Vivimos tiempos convulsos en la política nacional, tiempos de asonadas nacionalistas, de conflicto entre patriotas de banderas, de luchas entre defensores de esteladas y nacionales, de fractura entre una ciudadanía hastiada de la incapacidad de encontrar caminos en la senda de la incertidumbre territorial que hoy aflora en la Cataluña de Els Segadors y demagogia en discursos nacionalistas que buscan imponer sobre la mayoría los deseos de la minoría. Pero por encima de todo, vivimos un tiempo de necesaria reflexión y análisis, un momento histórico en donde el conflicto de Cataluña no ha venido más que a fijar la necesaria reactualización de nuestra convivencia.
Y es que las costuras del marco democrático de nuestro país sufren hoy las tensiones de la falta de diálogo, ese que adolece por su ausencia en los despachos de quienes ostentando la legitimidad democrática en los escaños del parlamento catalán y en el congreso de los diputados no acaban de fijar la hoja de ruta que hoy España necesita. Esa, que apuntada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en acuerdo con el presidente Mariano Rajoy, nos lleva a la necesaria reforma de la Constitución. Siendo no obstante requisito previo para ello, no sólo el acuerdo de los partidos mayoritarios –PP /PSOE– sino la búsqueda de acuerdos con el resto de fuerzas políticas, máxime cuando la reforma del modelo territorial y del marco autonómico fundamentales para encauzar este nuevo tiempo requerirá del apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado.
Hoy, no existen dudas acerca de que la reforma de la Carta Magna es el camino fundamental por el que debemos transitar en la construcción de los consensos entre los territorios que conforman nuestro país, no sólo para dar respuesta al problema de Cataluña sino de igual forma para lograr fijar un nuevo marco de desarrollo, bienestar y convivencia en la España del siglo XXI. Así, la reforma de la Constitución deberá de estructurarse en algunos ejes básicos, pilares fundamentales sobre los que construir este nuevo tiempo en donde la clarificación de las competencias, el blindaje de nuevos derechos, el autogobierno regional o la reforma del Senado serán sólo algunas de las claves que abordar. Pero analicemos con detalle a qué nos enfrentamos hoy al encarar este tiempo.
En primer lugar, el debate autonómico abierto hoy como consecuencia de la crisis en Cataluña no viene más que a reflejar una realidad que durante los últimos tiempos ha sido reflejada por parte de numerosos presidentes autonómicos que han señalado la necesidad de fijar un nuevo marco de financiación autonómica que sea capaz de atender las necesidades reales de los territorios, atendiendo a la población y circunstancias de cada uno de los mismos. Destaca aquí, la necesidad de la revisión del cupo vasco y del concierto económico de Navarra, no en el sentido tal vez de su supresión, pero sí del necesario esfuerzo de apoyo solidario de estas regiones a través de un segundo cupo que sea capaz de favorecer la igualdad entre regiones, hoy cada vez más diferenciadas entre un norte y un sur diferenciado por sus niveles de renta y oportunidades. Es aquí donde el marco de financiación autonómica deberá tener una necesaria reactualización a través de una mejora del autogobierno de las regiones, de la mayor capacidad de los entes locales en la gestión de los territorios junto con la generación de acuerdos de solidaridad territorial de las regiones con mayores rentas hacia las de menor capacidad, criterios estos que deberán estar fijados en la hoja de ruta de la reforma constitucional en nuestro país.
Así, junto con el abordaje del debate territorial no podríamos obviar el necesario reconocimiento de la pluralidad y diversidad de España como un único estado compuesto por un conjunto de nacionalidades y realidades culturales como lingüistas que nos hacen únicos. Vendría a colmarse así los sentimientos de algunos territorios que hoy claman por el encaje de su diferenciación en el conjunto del estado, algo posible, siempre y cuando este reconocimiento fijado en la reforma constitucional no suponga una desigualdad entre territorios o regiones. Caminar hacia el estado federal supone así, una necesidad de convivencia que debe de configurarse sobre el concepto supremo de la igualdad entre los hombres y mujeres que conforman nuestro país con independencia del territorio en el que nazcan, vivan o mueran.
En segundo lugar, la reforma de la Carta Magna tiene que traer consigo el necesario blindaje de determinados derechos sociales dándoles a estos un rango de derecho fundamental básico que sirva para dar respuesta a una ciudadanía que desde el 15M ha venido reclamando una atención ante las nuevas realidades insolidarias que la crisis económica ha generado en nuestro país. Es aquí donde el de la sanidad y la vivienda deberían encontrar un espacio de encaje, así como la cultura en determinados grados. Generándose así un marco de protección social que de manera directa ataque a la situación de pobreza y exclusión social a la que se enfrenta parte de la ciudadanía de nuestro país.
En tercer lugar, la reforma de la constitución deberá traer consigo el necesario abordaje de la reforma del Senado y el nuevo encaje del poder judicial. En el primer ámbito, dotando al Senado de la capacidad y competencias necesarias para convertirla en una cámara territorial representativa de la diversidad y nacionalidades de los territorios. En el segundo, apostando por un modelo de independencia plena del poder judicial y de todo los estamentos judiciales de nuestro país, despolitizando el nombramiento en ámbitos como el del Tribunal Constitucional o el Fiscal General del Estado. Todo ello unido a una mayor descentralización judicial que haga posible afrontar los retos y desafíos hoy presentes en una sociedad diferente a la que en 1978 encaró una transición de grandes éxitos con una Constitución hoy necesitada de la reforma que permita su engranaje para afrontar los desafíos del siglo XXI.