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Estado del litoral de Lepe tras los destrozos causados por los últimos temporales. / El Correo -
Carretera sin aceras en La Antilla, junto a la playa. / El Correo -
Estado, totalmente destruido, de uno de los chiringuitos de la playa de La Antilla. / El Correo -
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Canalizaciones en La Antillla rotas por el temporal. / El Correo -
Un grupo de vecinos de La Antilla observa resignado cómo quedaron sus casas y su calle tras las borrascas. / El Correo -
Tablones, rocas, restos de equipamiento de las playas, agua y mucha arena invadió la zona residencial de La Antilla. / El Correo
El temporal destapa graves deficiencias en el litoral
Destrozos. Un informe técnico respalda a vecinos de La Antilla que piden regularizar la primera línea de playa y proteger el núcleo urbano con un paseo marítimo con escollera contra el oleaje
Emma, Félix y Gisele. Las tres últimas borrascas han destapado décadas de ocupación urbanística del dominio público marítimo terrestre. Cada año, temporal tras temporal, se producen estragos en zonas como La Antilla o Punta Umbría que conllevan una inversión pública para adecentar lugares que en semanas soportarán una avalancha turística. Un dinero público que sólo supone un parche porque estas zonas del litoral «están olvidadas y desprotegidas». Así lo denuncian los vecinos y lo constata un informe técnico de Controlhabitat Andalucía.
Con sólo repasar lo sucedido estos días en Huelva y revisar la hemeroteca de años y décadas atrás se concluye que las construcciones fijas en la costa y la ocupación del dominio público marítimo por el hormigón y el ladrillo agravan la situación creada por los temporales, estos y los venideros. Y como todos los años, se aprobarán ayudas para reconstruir lo dañado, pero no habrá presupuesto para atajar el problema de fondo. Los ayuntamientos aseguran no tener recursos para ello, la Junta alega que no es de su competencia y el Estado se limita a sufragar «lo más urgente». La concurrencia de competencias a la hora de gestionar este dominio, con la dirección de Costas del Gobierno central, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y los ayuntamientos que otorgan las concesiones, es otro obstáculo adicional para conseguir una ordenación y protección eficaz de la franja costera.
El mencionado informe expone que uno de los lugares donde se han producido daños de mayor cuantía e importancia ha sido en La Antilla, y esto es debido principalmente a dos motivos: a que en la playa de La Antilla las edificaciones e infraestructuras (carreteras, conducciones, etcétera) están expuestas directamente sobre la playa y a las condiciones marítimas que se puedan desarrollar (pleamar, fuertes oleajes, inundaciones), así como a la «ausencia de elementos que protejan al núcleo urbano de estas condiciones adversas». «No existen –prosigue el estudio– saltos de nivel ni protecciones que actúen a modo de defensa de los fuertes oleajes. Carece de paseo marítimo y de infraestructuras sólidas que preserven al entorno urbano respecto de la playa».
Dicho informe técnico indica que de la conservación y preservación del litoral se encarga la Ley de Costas de 1988, reformada por última vez en 2013, además de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, del mismo año, y el Reglamento de la Ley de Costas, de 2014. La Ley de Costas establece dos zonas para los terrenos más cercanos al litoral con dos niveles de protección diferentes: el dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de protección. En cuanto al dominio público terrestre, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, regula la delimitación y por tanto la protección y disfrute de la zona formada por playas, dunas, acantilados, marismas o humedales.
«En el caso de La Antilla, estas zonas se encuentran edificadas y ello solamente es legal si todas las edificaciones cumplen con la legislación vigente de la época. El Estado recupera la titularidad del suelo pero los propietarios pueden solicitar concesiones administrativas para seguir prorrogando su ocupación y aprovechamiento», explica el informe de Controlhabitat Andalucía.
«A la vista de los daños producidos por el temporal y dado que no se trata de un caso puntual y aislado, sino que se viene repitiendo periódicamente estos últimos años, considera que las infraestructuras y protecciones del núcleo urbano son muy insuficientes y para ello se entiende que se deben realizar algunas mejoras: regularizar la primera línea de playa que incumple la normativa de la Ley de Costas, incidiendo especialmente en las licencias urbanísticas tanto de las viviendas como en los chiringuitos que presentan técnicas constructivas de menor entidad y, en segundo lugar, mejorar el límite interior de la ribera del mar, dotando de una mayor independencia a las edificaciones de las calles Madreperla y Estrella de Mar con respecto a la playa, y protegiendo el núcleo urbano con la construcción de defensas mediante un paseo marítimo que contenga una escollera de protección al oleaje».
Un informe que, además, certifica «el estado ruinoso en el que han quedado los dos chiringuitos ubicados en la playa de la calle Madreperla, con daños en toda la superficie, en la propia losa de cimentación y que igualmente precisan de una intervención técnico municipal para regularizar su estado».
Las informaciones facilitadas por los distintos ayuntamientos también delatan la realidad. Desde Lepe se informó de que los mayores daños que se han producido han afectado a la playa de La Antilla, ya que la pleamar llegó a atravesar dos líneas de viviendas en la zona de levante, ocasionando desperfectos en algunas de ellas, así como en el litoral.
Según los vecinos, «ni hay muro de protección, ni se vigila que las construcciones en la playa cumplan las concesiones, que no se excedan en superficie y que sean seguras desde el punto de vista constructivo, así como tampoco se plantean otras medidas técnicas como la posible construcción de espigones».
De hecho, en marzo de 2014, el Partido Popular de Huelva anunció que un estudio elaborado por la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno de España prevé tres soluciones para los problemas de regresión de las playas de La Antilla e Islantilla que van desde la regeneración anual de arena hasta la construcción de dos pequeños espigones que permitan estabilizar el litoral lepero. Así lo explicó entonces el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, que visitó la playa central de La Antilla junto al alcalde de Lepe, Juan Manuel González. Pero de aquello, nada hay. Una medida, que, por otra parte, rechazan las organizaciones ecologistas.
Después de cada temporal, los partidos políticos de uno y otro color organizan desfiles para concluir que las playas estarán en perfecto estado de revista para las siguientes vacaciones. Detrás, millones de euros en pérdidas, desaparece la arena traída a las playas por cientos de camiones durante la última regeneración, casas, garajes, chalés y chiringuitos inundados o destrozados, muchos en primera línea de playa, mobiliario playero roto, porches, muros y paseos marítimos devorados por el mar.
Eso en las zonas que tienen paseos marítimos, porque en el caso de la zona de las calles Estrella de Mar y Madreperla de La Antilla sólo una carretera sin acera separa las viviendas de la playa y los chiringuitos. Así llevan desde hace más de 40 años. «Hay una dejadez total», denuncian los vecinos, hartos ya de que en pleno verano la población se triplique y el tráfico tome unas calles sin aceras «llenas de arena con el peligro que ello supone para los peatones». «No hay ninguna playa en España que no tenga paseo marítimo o tenga unas mínimas infraestructuras para velar por los peatones y ciclistas. Imagínese, además, la imagen que damos a los turistas. Esta zona de La Antilla es un caos», lamentan los residentes.
¿Y qué opina el Ayuntamiento de Lepe de la falta de infraestructuras en zonas de La Antilla sin paseo marítimo, sin aceras y con farolas de hace 40 años que apenas funcionan?
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe, Alberto Santana, aseguró a esta redacción que el Consistorio tiene un «fondo de contingencias» de 315.000 euros para retirar todos los restos del temporal, desde duchas rotas hasta piedras, y que ya ha remitido al Estado un informe en el que cifra en alrededor de tres millones de euros los daños sufridos, «sin contar con la aportación de arena».
«Nos gustaría proteger la zona de las viviendas pero la competencia la tiene el Gobierno central y la Junta tiene que autorizar cualquier actuación». «Estaremos a favor de lo que digan los técnicos, es decir, de poner espigones o de construir muros, pero la competencia es de la Junta y del Gobierno y no se ponen de acuerdo», sostuvo el edil, quien remarca que la carretera de Madreperla es del Estado y el Consistorio sólo se dedica «a mantenerla».
Santana argumentó que han solicitado al Estado la reparación de la iluminación y el saneamiento de esta zona porque «esta calle se levantó casi entera», «y si no lo hace el Gobierno lo haremos nosotros», apostilló. El concejal admitió que La Antilla, sobre todo la zona este, tiene «deficiencias muy grandes de infraestructuras desde los años 60». «El mar –prosiguió– está muy cerca y hay que pensar en una solución a largo plazo, pero la tienen que tomar los técnicos, como se lo hemos pedido a la Subdelegación del Gobierno. El Ayuntamiento no manda en situaciones como ésta», lamentó.
En cuanto a los chiringuitos, Santana comentó que si Demarcación de Costas le concede el permiso para arreglar los desperfectos por el temporal, la licencia municipal para las obras se concede. «Que algunos aprovechen para ampliar su superficie de forma ilegal, pues no lo sé», defendió el edil tras añadir que como el suelo no es del Ayuntamiento «no lo podemos controlar».
Según Santana, el Consistorio lepero ha exigido al Estado que arreglen la carretera de Madreperla, el saneamiento y la iluminación y que se tomen las medidas oportunas, como la construcción de un muro, para que no vuelva a pasar. «Al igual que hemos pedido fondos para arreglar los daños en otros sitios de Lepe, como el polígono La Gravera o La Ermita». Eso sí, el concejal de Urbanismo lo tiene claro: «La Junta y el Gobierno saben lo que hay que hacer, otra cosa es que esas medidas valgan mucho dinero».
La Consejería de Fomento y Vivienda ya adelantó que la provincia de Huelva ha sido la más afectada, con una veintena de vías dañadas, y cifró los daños provocados por el temporal de fuertes vientos y lluvias de las últimas semanas en torno a 17,5 millones de euros, sólo por los desperfectos ocasionados en carreteras y puertos.
El Consejo Empresarial de Chiringuitos de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) cuantificó en 1,2 millones de euros los daños que el temporal ha causado en sus instalaciones, mientras que Almonte cifró en 7,4 millones de euros los desperfectos en las infraestructuras de uso público de la playa de Matalascañas, especialmente en el paseo marítimo y las bajadas a la playa.
El pasado 15 de marzo, la delegación del Gobierno en Andalucía, la Junta y las Diputaciones provinciales de Cádiz y Huelva acordaron un plan de trabajo para acelerar la tramitación de las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de los últimos temporales en el litoral de ambas provincias y la creación de una Comisión Técnica que se reunirá «con carácter inmediato», para realizar una evaluación única de las pérdidas registradas hasta el momento. De las pérdidas, pero no de las posibles soluciones para que no se repitan estos estragos.
¿Y qué dicen los vecinos? «Que nadie hace nada». Lo cierto es que los temporales de invierno siguen dejando al descubierto las consecuencias de la privatización de zonas de dominio público.
Por otro lado, si un ayuntamiento como el de Lepe no protege su núcleo urbano, ¿la Junta puede intervenir? ¿Es sancionable?
Según explicó la Junta a este periódico, en el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral no se realiza un traspaso completo de competencias. De hecho, en relación con las obras de interés general, dicho traspaso contempla la participación de la comunidad en la planificación y programación de las obras de interés general, que corresponde a la Administración del Estado. Asimismo, contempla la ejecución y gestión de dichas obras de interés general en los términos del convenio suscrito con la Administración General del Estado.
Todo ello no impide que un ayuntamiento, empresa o cualquier particular acometa las obras de protección que considere oportuno a sus intereses particulares, debiendo contar con ello (previamente) con el correspondiente título de concesión, que deberá ser otorgado por la Consejería de Medio Ambiente.
Teniendo en cuenta lo anterior, añade la Junta, corresponde al Estado la ejecución de estas obras de defensa consideradas de interés general y no se puede sancionar al ayuntamiento por su falta de ejecución. «Lo recomendable en los casos en los que este tipo de sucesos se produzcan con relativa frecuencia es que exista una correcta coordinación entre las administraciones para facilitar un desplazamiento de las ocupaciones afectadas hacia ubicaciones con menor riesgo (hacia el interior) realizando una correcta planificación urbanística y modificación pertinente de los deslindes».
En este sentido, la Ley de Costas en su artículo 6 establece que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes. Además, también dice esta norma que, en otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde.
Con la normativa en la mano, ¿se puede autorizar la reconstrucción de un chiringuito destruido por el temporal sin necesidad de renovar la licencia?
No solo se puede autorizar, sino que es obligación del concesionario mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones. Generalmente este tipo de obligaciones se incorporan en los títulos de concesión otorgados, de acuerdo con lo contemplado en la Ley de Costas en el artículo 76 i.
«Lógicamente, estamos hablando de reconstrucción de un chiringuito en los mismas condiciones y de acuerdo con el mismo proyecto con el que fue otorgado el título de ocupación. Cualquier cambio en el proyecto de reconstrucción deberá ser analizado por la Consejería y, en caso de que constituya una modificación sustancial, deberá tramitarse como si de un nuevo título se tratara», advierte la Junta.
Lo cierto es que la instalación de chiringuitos es un quebradero de cabeza para muchos gobiernos locales y de ahí que no dejen de saltar noticias como la del pasado mes de enero, cuando el Ayuntamiento de Cádiz ordenó la paralización de la obra de construcción de un nuevo chiringuito en sustitución del ya existente frente a la antigua Residencia de Tiempo Libre bajo el nombre de Potito Beach. Los trabajos de instalación de una plataforma de vigas de acero sobre pilotes de hormigón del doble de superficie que la original carecían de la preceptiva licencia de obra mayor. Es más, en Urbanismo ni siquiera costaba ninguna petición previa.
El pasado verano, el chiringuito de Pepe Gómez El Marismeño junto a la ría de Punta Umbría, en la zona de La Canaleta –próxima al espacio protegido de Marismas del Odiel– volvió a paralizarse por segunda vez. El atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llegó a los juzgados para su investigación y obligó al Ayuntamiento de la localidad costera a paralizar las obras de forma cautelar.
El ejemplo de Punta Umbría también es claro: el temporal ha destrozado material de playa como pasarelas o duchas, así como se ha llevado gran cantidad de arena y ha derribado algunas vallas de chalés de la primera línea de playa. Por eso desde Punta Umbría se va a pedir que se declare El Portil como Zona Catastrófica.
Organizaciones conservacionistas, por su parte, también denuncian que sobre las playas chiringuitos con estructuras estables y autorizadas a destajo por los ayuntamientos y la delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente son un elemento de presión constante para «tirar» dinero público al mar en continuas realimentaciones de arena, que solo sirven para el maquillaje previo a los periodos vacacionales. De ahí que tilden de «temeridad» la decisión de que los chiringuitos no sean desmontados tras el verano.
PALABRAS QUE SE LAS LLEVA EL...
El presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato Provincial de Turismo, Ignacio Caraballo, visitó zonas afectadas por el temporal, donde dejó patente la necesidad «de hacer un esfuerzo común, sobre todo de las administraciones que tienen competencias, como el Gobierno centra, para que ponga en marcha un plan serio que de una solución definitiva a nuestras costas». Caraballo visitó diferentes puntos donde los daños del temporal tuvieron mayor gravedad y acompañó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la playa de La Antilla, donde exigió a Rajoy que «abandone la dejadez a la que tiene sometida a nuestra provincia y ponga en marcha las infraestructuras necesarias para solventar esta situación». Por su parte, Susana Díaz también reclamó al Gobierno central la mayor celeridad posible para que estas zonas de Huelva y Cádiz recuperen la normalidad lo antes posible, de cara a las temporadas turísticas de Semana Santa y verano. Díaz señaló que es necesaria «toda la colaboración y cooperación» entre instituciones para la reparación de los cuantiosos daños materiales sufridos. Nada dijo que medidas que palien un problema que se repite año tras año en parte del litoral andaluz.