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Inmigración: ¿Son muchas o no tantas las pateras?

Las cifras de llegada se duplican este año en Andalucía, pero los números tapan el drama humano de quienes dejan todo atrás

15 jul 2018 / 20:08 h - Actualizado: 15 oct 2016 / 09:18 h.
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  • Una inmigrante embarazada rescatada llega a Tarifa. / A. Carrasco Ragel (Efe)
    Una inmigrante embarazada rescatada llega a Tarifa. / A. Carrasco Ragel (Efe)

Quienes tienen fe o simplemente se dejan llevar por las emociones de la religiosidad popular, disfrutan hoy de innumerables procesiones de la Virgen del Carmen. Muchas veces, la talla de madera es subida a una pequeña embarcación y da varios bamboleos más o menos torpes sobre las olas. Este año muchos seres humanos son los que se han enfrentado en embarcaciones precarias a la fuerza de la naturaleza que más alta se cobra su tarifa: la mar. Los inmigrantes que llegan a Andalucía en patera se han multiplicado en pocos meses.

Solo en este mes de mayo entraron en Andalucía tantas personas rescatadas del mar en estas embarcaciones pensadas para labores auxiliares y no para una travesía como en todo 2015: 3.382 migrantes (mayo de 2018, según datos facilitados por la Cruz Roja), 3.369 en los 12 meses del año 15. Los puntos de llegada de las pateras son las costas de Almería (3.568 personas en lo que va de año), Cádiz (5.611), Motril –Granada– (2.895) y Málaga (1.484). Destaca la provincia en la que se halla el camino más corto, la gaditana del Estrecho.

Los datos de Cruz Roja coinciden con los que facilita para toda la comunidad autónoma la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El Ministerio del Interior, que hasta el mes de mayo ha estado publicando informes quincenales sobre inmigración, indica que en las costas de la Península y las islas Baleares la diferencia porcentual entre el 31 de mayo de 2018 y el del año pasado es que han entrado un 91,60% más de personas en embarcación y sin pasar por la aduana. Alcanzar el 100 por 100 significa duplicar las cifras.

¿Son muchas o pocas pateras? El número se ha ido duplicando: en 2016 respecto a 2015, en 2017 respecto a 2016 (la Cruz Roja explica que solo en Andalucía atendieron el todo el año pasado a 18.450 personas)...

¿Y en 2018? ya las llegadas de junio respecto a las de mayo son las que se han duplicado: 6.179. Y el mes de julio, con centenares de llegadas, va también camino de marcas desacostumbradas. En lo que va de año –a 30 de junio– las personas atendidas han sido 13.558. Quedan seis meses y en los de verano la llegada de estas embarcaciones precarias se dispara. No hay cifras aún de julio pero las llegadas se cuentan por centenares de personas cada día.

La responsable del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Ana Rosado, explica que la opción de la patera (que cuesta entre 1.500 y 3.000 euros el viaje, según lo precario u organizado que esté) la escogen los migrantes a quienes se cierran las vías para intentar una vía más convencional. Es imposible solicitar un permiso para asentarse en España en los consulados del norte de Marruecos.

Para emprender el viaje por tu cuenta y riesgo si ya se han quedado por el camino –entregados a otras mafias para llegar a Marruecos, robados– los 1.500 euros de la patera, entre 40 (si eres marroquí) o 300 euros (si tu piel negra delata un estado de necesidad mayor) puedes comprar una balsa de goma.

Aunque la costa de España se vea casi al lado, los 16 kilómetros del Estrecho de Gibraltar están plagados de corrientes. Es una temeridad intentarlo: el sábado rescataron a un varón con hipotermia –a punto de morir de frío– abrazado a la rueda de un camión en el Estrecho. Otra opción es la moto de agua, entre Tánger y la costa de enfrente, la punta Camarinal, cerca de la posmoderna playa de Bolonia. También lo intentaron el sábado así, con el piloto detenido por tráfico de personas. Por supuesto, explica Rosado, la otra ruta para alcanzar Andalucía, la del Mar de Alborán, sí precisa de embarcaciones a motor, siempre.

El perfil del inmigrante que cruza el Estrecho en patera es en su mayor parte masculino, aunque también hay mujeres que quieren tener la oportunidad de estudiar o viudas sin ingresos. Y sobre todo, el perfil de edad está disminuyendo. Muchos menores, sobre todo del área marroquí de Kenitra, en la costa atlántica. Son niños de entre 12 y 14 años. O de la vecina Tánger, con España a la vista, muchas veces con el estigma de vivir ya en la calle. La Junta de Andalucía asume de inmediato su tutela, pero hace pocos días se escaparon nada menos que 70 del centro de Barbate, hace un año hubo otra fuga en masa en Algeciras...

Además, el cierre de rutas como la de Turquía o las dificultades de la de Libia, donde los subsaharianos se exponen directamente a la esclavitud, desvía a más personas hacia el corredor migratorio que pasa por Andalucía. Eso sí, el aumento por España queda muy atrás de las cifras con muchos más ceros que se acumulan aún en los laberintos para acercarse a los países prósperos a través del Mediterráneo central y oriental: solo en Italia desembarcaron el año pasado 100.000 personas. El Líbano, un país de seis millones de habitantes, acoge a un millón de refugiados de la guerra de Siria, según datos recopilados por la periodista de eldiario.es Ángela Cañal, quien compara toda la inmigración que llega en patera a España con el público que a duras penas llena un estadio de segunda división.

«Ni hay alerta ni invasión, ni avalancha», espeta por su parte Rosado, que además señala que el destino final casi nunca es España. Es una estación más camino de Francia, Gran Bretaña o Alemania, «y no se habla de la gente que se va, solo de la que llega. Y se los intenta relacionar, solo por jugarse la vida para llegar hasta aquí, con los traficantes de armas y de drogas. Un yihadista no viene en patera», expresa la responsable de Migraciones de la Apdha. Por una cuestión que tendrán que explicar los sociólogos, en Andalucía y en España ha causado mucho más alivio el primer gesto del nuevo Gobierno de acoger el barco de inmigrantes y refugiados Aquarius que inquietud, pero parece ser la excepción en Europa, donde uno tras otro van asentándose ejecutivos con un discurso xenófobo muy marcado. El último, en Italia.

«Pese a que el CNI y la Guardia Civil sabían desde hace un año que el tráfico se desviaría, las autoridades no han puesto medios. No pueden decir que estén desbordados porque no lo vieran venir», carga la responsable de Migraciones de la ONG.

Organizaciones como la Cruz Roja (20 trabajadores y 500 voluntarios en la comunidad autónoma para estas funciones) atienden nada más desembarcar a los inmigrantes. La mayoría proceden del Magreb y de países al sur del Sáhara y lo primero que reciben es asistencia sanitaria, alimentación, abrigo e higiene, antes los menores y los heridos; y se sustituyen las ropas mojadas lo antes posible. Casi a la vez, la policía intenta detectar víctimas de la trata de seres humanos.

Tras esta primera ayuda humanitaria, la Apdha explica que a cada inmigrante, tras la ropa seca, la policía lo identifica y le entrega una orden de expulsión.

A partir de ahí puede quedar en la calle –en la mayoría de los casos– o acabar en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), retenido durante 60 días hasta que se hace efectiva la orden de expulsión... o no. Para esta ONG que un inmigrante acabe en un CIE depende de lo saturados que estén –lo están generalmente– y las deportaciones posteriores de la disponibilidad de vuelos. «Al final solo se expulsa al 20 por ciento de quienes entran en los CIE, salvo a marroquíes y argelinos, ya que al haber un acuerdo de repatriación con sus gobiernos pueden estar de vuelta en 72 horas sin pasar siquiera por el CIE, algo que además facilitan las comunicaciones regulares con esos dos países», expone. Sobre las condiciones de los CIE y las dificultades de las organizaciones humanitarias para fiscalizarlos se ha escrito ya mucho. Solo como ejemplo, Rosado habla de «edificios con aluminosis».

Su organización reclamó el día 11 medidas para desarrollar vías legales y seguras de acceso a España, tras aprobar el día 5 el Parlamento andaluz una proposición no de ley en este sentido, aunque en este terreno es el Gobierno, y no las autonomías, quien decide.

LOS QUE NO LLEGAN

Tal vez desde le punto de vista de los españoles este asunto de las pateras se aborda poniendo el foco en quienes llegan. Tal vez desde la perspectiva de los inmigrantes lo importante son los que no llegan. «Nunca sabremos los que quedan [muertos] en el desierto del Sáhara. Es imposible contar con estadísticas. Pero es un camino más largo y duro que el del mar, donde sí estima la Organización Internacional de Migraciones que se conoce uno de cada tres muertos». Murieron 222 navegando hacia las costas de España en 2017, según publicó este organismo a finales de diciembre para todas las aguas españolas (Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, fundamentalmente).

Es aventurado extrapolar esa cifra de fallecidos y compararla con los supervivientes de la travesía a Andalucía en los que llevamos de 2018,.

En todo caso, igual que las cifras de llegada aumentan hasta duplicarse con creces, las de muerte en el mar –asfixiados por el agua, por los vapores del motor si la patera lo tiene, de sed o de hambre, de frío o enfermos– lo deben hacer también.

PATADA A LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS: DE LA TUTELA LA CALLE AL CUMPLIR LOS 18 AÑOS

El último consejo de gobierno de la Junta, que se celebró el día 10, ha destinado 3,72 millones de euros a la contratación urgente de los servicios de atención inmediata para acoger a 400 menores extranjeros no acompañados en las provincias de Almería, Cádiz y Granada a través de una partida para atender las necesidades de emergencia.

La nuevas plazas residenciales son el refuerzo al refuerzo de otras 300 que ya incrementaron el dispositivo de acogimiento a estos inmigrantes en 2017, un colectivo cuyo número se dispara y que preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, por cuanto en cuanto cumplen 18 años pasan de estar tutelados por la Administración a estar a disposición de las mafias de la trata.

En mayo, según el Defensor del Pueblo andaluz, había 2.600 plazas para estos críos que cruzan el Estrecho. Se hacinan porque no queda ninguno desamparado en la calle, pero llegan más de los que caben.

La afluencia de estos menores a las costas andaluzas se ha elevado a más de 1.900 en lo que va de año, según datos difundidos en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno por el portavoz del ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, y por la previsión de un agravamiento de la situación ante las circunstancias de cierre de fronteras y restricciones a la inmigración africana en países tradicionalmente receptores de estos inmigrantes, con lo que el tráfico se desvía a Andalucía. «Ello obliga a garantizar la capacidad de respuesta de los centros de acogida inmediata de las tres provincias andaluzas más afectadas, para poder atender las necesidades básicas de alimentación, cuidados y alojamiento», indica el consejo de gobierno.

Las contrataciones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, se realizan con las entidades Engloba, Fundación Samu, Anide, Afinsa e Interprode, «todas ellas con personal especializado en intervenciones con menores extranjeros no acompañados, incluyendo atención educativa». Tanto las 400 plazas de ahora como las 300 anteriores se consolidarán más tarde a través de contrataciones ordinarias.

Junto con la ampliación de plazas, la Junta mantiene su plan especial para acoger a los menores y reitera su llamamiento a las autoridades europeas, a través del Gobierno central, para que se tengan en cuenta las necesidades de Andalucía como una de las comunidades que registran mayor presión migratoria.

El Defensor del Pueblo andaluz publicó en su informe anual del Defensor del Menor de 2017 que a las costas llegaron más de 3.000 muchachos o niños (llegan muchachas y niñas, pero menos) y que, pese a los sistemas de acogida y protección, su rastro se pierde al cumplir los 18 años y ser desalojados de los centros donde hasta entonces se ocupan de ellos. Quedan en la calle, a merced de quien quiera hacer cualquier negocio a costa suya. El año anterior llegaron la mitad y el Defensor del Pueblo andaluz lo expresó entonces así: «Se han batido las cifras y se más que se van a volver a batir».

Cuando cumplen 18 años hay ya un programa para comenzar a atenderlos. Como pasa con los temas sociales, la realidad siempre va por delante que la política.


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