Excavar y escarbar conciencias

La intervención en las fosas comunes en pos de los restos de las víctimas de la represión franquista para que sus descendientes puedan enterrarlos de una forma digna no es sólo una prioridad para las familias. También lo entiende así la Administración, empezando por la Junta de Andalucía, a la que la Ley de Memoria Democrática capacita para llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra; y no sólo eso, ya que el Gobierno andaluz está obligado por la citada norma legal a personarse de oficio en todos los procesos de localización y exhumación de cadáveres.

No es extraño, pues, que el presupuesto andaluz para la gestión de la Memoria Histórica de 2017 reservara una amplia partida, en torno al 15 por ciento (unos 200.000 euros de un global de 1.263.426 euros), para la intervención fosas comunes, que la Junta calculaba en 614 en toda la comunidad, con Sevilla (130) a la cabeza por delante de Huelva (120) y Cádiz (100).

UNA APROXIMACIÓN

El muy activo siempre grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT-A) acaba de hacer público precisamente este mes un primer inventario sobre las fosas comunes que han sido intervenidas hasta la fecha en nuestra comunidad.

Un informe que se ciñe al nuevo ciclo inaugurado en todo el país en el año 2000 con la exhumación de la fosa de Priaranza del Bierzo (León), donde se rescataron los cuerpos de trece republicanos, y que se distingue de otras fases anteriores por el hecho de que se ha seguido un método científico con presencia de profesionales de la arqueología y de la antropología forense, entre otros investigadores.

Este proceso comienza en Andalucía en el Valle de Lecrín (Granada) el 14 de junio de 2003 y, desde entonces, se ha intervenido en más de 90 fosas rescatando más de 3.635 cuerpos –sólo en las fosas del cementerio de San Rafael de Málaga se recuperaron 2.840 víctimas–, ocupando nuestra comunidad un lugar destacado a escala estatal, no tanto por el número de fosas intervenidas como por la cantidad de cuerpos exhumados.

Desgraciadamente –apuntan desde este grupo– no ha habido por parte de las Administraciones competentes ni por parte de las entidades memorialistas promotoras un seguimiento exhaustivo de las intervenciones realizadas hasta la fecha, más allá de las propias, donde consten los datos relativos a las vicisitudes de la excavación, la ubicación de la fosa, los cuerpos rescatados, la entrega a los familiares y/o reinhumación en condiciones dignas, así como de los informes técnicos elaborados por los científicos responsables, la señalización del lugar, etc.

De ahí esta aproximación a la que ha dado forma el grupo RMHSA, que advierte a modo de conclusiones que «existen años en que son casi nulas las intervenciones y otros en los que se disparan», así como «provincias en las que se han realizado pocas intervenciones, mientras otras han mantenido un ritmo interesante». Y algo que no debe pasarse por alto: «Hay un número de fosas donde no se han recuperado restos y no han sido investigadas en ningún caso las causas (expolio, destrucción casual o consciente...)».

En lo que atañe a la provincia de Sevilla, este estudio arroja que se ha procedido a realizar algún tipo de intervención en una veintena de fosas comunes, de las que se han extraído hasta la fecha 314 cadáveres. Casi la mitad de estos (109) fueron hallados en el cementerio de Cazalla de la Sierra gracias a dos subvenciones del Ministerio de Presidencia que propiciaron un convenio de colaboración que firmaron la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (Aamhyj), el Ayuntamiento cazallero y la Universidad de Pablo de Olavide.

74 restos han sido exhumados hasta la fecha en el cementerio de La Puebla de Cazalla, donde se ha realizado una de las intervenciones más complejas de toda Andalucía, en cuatro fases (2006, 2008, 2009 y 2014) de un proceso aún inconcluso.

EL MADROÑO Y LA CAMPANA

Por detrás de esa intervención, en lo que al resultado de las pesquisas se refiere, destacan las realizadas en El Madroño y La Campana, saldadas ambas con la exhumación de 35 restos óseos. En el primer caso (2014) fue a iniciativa del investigador local Juan José López y se llevó a cabo gracias al entendimiento entre el ayuntamiento del municipio, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta y el Diputación de Sevilla. En el segundo (2015), actuaron de igual modo la Junta y el consistorio, en estrecha colaboración con los familiares.

No menos relevante fue la actuación en el antiguo camposanto de Camas entre 2015 y 2016, donde aparecieron los restos de 19 mineros de Riotinto vinculados a los trágicos sucesos ocurridos en La Pañoleta; o la que tuvo lugar entre 2009 y 2012 en Gerena, donde fueron exhumados los cadáveres de 17 mujeres, las llamadas 17 rosas de Guillena, donde reposan sus restos desde hace un lustro.

Más despacio van las cosas en Sevilla capital, donde por fin han arrancado este pasado mes de noviembre con las catas en la fosa del Pico Reja realizadas por la empresa TCA Geomática, que ha concluido su trabajo esta misma semana. Allí yacen más de 1.100 restos de represaliados que deberá exhumar la Junta de Andalucía a lo largo de 2018 –así se ha anunciado– en función de lo que concluya el informe que la citada empresa acaba de entregar al Ayuntamiento, que también tiene previsto para el año venidero realizar similares trabajos de prospección en las otras siete fosas de San Fernando.