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Jaume Matas. / Cati Cladera (Efe)
Jaume Matas quería dejar huella como presidente del govern balear con obras faraónicas, pero pasará a la historia como el responsable político de mayor rango encarcelado en las islas mediterráneas.
Su mausoleo metafórico es el Palma Arena, un enorme recinto deportivo que costó 110 millones de euros, más del doble del presupuesto inicial. La primera pieza juzgada de esa macrocausa arrastró a Matas a la cárcel por tráfico de influencias, y ahora la pieza 25, el famoso caso Nóos, lo devolverá a prisión por concederle la organización de varios foros a Iñaki Urdangarin, según la sentencia de tres años y ocho meses dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y que este miércoles confirmó el Tribunal Supremo.
Es la tercera condena firme al expresidente balear, que solo después de ser juzgado seis veces, admitió en noviembre de 2017, por primera vez ante un tribunal, haber cometido un delito.
Matas accedió a la presidencia del govern balear en 1996 en sustitución de Cristófol Soler, desbancado desde el propio PP por haber apartado a un corrupto. En las elecciones de 1999 no pudo revalidar su cargo. Pero José María Aznar lo situó al frente del Ministerio de Medio Ambiente desde 2000 a 2003, año en el que el PP balear obtuvo mayoría absoluta en las islas. Matas afrontó ese mandato en un momento económico que le permitió afrontar obras como el Palma Arena e impulsó patrocinios de la mano de Urdangarin. Pese a todo, el PP de Matas no logró la mayoría absoluta en las siguientes elecciones (2007) y en pocos meses empezó a tejerse en torno a él una maraña judicial.
Matas cumplió nueve meses por tráfico de influencias en la cárcel de Segovia. También fue condenado en firme a pagar 9.000 euros por un cohecho en favor de su esposa y a ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricar con los arquitectos del Palma Arena.
Pesan sobre él además siete años de inhabilitación por prevaricar al encargar a Santiago Calatrava el diseño de un palacio de la ópera. En noviembre, Matas admitió por primera vez haber cometido prevaricación en una concesión del mundial de ciclismo en pista de 2007, se conformó con otros siete años de inhabilitación y aportó 35.000 euros.
Aún tiene causas pendientes. Será juzgado en breve por dos presuntos delitos de inducción a la prevaricación o uno continuado de prevaricación, así como de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y dos delitos de tráfico de influencias. Le piden entre dos y cuatro años y medio más.