Cuando la violencia es menor de edad

Es una realidad que tristemente se repite cada vez en los hogares de la provincia y de nuestra comunidad. Andalucía es la región en la que más casos de malos tratos de menores hacia sus padres se registran, mientras que Sevilla es la tercera provincia española en número de asuntos. El año pasado 372 menores fueron denunciados por este motivo en la provincia y 1.116 en toda Andalucía. Además, Sevilla es la tercera provincia en casos de menores maltratadores de sus parejas.

La violencia en los menores es un problema del que viene advirtiendo tanto el mundo judicial como los expertos que trabajan con este colectivo. Habitualmente, son los padres y los familiares que conviven con estos jóvenes los que suelen ser las víctimas, pero también se están registrando cada vez más casos de menores que ya maltratan a su pareja. Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado así lo atestiguan, pues durante 2016 se contabilizaron más de 400 casos. En concreto, el Ministerio Público tiene abiertas en Sevilla 372 diligencias por violencia doméstica y 55 por violencia de género. Unas cifras preocupantes tratándose de menores y si se tiene en cuenta que estos son los casos que llegan a los juzgados porque habitualmente son situaciones difíciles y complicadas de denunciar para las víctimas por el apego al agresor.

Una cifra que, lamentablemente, sitúan a la provincia a la cabeza del país, pues es la segunda que más casos de violencia machista registra y la tercera con más situaciones de malos tratos en el ámbito familiar. A nuestra provincia solo la supera Valencia (349 de violencia doméstica y ninguno de género) y Madrid (con 558 y 82 respectivamente). De hecho, ciudades como Barcelona acumulan cifras inferiores a las de Sevilla, con 227 casos de malos tratos a los padres y ocho de violencia de género.

La violencia doméstica, de hecho, se ha convertido en un problema tan habitual que existen centros de menores –donde los jóvenes condenados cumplen su condena– especializados en este asunto, en los que incluso se trabaja con los padres de los chicos para atajar este problema. Los expertos siempre recuerdan, además, que este tipo de agresiones suelen ser cometidas por chicas que, por otro lado, son las que menos delinquen en general.

El delito más habitual por el que los menores acaban inmersos en un proceso judicial son las lesiones, con 857 casos. En definitiva, un tipo de violencia también. A estos les siguen los robos con violencia e intimidación, que llevaron a 250 menores a tener un proceso judicial abierto. El listado de infracciones cometidas por jóvenes se completa con: robos con fuerza (187), daños (180), y hurtos (155). Asimismo, llama la atención que más de un centenar de menores, 121 en concreto, hayan sido denunciados por conducir sin el pertinente permiso; mientras que a diez se les abrieron diligencias por hacerlo de forma temeraria y hay cuatro por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Igualmente, hay 44 menores imputados por un delito contra la salud pública, es decir, por tráfico de droga; mientras que 37 lo están por abusos sexuales y dos por violación. La Fiscalía también tiene abiertas dos causas contra menores por homicidios o asesinato. Además, hay 1.488 que están imputados por otros delitos sin especificar en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a los delitos leves, el Ministerio Público recoge que hay abiertas 112 causas por delitos contra el patrimonio y 125 contra las personas, además de otros 60 sin especificar. Lo que supone en total más de 4.000 infracciones cometidas por menores de edad. No obstante, en 2016 se archivaron 321 causas porque los responsables de los delitos eran menores de 14 años y, por tanto, no tienen aún edad para ser imputados.

Por otro lado, los juzgados de Menores de Sevilla dictaron a lo largo del año pasado 650 sentencias. Llama la atención el alto porcentaje de sentencias condenatorias que se producen en esta jurisdicción con un 81,84 por ciento, lo que supone que de 650 sentencias, 532 acabaran con el menor encausado condenado. Igualmente, es muy significativo el alto número de sentencias condenatorias que se firman con conformidad, o lo que es lo mismo, tras un acuerdo entre las partes y el fiscal. Así, el 64,46 por ciento de las condenas se lograron por esta vía, que evita que se llegue a juicio. En total, fueron 419 sentencias con conformidad, mientras que en 113 casos no se logró este acuerdo previo y finalmente se llegó a juicio y se condenó al menor encausado. Solo en 118 casos se dictó la absolución de los delitos.

Estas sentencias a su vez suponen que 350 jóvenes fueran condenados a libertad vigilada; en 157 casos se impusieron medidas de internamiento en centros de reforma de menores, de los que 138 ingresaron en régimen de semilibertad –aunque tengan que cumplir su condena en un centro, no permanecen en el mismo durante todo el periodo de cumplimiento–, diez en cerrado, uno en abierto y ocho en régimen terapéutico. Otras de las medidas que se aplicaron con los jóvenes condenados son las prestaciones en beneficio de la comunidad que fueron impuestas en siete ocasiones. Asimismo, cinco menores fueron privados de salidas o permisos y se tramitaron 41 amonestaciones.

Menos detenciones

Pese a todos estos datos, el año pasado en la provincia se registró una bajada en el número de detenciones de menores. Así si en 2015 fueron arrestados por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado 660 jóvenes, en 2016 fueron 545, lo que supone una bajada de un 17,4 por ciento, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior en su memoria anual. Lo que sí se mantiene año tras año es la diferencia entre chicos y chicas, ya que de los 545 detenidos, solo 68 eran mujeres. Los datos de las detenciones también revelan el elevado número de reincidentes dada la diferencia entre la elevada cifra de denuncias y la de menores arrestados.