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Un bloque de pisos en un barrio de Sevilla. / Manuel Gómez -
Solar municipal convertido en parking irregular entre Jazmineras y San Bernardo. / Manuel Gómez -
Fachada con desperfectos en Burguillos. / El Correo -
Una de las calles de la barriada de El Plantinar, en Sevilla. / Manuel Gómez
«Tiraba huevos por su patio hacia los lavaderos de otros vecinos, insultaba en el rellano a cualquiera que se cruzara, cantaba a toda voz en plena madrugada y, lo peor, llegó a quemar el felpudo de una vecina que, según él, le molestaba de noche con sus pisadas. Tiene problemas psicológicos y, además, consume drogas, así que tuvimos que llegar a los tribunales porque vivíamos atemorizados». Eso es lo que cuenta Rosario, una vecina de la Macarena que pasó un «quinario» hasta que, por fin, la familia de este hombre «lo pudo ingresar en un centro adecuado». En este caso, la comunidad de vecinos hizo una piña para autoprotegerse, ya que, según reconocen se sintieron «desprotegidos». «Ni la policía ni los tribunales podían hacer mucho, sólo ponerle una multa que no valía para nada». Y no es el único caso de una comunidad con un vecino «peligroso» o «molesto», así como tampoco es el único problema que puede hacer la vida casi imposible a un conjunto de vecinos.
Las zonas de botellonas, los gorrillas, la masificación de pisos de alquiler para estudiantes, la aglomeración de personas en las zonas de movida o la ocupación ilegal de viviendas desocupadas generan problemas de convivencia contra los que los vecinos difícilmente pueden luchar.
Además, con la crisis económica, urbanizaciones enteras fueron entregadas, sobre todo en la provincia, con graves defectos de construcción. La quiebra de muchas promotoras y la adquisición de viviendas por parte de los bancos –por los impagos– complicó aún más la situación de muchos vecinos.
«No se entiende que un solar a 40 metros del tranvía sea zona de botellonas y parking ilegal»
Los vecinos de los edificios Maestranza, Puerta Real y Puerta del Príncipe, en plena milla de oro inmobiliaria junto a Viapol, denuncian desde 2010 que sufren una serie de molestias «que atentan gravemente a la salud de las personas que residen en estos edificios» generadas por un solar propiedad del Ayuntamiento y cedido durante muchos años a la Junta para, en teoría, levantar un colegio. El centro educativo nunca llegó y el Gobierno andaluz devolvió hace poco al Consistorio el suelo, entre las calles Jazminera y San Bernardo. Tras ocho años de quejas, por fin parece que el Ayuntamiento va a darle una solución al conflicto: antes de final de año funcionará en dicho terreno un aparcamiento con unas 300 plazas en superficie, ahora sí, regularizado, con alumbrado y, por ejemplo, con seguridad. Hasta ahora era un parking «ilegal gestionados por gorrillas e indigentes». Según Pedro Prieto, administrador del edificio Puerta del Príncipe, el solar es utilizado por indigentes durante el día como aparcamiento no regulado, «se producen continuas peleas entre ellos, además, al no estar asfaltado, cuando llueve es un fangal y un criadero de mosquitos y cuando está seco, el polvo y la suciedad invaden las fachadas. Y no es todo, por la noche se convierte en zona de botellonas».
«Los vecinos están desesperados. No se entiende que un solar en pleno centro, a 40 metros del tranvía, sea un aparcamiento ilegal y una zona de botellonas con música y ruidos hasta las dos o las tres de la madrugada. Avisamos a la policía, vienen después de muchas llamadas, los echan y luego vuelven. Todos los fines de semana y, con buen tiempo, de martes a sábado. En cuanto a los gorrillas, duermen y hacen sus necesidades en la parte trasera de los edificios y se ven desde peleas hasta mujeres en ropa interior corriendo para coger el euro de un conductor», narra Prieto, quien lamenta que, «a pesar de pagar los impuestos como todos los sevillanos», no hayan sido atendidos «ni por Monteseirín ni por Zoido ni, por ahora, por Espadas». Y no sólo por el solar, sino también porque reclaman más podas y, por ejemplo, el acondicionamiento del acerado». Según Prieto, el Consistorio aprobó en el Pleno desarrollar el proyecto para que este solar, de nuevo municipal, se convierta antes de final de año en un aparcamiento «suponemos que rotatorio por la gran demanda que existe por los juzgados cercanos».
«Así no podemos vivir tranquilos. Hay okupas y problemas de salubridad y de seguridad»
En 2008 les entregaron sus viviendas y, desde entonces, libran una batalla. En Burguillos, a los vecinos de la manzana de la calle Rubens, les entregaron las viviendas con graves defectos de construcción y sin estar finalizadas las zonas comunes. La piscina y los jardines estaban sobre plano, así que fueron los propietarios los que pagaron su construcción, ya que la promotora quebró en plena crisis «y no tuvo la deferencia de terminarla». Un portavoz vecinal asegura que han padecido el tener que contar con luz de obra hasta mucho tiempo después de la fecha de la entrega de las casas y que buena parte de las viviendas (en total son 26) pertenecen a una entidad bancaria, por embargo y ejecución de las mismas, por lo que gran parte de ellas permanecen «deshabitadas y en muy deficiente estado de conservación». Y esto ha conllevado la aparición de okupas «de fuera del pueblo», «dando lugar a serios problemas de seguridad y de convivencia en el interior de la comunidad». «Todo ello, con la existencia de una marcada desidia por parte de la entidad propietaria de las viviendas deshabitadas», añade.
Precisamente, los problemas de ocupación ilegal de viviendas han provocan enfrentamientos con los legítimos propietarios del resto de casas, «ya que los okupas, además de generar problemas de salubridad por la acumulación de basuras en el interior de las viviendas, a las cuales acuden ratas y cucarachas, han provocado conflictos de convivencia, pues no sienten gran respeto por la propiedad privada ajena y hacen uso de zonas comunes como jardines y piscinas sin que cuenten de legitimidad para ello», denuncia. Este representante vecinal, además, explica que una de las tres o cuatro casas ocupadas ilegalmente está en manos «de una persona rumana que, según nos dijo la policía, se encarga de abrir casas por 200 o 300 euros».
Además, a finales del pasado mes de enero, entraron a robar en una casa en pleno día. «Así no podemos vivir tranquilos. Es tal la desidia del banco que posee varias casas vacías que se están cayendo losas de las fachadas». Por este motivo, la comunidad de vecinos prevé denunciar ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burguillos el mal estado de conservación de estas viviendas ocupadas irregularmente, toda vez que «hemos perdido ya la cuenta de todas las cartas o burofax que hemos mandado a la entidad financiera propietaria de estos inmuebles».
Además, los vecinos denuncian la «escasa implicación del Ayuntamiento de Burguillos en la eliminación de basuras acumuladas por los okupas en las zonas cercanas a la urbanización», así como la falta de seguridad en la barriada.
«No bajamos la guardia, el 60% de los pisos de El Plantinar están alquilados a estudiantes»
«Seguimos con la concienciación y no bajamos la guardia. Los propietarios y los inquilinos se tienen que responsabilizar de los efectos de los llamados pisos discotecas». Esto es lo que opina Fernando Rivas, presidente de la Asociación de Vecinos Mulhacén de El Plantinar, un barrio en el que el 60 por ciento de las viviendas están alquiladas a estudiantes. Según Rivas, la música a todo gas, las voces y el trasiego de personas por los rellanos, los gritos y las conversaciones desde los balcones, las bolsas de botellas y vasos tirados en el acerado o junto a los árboles siguen siendo estampas que se repiten en el barrio, sobre todo en las épocas tras los exámenes. «Hay bloques en los que sí ocurre, depende de la época del año, pero sí, sigue siendo un problema en la zona porque hay muchos estudiantes», comenta el representante vecinal.
Los residentes de El Plantinar, una zona que dada su cercanía con el campus universitario de Ramón y Cajal se ha convertido en un barrio residencial para los estudiantes que vienen a formarse a la capital, estaban cansados de no poder pegar ojo y de llamar sin respuesta a las fuerzas de seguridad, por eso la asociación de vecinos El Mulhacén decidió pasar a la acción y puso en marcha una campaña de concienciación para atajar el comportamiento nada cívico de este grupo de residentes que, a su juicio, está poniendo en peligro la convivencia pacífica del barrio.
Por los 106 bloques de pisos buzonearon y pegaron carteles informativos en los que recogían literalmente los artículos 27 y 28 de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones, que hablan de «evitar ruidos molestos, gritos...» y de que las celebraciones privadas en los domicilios deben ser «entre las 12 y las 23 horas», así como de las posibles sanciones a las que se enfrentan los infractores.
Según Rivas, hicieron lo que no hace el Ayuntamiento: «Hacer que se cumplan estas normas básicas de convivencia que ellos mismos hicieron pero que no aplican», critica Fernando Rivas, quien exige al gobierno de Espadas que «se ponga las pilas». De hecho, arremete contra la «escasa» acción policial. En su opinión, el fenómeno de los pisos discoteca se ha «aminorado» tras aquella campaña «y la policía poco ha intervenido». «Ha sido por la concienciación de propietarios e inquilinos, pero hay que seguir trabajando porque –lamenta– las conductas incívicas no se han acabado».