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La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, justo antes de intervenir en la cámara del Senado. / Kiko Huesca (Efe)
Las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 superaron ayer el penúltimo trámite en el Senado, antes de que hoy sea aprobado en pleno el dictamen final, que el PP aceptó modular, a expensas de los socialistas y a la espera de una salida in extremis que evite su aplicación.
Todo ello en una jornada maratoniana en la Cámara Alta, que reunió la comisión ad hoc creada expresamente para esta tramitación mientras desde Barcelona se sucedían las informaciones contradictorias sobre la intención del presidente catalán, Carles Puigdemont, de convocar o no elecciones anticipadas. Tras varias horas de debate en ponencia y en comisión, a primera hora de la noche se votó el dictamen final, que incluye una enmienda del PSOE en favor de la «aplicación gradual» de los preceptos planteados por el Ejecutivo.
Es la única enmienda incorporada al dictamen que este viernes debatirá el pleno de la Cámara Alta, con los votos mayoritarios del grupo popular, del PSOE y del grupo Mixto, y contempla la posibilidad de modular su aplicación si se producen cambios en la situación e incluso de «anticipar» la supresión de las medidas «si cesasen las causas» que las motivan. Hay otras dos enmiendas del PSOE –una relativa a los medios públicos y otra para suspender la aplicación del 155 si Puigdemont convoca elecciones– que se podrán volver a debatir hoy en pleno.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acudió a la comisión a exponer los argumentos del Ejecutivo y defendió la aplicación del 155 para «rescatar» a Cataluña de la «irresponsabilidad política» y abrir una nueva etapa que suponga «el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley». Sáenz de Santamaría, que tuvo que ausentarse antes de su turno final debido a una fuerte afonía, subrayó que con este artículo el Gobierno cumple con una obligación «legal, democrática y política» frente a la «intolerancia» a las normas de los secesionistas. «Se trata de proteger el autogobierno de Cataluña frente al desgobierno de los independentistas», denunció.
Rotos ya «las ensoñaciones y los engaños», la vicepresidenta aclaró que se está viendo la realidad de lo que supone el independentismo, con huida de empresas y entidades financieras, reducción del turismo y del consumo y «la sombra» de la recesión.
En el debate, los portavoces del PDeCAT y de ERC, Josep Lluís Cleries y Miquel Àngel Estradé, respectivamente, fueron los más críticos con el 155 y han sacado a relucir el «espíritu franquista» de estas medidas, que calificaron de «golpe de Estado» a las instituciones catalanas. Cleries denunció que el Gobierno esté dispuesto a «reprimir» con la violencia y la utilización partidista de la Justicia, y por eso ha pedido la libertad de los «presos políticos». En sus quejas, también incluyó la enmienda introducida para la «aplicación gradual» del 155, porque «en vez de matarte a golpes, te mata a pellizcos». Miquel Àngel Estradé, por su parte, cargó contra el Gobierno por, en colaboración con el PSOE y Ciudadanos, intentar «quebrar» las bases del catalanismo para imponerse «como minoría que son» en Cataluña y hacerlo creando la «confusión y el caos».
También fue muy duro el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien acusó al Gobierno de querer hacerse «con todo el poder en Cataluña», desde el judicial hasta el ejecutivo y el legislativo, «sin pasar por las urnas», algo que es «directamente ilegal e inconstitucional». Desde Unidos Podemos, Óscar Guardingo, mostró su rechazo a las medidas propuestas por el Ejecutivo porque, entre otras cosas, suponen la «castración» de las funciones del Parlament.
Frente a esas posiciones contrarias, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, advirtió de que no se puede permitir que la falta de lealtad a la Constitución continúe más tiempo en Cataluña y expresó su apoyo a la aplicación del 155 por ser una decisión necesaria, leal con España y que se ajusta a derecho. Barreiro criticó el «victimismo» de los independentistas y recalcó que no se trata de un debate entre España y Cataluña ni entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se trata «de democracia y respeto a las libertades».
El portavoz del PSOE en el Senado, Ánder Gil, reiteró el apoyo de los socialistas al Gobierno frente a la alternativa que es el desmembramiento de España, si bien precisó que no serán el partido que apoya ni aplaude todo lo que diga el Ejecutivo. Gil apostó, además, por buscar «una última salida antes de caer en el precipicio» en Cataluña y abogó por dejar abierta esa salida al Govern de la Generalitat.