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Multitudinaria manifestación de pensionistas en Bilbao este 22 de febrero. / Efe
Los pensionistas, pero también los trabajadores jóvenes, están hoy llamados a un centenar de movilizaciones en toda España (solo en Andalucía hay convocadas 45 manifestaciones, dos de ellas en la provincia de Sevilla: en la capital y Lebrija) en defensa de las pensiones, la prestación pública que perciben los jubilados, viudas y otros colectivos desprotegidos.
La chispa que ha encendido una llama de indignación que lleva semanas recorriendo España ha sido la subida de estas pensiones el 0,25 por ciento, cuando la vida ha subido un 1,60.
Todas las organizaciones convocantes han llamado a participar en estos actos de protesta, que dan continuidad a las manifestaciones que se celebraron el 22 de febrero y que tuvieron su máxima expresión en Madrid, donde los jubilados y pensionistas llegaron a cortar el tráfico frente a las puertas del Congreso.
Las manifestaciones de hoy se celebran apenas unos días después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso para realizar un debate monográfico sobre las pensiones.
En su intervención, Rajoy lanzó varios mensajes: subirá las pensiones mínimas y de viudedad si salen adelante los Presupuestos de 2018; no dará marcha atrás a las reformas realizadas en los últimos años, y no actualizará las pensiones en función del IPC –el coste de la vida– porque esta fórmula «ya no es adecuada» y apenas subsiste en algún país europeo.
Rajoy no cuantificó la subida de las pensiones mínimas, pero miembros de su Gobierno aseguraron que será una subida importante. En cuanto a la viudedad, el Gobierno tiene diseñado un Real Decreto en el que se contempla la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores ingresos desde el 52 al 60 por ciento en dos años.
Los pensionistas han evitado un problema social de primera división cuando el Estado no ha estado, en los años más duros de la crisis, al mantener a sus hijos y nietos. Sin embargo, las dos reformas de las pensiones en la última década dejarán en unos 15 años sus ingresos muy mermados. Así lo explica Diego Carlos García Cebrián, secretario institucional y de Política Sindical de UGT Sevilla, y eleva esa rebaja al 50 por ciento. «La pensión máxima actual es de 2.580 euros», explica. La mínima, de 636. Y aunque la pensión estadísticamente media está entre 800 y 1.000 euros, la más frecuente apenas llega a 700.
En España cobran pensiones 8,70 millones de personas, según sus datos, de los que 1,50 están en Andalucía. Lo que pasa con ellos este año, un incremento del 0,25 por ciento, solo es el principio. A este incremento, calculado por una compleja fórmula llamada índice de revalorización, se le sumará en 2019 el llamado índice de sostenibilidad, que se actualizará cada cinco años en función de las expectativas de duración de las personas vivas. Cuanto más sobreviva la mayoría en la vejez, menos pensión cobrarán.
Que esta cicatería con las pensiones coincida –este mismo jueves– con el tercer rescate multimillonario de una autopista de peaje –solo los dos primeros equivalen a la subida de IPC que reclaman los mayores– no contribuye a desmovilizar a los mayores, que han elegido como lazo simbólico el de color marrón. «Por la mierda (sic) de pensiones que van a quedar», explica gráficamente Pablo Raez, portavoz en Sevilla de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que convoca las manifestaciones y cuenta con el respaldo de los dos sindicatos mayoritarios y de otras organizaciones sindicales, políticas y sociales. La previsión es que sea otra cita multitudinaria como lo fue el 8M.
«El movimiento surge hace dos años –en Cataluña algo antes– al calor de la necesidad de revalorizar las pensiones. No reclamamos solo la subida del IPC para este año, sino la eliminación del aberrante factor de sostenibilidad y salarios dignos para poder tener pensiones dignas: la derogación de las dos últimas reformas laborales. Para 2018 las pensiones deberían subir igual que el salario mínimo: un ocho por ciento,. Y la pensión mínima debería estar el 1.080 euros, como establece la Carta Social Europea».
La coordinadora también se opone a la privatización de las pensiones –el importe de las pensiones públicas es de 1,26 millones de euros al año– y denuncia la «esquilmación» de la Hucha de las Pensiones, que de 66.000 millones de euros en 2011 hoy apenas supera los 5.000 millones, y sostiene que en la raíz del problema está la precariedad laboral: quien trabaja y apenas cobra cotiza muy poco a la Seguridad Social. «Si la precariedad se normaliza el futuro de las pensiones es negro. Hoy salimos a la calle por la dignidad de las pensiones. Quizá quien tenga hoy 40 o 20 años tenga que salir por el simple derecho a una pensión. ¿Cómo van a ahorrar para planes privados quienes cobran 800 euros de salario?».
El secretario provincial de CCOO en Sevilla, Alfonso Vidán, también secunda la protesta de los pensionistas, como su organización. «La reforma de las pensiones de 2013, que ahora se aplica, se hizo contra el Pacto de Toledo y sin consenso».
El Pacto de Toledo es un «reparto intergeneracional», explica: los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy, lo que es mejor para las clases desfavorecidas que ir capitalizando cada uno, por su cuenta, lo que será su pensión o su plan privado, quien pueda. En los años de bonanza la caja única de la Seguridad Social gozó de una salud «excelente». Sin embargo, desde 2012 comenzó a detraerse dinero de la Hucha de las Pensiones. «En solo cinco años el deterioro ha sido tremendo», explica el dirigente de CCOO, que ve también cómo entre las actualizaciones por debajo del coste de la vida y el factor de sostenibilidad año a año el poder adquisitivo de los pensionistas se rebaje pronto en un 20 por ciento.
«El sistema de pensiones es viable. Primero tiene que crecer el empleo de calidad para que aumenten las cotizaciones a la Seguridad Social. Y también, los ingresos deben de venir no solo de esas cotizaciones, sino vía impuestos y presupuestos generales del Estado. Y que pague más impuestos quien más gane», explica.
CCOO ha calculado que simplemente incrementando dos puntos las cotizaciones empresariales se recaudarían al año 7.000 millones de euros. Si se incrementan las cotizaciones a quienes cobran un salario de más de 3.700 euros al mes, otros tantos. Otros 3.825 millones cambiando la relación entre la Seguridad Social y los presupuestos generales del Estado, y hasta 19.000 millones sacando de la Seguridad social las prestaciones a las viudas y huérfanos para llevarlos a esos presupuestos nacionales. «La suma de ahorro se acerca a los 60.000 millones de euros para la Hucha de las Pensiones», apostilla Vidán, e insiste: «El problema no es que lo que cuestan las pensiones, sino los ingresos para pagarlas».
De hecho, está convencido de que si no se toman medidas «el sistema corre peligro» y que, además, los pensionistas del futuro lo tienen más complicado que quienes han acabado su vida laboral logrando cada tres años mayores sueldos –por la antigüedad– o por ascensos hasta su jubilación: «la vida laboral de un trabajador actual tiene agujeros, lagunas de cotización por la crisis en los periodos en los que ha perdido el empleo, y el retorno al mercado laboral se hace en peores condiciones que antes. Esto hace que sus pensiones sean todavía más bajas –factores de corrección o sostenibilidad aparte–, caso de que tengan derecho porque los periodos cotizados son mínimos y los pretenden subir».
En este diagnóstico coincide García Cebrián, que además de su cargo en el sindicato es vicepresidente del Consejo Económico y Social de Sevilla y de la Diputación, recién creado, aunque su diagnóstico es más crudo en los porcentajes: si hoy la pensión habitual es de 700 euros, quienes ahora tienen 45 años cobrarán al jubilarse pensiones de 350, por culpa de la precariedad laboral, las bolsas de fraude en la cotización y el temor a denunciar estos abusos a la Inspección de Trabajo.