¿Toda la culpa es del fabricante? Aunque se estima que el periodo de vida de un teléfono móvil podría ser de unos cinco años, el 75 por ciento de los usuarios cambia su smartphone antes de que deje de funcionar. Y es que la obsolescencia programada tiene muchas caras y, según las propias organizaciones de consumidores, es un «vicio» del modelo consumista que ha sabido camuflarse en nuestros hábitos: por el mayor avance tecnológico, por seguir la moda impuesta y por ponderar la posesión de bienes por encima del uso que verdaderamente les damos.
Así, cada día se generan más y más residuos –electrónicos, entre otros– y se consumen más recursos, aunque no sean infinitos. Nos hemos ido a una planta de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Recilec, en Aznalcóllar, para constatarlo, hemos consultado con un técnico que cada día tira a la basura aparatos que valen cientos de euros que podría arreglar «con una pieza que vale menos de un euro» y hemos recabado la opinión de ingenieros y representantes de consumidores para concluir que la obsolescencia programada está a la orden del día. De una forma u otra.
Leonardo Díaz es el gerente de Recilec, una planta que recibió en 2017 un total de 22.200 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, «casi un diez por ciento más que el año anterior». Él no cree en la obsolescencia programada, pero afirma que es «evidente que los aparatos cada vez tienen una vida más corta». La razón: «La composición». En su opinión, antes eran más resistentes porque se usaban metales, mientras que ahora reina el plástico.
La vida media de una frigorífico, indica, es de entre ocho y diez años; una lavadora no dura más de seis años, mientras que un ordenador portátil de uso profesional tiene una duración media de entre cuatro a cinco años. «Los móviles con mucho uso no duran más de tres años», apostilla Díaz, que destaca que los equipos de aires acondicionados que ahora llegan a su planta de reciclaje tienen entre ocho y nueve años, «cuando antes llegaban con 12 o 14 años de antigüedad». «No es obsolescencia programada, insiste, es que se avanzó más en la manipulación y procesamiento de los plásticos que de los metales, que son más caros. Yo achaco esta reducción de la vida de los aparatos al cambio de los materiales, a una estrategia económica y de mercado».
No opina lo mismo Juan Miguel, trabajador de una empresa de servicio técnico. Sólo con abrir un aparato sabe qué pieza ha fallado, dice. Y lo explica: «Suele haber muchos componentes de marca y uno o dos que no tienen serigrafía, sin marca y diferentes al resto. Ése es el que se rompe antes. Transistores, condensadores o fuentes de alimentación están programados para que en equis meses o años dejen de funcionar. Y si un circuito de arranque no funciona, pues se cambia el equipo entero. Es una pena. Por 25 euros se tira el ordenador. La gente se cree que no merece la pena repararlo». Juan Miguel asegura que cada semana o cada quince días llena su furgoneta de aparatos para la basura.
E incluso explica la causa de las últimas denuncias, como las que apuntan a que Epson programa los cartuchos de tinta para que sean inservibles antes de que se les agote el producto. «Llevan un chip y en un año ya no funcionan. El negocio está ahora en los cartuchos, las impresoras son muy baratas, así que no merece la pena arreglarlas», defiende. «Cuando se abre un aparato se ve que se ha fabricado con malicia», apostilla.
Según este técnico, los ciudadanos «cambian un aparato que es mejor por uno nuevo, pero peor. Y llegará el momento en el que tanto consumismo será insostenible», lamenta tras apuntar que los gobiernos deberían legislar y controlar mucho mejor «lo que viene de China».
¿Y hay empresas que fabriquen sin obsolescencia programada? Evidentemente. Por ejemplo, este criterio es impensable para sectores como el aeronáutico, en el que la seguridad prima por encima de todo. Desde Sevilla, fuentes de Renault apuntan que en las cajas de cambio se busca «la máxima calidad», si bien es cierto que la tecnología avanza tan rápido que los coches autónomos que están naciendo se actualizarán a un ritmo vertiginoso. Tanto como los móviles.
Tesla presume de una política clara y pública, de ahí que ya haya advertido de que quien compre uno de sus coches podrá actualizar el vehículo con software nuevo que vaya lanzando, pero no con nuevos elementos de hardware (sensores, por ejemplo) que incluyan modelos posteriores. Y da igual que se haya comprado el coche hace un mes y le haya costado 100.000 euros.
Otra de las empresas ejemplo es Casio. Es una de las 15 empresas con el sello ISSOP (innovación sostenible sin obsolescencia programada) de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). «Es una de las pocas empresas que trabaja bajo preceptos de sostenibilidad y que cumple el estricto decálogo», asegura Benito Muro, presidente de la Fundación Feniss. José Carlos Cutiño, secretario general de Adicae Andalucía, también tiene claro que la obsolescencia programada existe y, de hecho, explica tres tipos. «Una de ellas es la obsolescencia de función, es decir, porque van sacando modelos nuevos y no nos da tiempo de amortizar el viejo. También existe la de calidad, es decir, la que consiste en introducir un defecto en la fabricación para que deje de funcionar el aparato antes de tiempo. Es una durabilidad programada. Y, por último, está la obsolescencia por deseo. Se cambia por estar a la moda o por criterios estéticos, no porque el aparato no funcione».
¿Y cómo se manifiesta esta obsolescencia? O bien se mete el defecto en el aparato, por ejemplo, en el software, se cambia estéticamente para que psicológicamente ya no guste ese modelo o simplemente el producto no puede absorber las nuevas tendencias. Como el teléfono que no tiene capacidad para las apps que van surgiendo o las consolas que ya no sirven para los juegos de última generación. Así lo explica Cutiño, quien defiende que, lamentablemente, los consumidores «tienen pocos instrumentos para defenderse» ante prácticas ilegales.
«Sólo tenemos la garantía de dos años del producto, ya que las otras vías son complejas. La Ley de Competencia Desleal rechaza la omisión de información sustancial del producto, pero ¿qué es sustancial? No se habla de durabilidad. Y la Ley de Defensa de los Consumidores obliga a informarles de características del producto, pero no hay normativa sobre la posibilidad de repararlo o sobre el acceso a los repuestos. Ni siquiera se regula el tiempo que debería haber piezas de recambio.
Y ante la dificultad de reparar por el coste y la poca disponibilidad de los repuestos, se tira y se vuelve a comprar.
Pero no todo es negativo. La decana del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Ana María Jáuregui, mantiene que no aprueba el empleo de la obsolescencia programada en aquellos productos que pudieran, como resultado de esa programación poner en peligro la seguridad e integridad de las personas y bienes, tampoco aprueba que se programe la durabilidad «con el único objetivo del enriquecimiento comercial, ya que esto tiene graves consecuencias para el medio ambiente por la generación de desechos de forma masiva», pero «desde el punto de vista de la ingeniería, la obsolescencia programada usada de manera correcta tiene sus ventajas, pues no tiene sentido económico en nuestros días que un producto que ya no es útil funcionalmente y ha quedado tecnológicamente obsoleto, se fabrique de manera que su vida se prolongue mas allá de cumplir con la función para la que se diseño y fabricó».
Los sondeos de la Comisión Europea (Eurobarómetro) indican que el 77 por ciento de los consumidores preferirían intentar reparar sus productos en lugar de adquirir unos nuevos, pero la falta de información, la complejidad de ciertos componentes o la ausencia de repuestos acaban forzando el deshecho prematuro. El 92 por ciento de los encuestados están convencidos de que los electrodomésticos o los productos de alta tecnología están diseñados intencionadamente para no durar.