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Los ecologistas piden a la Junta revisar la adjudicación por «graves deficiencias»

Alerta. Las cinco principales organizaciones verdes del país rechazan la reapertura de la mina de Aznalcóllar y ponen el foco sobre la situación actual de las balsas de Riotinto

25 abr 2018 / 08:09 h - Actualizado: 25 abr 2018 / 08:44 h.
  • Estado actual de las balsas en Riotinto, en imágenes tomadas este abril.
    Estado actual de las balsas en Riotinto, en imágenes tomadas este abril.
  • Las cinco organizaciones ecologistas comparecieron ayer en una rueda de prensa conjunta. / El Correo
    Las cinco organizaciones ecologistas comparecieron ayer en una rueda de prensa conjunta. / El Correo

Las cinco principales organizaciones ecologistas del país, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, mostraron ayer su oposición a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que la Junta de Andalucía ha adjudicado a Minera Los Frailes, en un procedimiento que en opinión de los colectivos verdes está plagado de «graves deficiencias administrativas y ambientales».

Para los ecologistas, si la actividad minera se retoma en las condiciones en las que se plantea actualmente el proyecto, Doñana vuelve a tener encima «la espada de Damocles» y el riesgo de que vuelva a repetirse una catástrofe medioambiental como la ocurrida hace veinte años, explicó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, señaló que la adjudicación de la explotación minera a Grupo México –del que recordó que es responsable de uno de los mayores vertidos de sulfato de cobre al río Sonora en México en 2014– es «claramente irregular» porque, entre otras cuestiones, la empresa no ha realizado previamente el estudio de impacto medioambiental ni ha elaborado el plan de restauración de la zona. Así, las cinco organizaciones ecologistas anunciaron que solicitarán a la Junta de Andalucía una revisión de oficio de la concesión para la reapertura de la mina. Un procedimiento que se encuentra en los tribunales y que no contó con la intervención del Consejo de Participación de Doñana.

Segura ahondó en que el principal problema medioambiental repercute sobre el dominio público hidráulico, ya que la reapertura del yacimiento «exige vaciar la corta de Los Frailes y evacuar catorce hectómetros cúbicos de agua muy contaminada a través del cauce del Guadiamar». Además, se pretende utilizar la vieja corta para depositar nuevos lodos, lo que implica la posible contaminación de las aguas subterráneas, puntualizó.

Según Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción en Sevilla, han tenido constancia de esta información a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la que la empresa adjudicataria se ha dirigido para hacer esa petición por la que solicita la autorización para realizar ese vertido. «No hay nada autorizado, ni concesión de agua ni vertido, pero la empresa sí tiene concedidos los derechos mineros», por lo que tendrían todo el derecho a recibir una indemnización en el caso de que el proyecto no prosperara, precisó. Se trata de un volumen muy superior a los seis hectómetros cúbicos que se vertieron hace veinte años como consecuencia de la rotura de la balsa de la mina y que obligó a un desembolso que rondó los 250 millones de euros, recordó.

Además, Albarreal puso el acento en que la adjudicataria es la empresa Minera Los Frailes, una filial participada al 98 por ciento por Grupo México, pese a que la concesión la ganó Minorbis-Grupo México. A juicio de las organizaciones verdes, se trata de una práctica extendida entre las multinacionales mineras y que en el fondo lo que persigue es eludir responsabilidades a través del diseño de entramados empresariales. Ya ocurrió en el caso de la empresa sueca Boliden Apirsa, que lejos de pagar por el desastre generado, cobró 36 millones de subvenciones para luego anunciar suspensión de pagos y dejar a los trabajadores en la calle, recordó Juan Carlos del Olmo.

El representante de WWF España alertó de que «hay otros posibles Aznalcóllar» que amenazan Andalucía, en alusión a la situación actual de las presas de Riotinto, en Huelva, cuya empresa responsable de la explotación minera «incumple desde hace tres años las condiciones de procesado de los lodos».

«La Junta es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra», consideró Del Olmo, que enfatizó que «no existe una minería verde ni ecológica» y advirtió de la amenaza que supone restaurar una actividad de tanto riesgo «en la cabecera del río que alimenta a Doñana». Por ello, consideró que será la propia administración andaluza la que tendría que buscar una alternativa económica para la comarca. «Es hora de acabar con esta falacia. Será necesaria una transición ecológica», abundó.

En este sentido, la directora de SEO/Birdlife en España, Asunción Ruiz, insistió en que la comunidad andaluza no cuenta «ni con normativa ni con controles administrativos estrictos ni garantistas para evitar que una catástrofe como Aznalcóllar vuelva a ocurrir». Por ello, reclamó a la Junta que la reapertura de la actividad minera en esa zona se produzca con las «mayores garantías».

A pesar de que la limpieza y regeneración del entorno, con la construcción del Corredor Verde, se considera una actuación de éxito, los ecologistas indicaron que quedan varios compromisos por cumplir como la reconexión del río Guadiamar con el Guadalquivir.


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