones en una odisea para quienes pertenecen a este colectivo. En Sevilla, 112.670 personas poseen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según datos de la Junta de Andalucía actualizados a 31 de octubre. Una cifra considerable pues representa aproximadamente el 20% del conjunto de personas con estos problemas en Andalucía. De ese total, un 49,4% tiene entre 16 y 64 años y un 45% supera los 65 años.

En cuanto a la naturaleza de la discapacidad, la mayoría de la población está dentro de lo que se denomina discapacidad de típico física (43,15%), seguidos por aquellos que tienen problemas psíquicos (28,13%), mientras que la discapacidad sensorial ocupa el último lugar de este registro (12,4%).

Desde la FAMS abogan más por el cumplimiento de la normativa y la imposición efectiva de sanciones que por cambiar o modificar las leyes actuales. No en vano, piensan que la legislación al respecto cumple con los derechos de los ciudadanos y viene a corroborar que «todos somos iguales».

Dentro un año, el 4 de diciembre, finaliza el plazo para la aplicación efectiva de la accesibilidad universal, es decir, para que todos los edificios residenciales cuenten obligatoriamente con accesos preparados para personas con discapacidad. Así lo ha dispuesto el Gobierno en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. «Dicho articulado está ya en vigor pero la Ley permite un periodo de tiempo para la adaptación». No obstante, aunque la ciudad fuera accesible al 100% «siempre habrá ciudadanos que por torpeza o falta de respeto impide la accesibilidad, como sucede con los vehículos mal aparcados en los pasos de peatones», señala Juan José Lara, presidente de la federación.

Y cuando no es por conductas incívicas, es por culpa de la falta de adaptación de los edificios públicos, que a pesar los importantes avances que se vienen produciendo en los últimos años, aún tienen carencias por un motivo u otro. Si bien los problemas en los inmuebles de los diversos organismos públicos es una cuestión que se ha ido corrigiendo, en el caso del transporte público las anomalías se visualizan aún más, en opinión de la FAMS.

«Si hablamos del metro de Sevilla, es sorprendente que desde el andén a la plataforma del vagón existan cerca de siete centímetros, lo que dificulta a cualquier usuario de una silla de ruedas y ello teniendo en cuenta que estamos ante una infraestructura moderna en nuestra ciudad, llama más la atención», destaca el presidente de la federación. La solución podría venir con el tiempo, cuando se cambien los trenes, como sucede con los autobuses, pero «nos hemos puesto en contacto con la empresa y nos han dicho que esa opción no se producirá hasta dentro de 20 años». Los eurotaxis –vehículos adaptados a este grupo– no están exentos de problemas aunque sean de otra índole, como la económica, puesto que «cualquier bajada de bandera conlleva un gasto de más de 20 euros sea cual sea el destino porque no son muchos coches y no siempre están cerca del lugar desde donde se les llama».

La federación, sin embargo, constata la creciente preocupación de las administraciones –local y regional– por erradicar los elementos arquitectónicos que obstaculizan el paso de las personas con este tipo de discapacidad e interfieren en su día a día aunque al mismo tiempo denuncia que en la actualidad se vivan escenas inauditas. «Estamos dando pasos significativos y está claro que el panorama hoy no es el mismo que el de hace dos década. Además, a la hora de cumplir con la Ley y realizar las obras de adaptación a la que estaría obligado, si el propietario se lo puede ahorrar, lo hará... Por no hablar del despilfarro, como sucede a veces con la colocación de fuentes de agua potable con pedal y papeleras en medio del césped de algunos parques y jardines de la ciudad; dentro de un año habría que cambiar esos elementos del mobiliario y, por tanto, gastarán el doble de lo necesario”, lamenta Lara.

La situación en el sector privado no es mucho mejor. «En el caso de la edificación de nueva planta destinada a usos comerciales, es evidente que los responsables deben cumplir todos los requisitos en esta materia para que puedan obtener la correspondiente licencia de apertura, pero no en pocas ocasiones, hemos visto cómo un cuarto de baño adaptado está siendo utilizado como un simple almacén, con cajas de cervezas apiladas que impiden o dificultan el acceso».

Por este motivo, la federación solicita más sanciones ante incumplimientos flagrantes de la normativa. «Sería ideal que cada cierto tiempo, el Ayuntamiento supervisara este tipo de establecimientos para comprobar si cumplen o no con la reglamentación. Pero, ¿quién sanciona a quien le corresponda sancionar?». Ese es uno de los problemas para la entidad provincial. No obstante, en la federación tienen motivos para el optimismo