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Grupo de menores de edad en el patio de su instituto, en una localidad de la provincia de Barcelona. / Efe
Los delitos protagonizados por menores de edad van cambiando. Si la memora de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía indica que los delitos más frecuentes tienen que ver con las infracciones contra el patrimonio y el orden social –y dentro de estos, el robo–, la memoria estatal de la Fiscalía de Menores ya introduce como nueva preocupación los delitos de yihadismo.
Los casos con menores implicados en estos casos han saltado de 10 en 2010 a 28 (en todo el país) en 2015 «por integración o enaltecimiento terroristas», según datos que maneja la Fiscalía de la Audiencia nacional.
Una cifra cuantitativamente insignificante al lado de los miles de robos con algún menor implicado solo en Andalucía, pero que da una idea de cómo ha cambiado la situación y lo alejados que están de la realidad trasnochados estereotipos sobre la delincuencia juvenil.
Sin embargo, los equipos de las Fiscalías de Menores están muy pegados a la realidad. Se trata de un sector de la Justicia con mucha coordinación con otros agentes implicados (policías, jueces, instituciones de menores) y especialización. Y aunque en el caso de los yihadistas sean ellos los que pongan el foco en un problema creciente, la alarma social viene dada por delitos que estadísticamente no crecen y por una sensación de impunidad que flota como el gran defecto del tratamiento penal que se da a los menores delincuentes.
Esta sensación la recoge incluso el Defensor del Pueblo estatal en su informe sobre los centros de menores –los antaño conocidos como reformatorios, y hoy como centros de protección de menores con trastornos de conducta–: «Las situaciones de inadaptación familiar y social que viven algunos menores se asocian con frecuencia a los denominados trastornos de conducta, que están provocando creciente alarma (...) y que se caracterizan por un patrón de comportamientos (...) que vulneran las normas usuales de la convivencia así como los derechos de otras personas: (...) la indisciplina y el fracaso escolar, el acoso o maltrato entre compañeros por abuso de poder o bullying, la escasa o nula tolerancia a la frustración, los desmanes asociados al botellón, el consumo de estupefacientes a edades cada vez más tempranas, la proliferación de bandas juveniles, o el mantenimiento de conductas singularmente exacerbadas y agresivas dentro de la familia. Estas conductas desajustadas constituyen sin duda un fenómeno complejo en el que se ven particularmente implicados dos estamentos sociales: la familia, en primer lugar, como núcleo de referencia vital para el menor, y en segundo término, la escuela, como ámbito de pertenencia en el que desarrolla gran parte de su proceso de formación».
Uno de los tópicos que ahora se repiten es que los infractores son cada vez más jóvenes. A este respecto responde la propia memora estatal de la Fiscalía de Menores: «En 2015 se archivaron 8.048 diligencias por ser los encartados menores de edad inferior a los 14 años. Supone, ciertamente, un aumento en relación a las 7.734 causas que se archivaron por este mismo motivo en 2014. Pero de ese sólo dato no puede concluirse que se esté produciendo un alza de los delitos cometidos por menores de esa edad, especial mente si lo ponemos en relación a las cifras de los años 2013 (8.226 archivos) y 2012 (8.058 archivos). Más bien puede inferirse, en conjunto, una tendencia a la estabilidad, dentro de unos normales y poco significativos picos al alza y a la baja».
El hecho más grave cometido ese año por un niño fue un homicidio, en Madrid, con un pequeño de 7 años como ejecutor.
Incluso, ya teniendo en cuenta hasta los 17 años, los delitos más graves parece que siguen una tendencia al a baja: de 68 homicidios o asesinatos en 2011, en 2015 fueron 51 (con su pico más bajo, 43, en 2013); los delitos de lesiones han descendido de 13.402 hace cinco años a 9.959 en 2015; etcétera. Solo parece haber una estabilidad estadística en torno a los 660 delitos al año en el terreno de los abusos sexuales y en los hurtos, sobre 7.000.
Y cae en picado el número de menores implicado en conducción bajo los efectos de la droga o el alcohol (de 236 a 70), conducción temeraria (572 a 148) y con un aterrizaje más suave, los menores que conducen sin carné (2.907 a 1.734).
La Fiscalía, sin embargo, no está satisfecha porque hay cuestiones que quedan bastante abiertas. Una de ellas es que hay conductas y momentos en los que no cabe más que la impunidad (cuando el menor no ha cumplido 14 años, por ejemplo, peor también a algunas conductas), lo que puede incidir muy negativamente en la educación del pequeño: hacer no una trastada, sino cometer un delito, no tiene consecuencias.
Así, la Unidad Coordinadora de Menores alerta en la memoria de la Fiscalía de Menores sobre algunas «consecuencias político-criminales de la reforma del Código Penal no previstas por el legislador [los diputados], pero que afectarían a la Justicia juvenil». En concreto, de la reducción del abanico de medidas imponibles a los menores infractores, «pues la reforma impediría, en la práctica, aplicar medidas privativas de libertad a los delitos leves que antes eran faltas». De hecho, varios fiscales critican «desde su experiencia cotidiana» la desaparición de la reclusión de fin de semana para la represión de delitos leves de hurto o lesiones.
Otros fiscales van más lejos y ponen el acento, también, en lo negativo de la despenalización de algunas conductas protagonizadas con frecuencia por adolescentes: (vejaciones leves, insultos, faltas de respeto a agentes de autoridad), «que carecen ya de posible respuesta educativo sancionadora desde la jurisdicción de menores, con la consiguiente y nada provechosa sensación de impunidad entre los jóvenes»