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La educadora social Alba Gamero y el psicólogo Alberto García. / José Luis Montero
La Ley de Responsabilidad Penal del Menor contempla un amplio abanico de medidas que los jueces pueden imponer. Cada vez menos, porque se reservan para los casos más graves, optan por su internamiento. En el 80 por ciento de los casos imponen medidas de medio abierto. En el primer semestre del año, el 52 por ciento de estas medidas fueron de libertad vigilada (2.760 casos), una opción que los profesionales ven «la más completa» porque suele compatibilizarse con la asistencia a centros de día, terapias, talleres o la obligación de retomar los estudios. Las otras medidas más aplicadas –con disparidades en cada provincia– son los talleres socieducativos (580 menores los realizaron de enero a junio) y las prestaciones en beneficio de la comunidad para delitos donde se ha causado un daño a la sociedad que se busca reparar. 580 menores hicieron horas de trabajo voluntario en entidades como Cruz Roja, el Banco de Alimentos o Madre Coraje y ayuntamientos o diputaciones con los que la Junta tiene convenios. En Sevilla, tanto la Diputación como el Ayuntamiento de la capital y de otros 40 municipios tienen acuerdos para que menores infractores colaboren esas horas con servicios y empresas municipales, normalmente de parques y jardines o limpieza del mobiliario urbano ya es muy recurrente en casos de delitos contra el patrimonio. Su particularidad es que el menor debe dar su consentimiento. El coordinador del servicio integral de medidas de medio abierto de Sevilla, Alberto García, reconoce que cuando los jueces se lo proponen «normalmente aceptan porque saben que hay otras medidas más restrictivas».
Otros 463 menores han acudido en el primer semestre a terapias para problemas de salud mental o drogodependencias; 191 han vivido unos meses en pisos compartidos con otros menores para trabajar problemas de convivencia; 90 jóvenes acudieron a centros de día –donde se desarrollan talleres y terapias–; y el resto cumplieron medidas de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima (87), fines de semana de permanencia en sus casas (33) o en centros específicos (14).
El equipo técnico de la Fiscalía de Menores hace un informe a partir del cual el fiscal tipifica los hechos y propone una medida, pero es el juez el que decide. Impone el tipo de medida y el tiempo. A partir de ahí, el menor es derivado al servicio integral de medidas de medio abierto, que en Sevilla gestiona la entidad Meridianos, donde un equipo de psicólogos y educadores sociales analiza su caso, incluso visitando su casa para «ver su entorno y romper la frialdad y el nerviosismo del centro».
Según lo dictado por el juez, se le deriva a una asociación conveniada donde cumplir la medida pero un profesional del servicio le hace un seguimiento periódico y se encarga de hacer los informes pertinentes al juez. Pueden proponer modificar la medida acordada por el juez, suspenderla o ampliarla y no es infrecuente porque lo que «es más eficaz depende del chico» y se trata de ajustar la medida al perfil del joven y que «los objetivos planteados sean también de ellos».