-
-
El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, leyendo este jueves la declaración institucional hoy el Congreso de los Diputados, / El Correo
El Gobierno negocia con PSOE y C’s las medidas que aprobará el sábado para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, por entender que el presidente catalán, Carles Puigdemont, no ha respondido a su requerimiento e incluso ha amenazado con votar la declaración de independencia en el Parlamento catalán. Será en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a la que se llevarán las medidas que se están consensuando tanto con el PSOE como con Ciudadanos.
Pocos minutos antes de las diez de la mañana, cuando expiraba el plazo, llegó a Moncloa la carta de Puigdemont, en la que avisaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que, si «persiste en impedir el diálogo y continuar la represión», el Parlament votará una declaración formal de independencia «si lo estima oportuno». En su misiva, Puigdemont señaló que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament «no votó» ninguna declaración de independencia y recalcó que su «suspensión continúa vigente». Suspensión que hizo, argumenta, para propiciar el «diálogo» que, según dice, les han reclamado tanto a él como a Rajoy «instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo».
Una carta que no satisfizo al Gobierno, que «continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña» y «proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña».
El Gobierno constató en un comunicado que los responsables de la Generalitat buscan, «deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña». Ante ello, el Ejecutivo pondrá «todos los medios» a su alcance «para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña».
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, precisó en una rueda de prensa que los socialistas esperan que la aplicación del 155 sea «lo más breve posible» y «muy, muy limitada», pensando en una «situación democrática» para Cataluña y con el horizonte de «normalizar» y procurar certidumbre». También incidió en que hasta la celebración del pleno del Senado habrá todavía «ventanas abiertas» y posibilidades de reconducir la situación en un marco de diálogo. Diálogo al que apeló igualmente el líder del PSC, Miquel Iceta, quien, para evitar el «desastre» en Cataluña, abogó por aplicar el 155 en un plazo corto de tiempo y convocar elecciones «en breve».
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, sostuvo que España «no puede aceptar chantajes» de nadie e insistió en su tesis de que el artículo 155 debe servir para convocar cuanto antes elecciones anticipadas en Cataluña. Sin embargo, fuentes del PP admitieron que no ven claro una convocatoria electoral inmediata.
Ante los medios, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, alertó a Puigdemont de que el Estado de derecho y el Gobierno no admiten ni «amenazas» ni «chantajes», e hizo hincapié en que este «desafío mayúsculo a la democracia» tiene que tener «la respuesta firme y desde la unidad de todos los partidos constitucionales».
Su compañero de filas Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, tachó a Puigdemont de «líder zombi» que «ha volado todos los puentes» y cuyo único objetivo es causar el mayor daño posible a Cataluña y a sus instituciones, en una situación que roza la «tragicomedia».
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, apeló a la «sensatez» y al «diálogo» y pidió acabar con la «dinámica de cartas» entre Rajoy y Puigdemont, que no aportan «ninguna solución» y sólo echan más «leña al fuego» con amenazas de aplicar el artículo 155 o de declarar la independencia. Por su parte, Joan Tardá (ERC) y Carles Campuzano (PDeCAT) coincidieron n avisar del «mal» escenario que para ellos supone entrar en el 155, y descartaron que el presidente catalán convoque elecciones.
Más expeditivos fueron la CUP y entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que se reafirmaron en su idea de que se proclame la «república» catalana «cuanto antes».
Por último, desde Valencia, el expresidente del Gobierno José María Aznar opinó que la reforma constitucional no debe ser el «pago a plazos» al secesionismo y ha avisado de que «los silencios se han interpretado como debilidad y no como muestras de prudencia» hasta generar «un conflicto sin precedentes en democracia».