El año que vivimos peligrosamente

Suele ser por estas fechas cuando la Fundéu elige su palabra del año. La Fundación del Español Urgente se debate entre 12 finalistas, del rango de turismofobia, bitcoin o noticias falsas. Sin llegar a dudar de que sean apropiadas, bien podrían entrar en la nómina de candidatables otros vocablos que se aproximen a la léxica del dislate o la vorágine. El porqué, usted lo sabe bien: en 2017, a España no se le ocurrió otra cosa que apostarse en el alambre, con pasajes de auténtico pandemónium. Este fue el año que vivimos peligrosamente.

El caso es que si hemos de trazar una panorámica que nos relate los hitos de este mismo 17 que ya fenece, los puntos de interés recaen, irremisiblemente, sobre los dos grandes desmanes que han centrado el ejercicio, que sin embargo no son los únicos. Por un lado, la experiencia dantesca de sentir en nuestras carnes el ataque del terrorismo islámico. Frente a él, el delirio de proclamar la independencia catalana tras celebrar un referéndum ilegal. Sin más dilación, aquí arranca un repaso al decimoséptimo año del nuevo siglo, por orden de importancia.

Trece años después del 11M, la barbarie irracional del terrorismo yihadista golpeó de nuevo al país con los sucesos del 17 de agosto en Cataluña, en los que 16 personas –más los ocho terroristas– fallecieron fruto de distintos ataques perpetrados en Barcelona y Cambrils. La masacre más importante tuvo lugar en Las Ramblas de la Ciudad Condal, punto neurálgico de la ciudad. Un atropellamiento masivo provocado por una furgoneta en esta zona peatonal sesgó la vida de 15 personas, entre ellos dos niños, dejando más de 130 heridos. La célula terrorista, formada por jóvenes de ascendencia magrebí criados en suelo catalán, fue desarticulada con la muerte de sus integrantes, abatidos por fuerzas del orden tras los atentados o en la preparación del mismo en un inmueble de Alcanar que saltó por los aires. Las reacciones mundiales a tan terribles atentados no se hicieron esperar, aunque quedaron relegadas a cómo fluctuó el atentado en la cosa nacional, presa del precalentamiento que vivía España al respecto del desafío secesionista que tenía en semanas después uno de sus puntos álgidos con la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

El 17 fue también el año en el que se sobrepasaron todas las líneas de la cordura al respecto del tan manido por estos lares concepto de territorialidad. La escalada secesionista catalana sumó nuevos episodios, los más graves vividos hasta ahora, que fueron desde la propia convocatoria de un referéndum ilegal hasta la declaración unilateral de independencia. Este segundo punto no llegó a quedar claro, porque hasta en dos ocasiones el entonces president Puigdemont vaciló en el uso de la palabra.

Uno de los momentos más vergonzantes no solo del año sino de toda la historia democrática de España se vivió el primero de octubre. Muchos fueron los factores: la propia convocatoria de un referéndum ilegal prohibido por la Justicia, las por otra parte, nulas garantías del proceso en el que un ciudadano podía votar en distintos emplazamientos, repitiendo la participación y lo que más traspasó fronteras, cargas policiales contra ciudadanos que si bien fueron ciertamente desproporcionadas, el propio movimiento independentista aprovechó para victimizar su posición. Un auténtico dislate del que España aún se lamenta.

Por si fuera poco, el asunto siguió con la DUI en el Parlament. Independencia de medio minuto, toda vez que el propio Puigdemont la suspendió para entablar «una negociación». El Estado intervino la autonomía por aplicación del 155, siendo la primera vez que eso ocurría en una Constitución con cuatro décadas, y para mayor paranoia política, y tras ser citados por la Audiencia Nacional, la mitad del Govern acabó en prisión y la otra mitad se fugó a Bélgica, donde, para más inri, se bloqueó la extradición inmediata.

De forma paralela, Cataluña vivía una polarización sin precedentes, con manifestaciones y guerras de banderas, con el añadido de una delicada coyuntura económica y social y la partida de infinidad de empresas aterradas por el procès.

El colofón llegó con las elecciones autonómicas convocadas por el 155. Y la vuelta a empezar tras la victoria en escaños del separatismo, con una diferencia nada baladí: la fuerza más votada fue un partido unionista, Ciudadanos, la primera vez en la historia catalana que un opción no nacionalista se lleva el gato al agua en unas catalanas. El siguiente paso, el de la conformación del nuevo gobierno queda ya para 2018, siendo la continuación de este desafío secesionista el gran reto que España afrontará desde el primero de enero.

El 26 de julio tuvo lugar otro hito histórico. Por primera vez, un presidente de Gobierno español en ejercicio declaró como testigo en un juicio. Rajoy tuvo que enfrentarse a un hecho que ya marca su trayectoria política, en el contexto del caso Gürtel, la ya archiconocida trama de financiación ilegal de su partido, el PP. El jefe del Ejecutivo lo negó todo, pese a las evidencias que lo cercaban. En una insólita expectación mediática, Rajoy aseguró en su declaración como testigo que su partido «jamás» recibió donativos en efectivo de empresarios y reiteró en numerosas ocasiones que nunca se ocupó de cuestiones económicas de los populares, sino únicamente de las políticas. Con lo anterior, el presidente del Gobierno negó igualmente el cobro de sobresueldos.

Más allá de la declaración de Rajoy, uno de los asuntos clave del año político en España, el propio caso Gürtel ha generado en sí mismo una expectación sin precedentes. Al fin y al cabo se trata de una de las tramas de corrupción políticas más sangrantes desde la restauración democrática, y en la que el propio partido del gobierno, el PP, se ha visto involucrado hasta el punto de estar imputado por presunta financiación ilegal.

No se han quedado ahí los asuntos de corruptelas vinculados a los populares, como la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia tras otras causas judiciales o las de el expresidente madrileño Ignacio González, ingresando en prisión y provocando la salida de la política de Esperanza Aguirre.

Tras más de una década de instrucción y posterior juicio, el caso que ha tambaleado las estructuras de la monarquía borbónica conoció su sentencia. Absolución penal para la infanta Cristina –que fue condenada con una multa de 265.000 euros– y sobre todo, condena de seis años de prisión para su marido, el también duque de Palma Iñaki Urdangarin. El Caso Noos supuso otro de los hitos del año, después que en 2016 se llegara a ver a la propia hermana del Rey Felipe VI sentada en el banquillo de los acusados. La situación actual sigue abierta, ya que Urdangarin presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que decidió no aplicar medidas cautelares. Mientras este se resuelve, el cuñado del Rey no irá a la cárcel. Por ahora reside en Suiza y no se ha visto obligado a abonar fianza

Mientras España parecía descomponerse tras la situación catalana y con un gobierno en minoría, más allá de las anomalías judiciales, el ciudadano de a pie parecía notar la mejora de la economía a través del empleo, con los mejores avances de la década. Empleos que sin embargo, siguen siendo precarios y muy estacionales. A este respecto, España sigue teniendo a uno de cada cinco habitantes por debajo del umbral de la pobreza, viviendo con menos de 8.209 euros al año. Esta situación se agudiza por el sistemático crecimiento de los precios de luz, desarrollándose nuevos fenómenos dramáticos como el de la pobreza energética. Se trata de familias que aún teniendo empleo y capacidad de resistir, a duras penas, los envites de sueldos bajos, son incapaces de sostenerse en épocas de mayor necesidad de luz y gas, fruto de unas tarifas que pueden considerarse abusivas, con incrementos que en caso de la luz, y según épocas, alcanzaron el 15 por ciento.

Uno de los motivos que las energéticas aducen para este encarecimiento, está vinculado a la situación climática. España tiene sequía, con la carencia de lluvias de los últimos años. De hecho, el Gobierno tiene previsto aprobar en 2018 el decreto que regula esta situación. En 2017 apenas ha llovido en la meseta y zonas de Andalucía, Extremadura y el Levante, además de Galicia, que sufrió severos incendios el pasado mes de octubre, con hasta 20 fuegos simultáneos en Orense y Pontevedra. El cambio climático amenaza el país, que ya en 2017 ha sufrido severos avisos de este proceso. Por ahora, con poco remedio por parte de las instituciones.