«Se intenta contaminar la Justicia por intereses políticos»

—Preside un Alto Tribunal que coordina más de 800 juzgados de Andalucía, Ceuta y Melilla ¿Qué problemas específicos presenta la administración de justicia en Andalucía?

—Comparte problemas con el resto de territorios de España, con un sistema judicial insostenible e inoperativo. No es posible demorar más la difícil tarea de racionalizar los instrumentos personales y materiales, así como impulsar reformas que culminen con la modernización de la justicia y de las leyes procesales. Estos problemas se agravan en Andalucía por la gran extensión del territorio y el elevado número de órganos judiciales, por tener grandes poblaciones fluctuantes, muchos kilómetros de costa y especial complejidad en algunos fenómenos delictivos. También habría que destacar la alta litigiosidad que, año tras año, sigue a la cabeza, con 209,4 asuntos por cada mil habitantes frente a la tasa en el conjunto del Estado de 179,7. Ello se traduce en la necesidad de aumentar las plazas judiciales y llevar a cabo una redistribución de funcionarios, peticiones que reiteradamente viene haciendo este TSJA sin resultado.

—¿Es lógico que los medios de uno de los tres poderes dependan de otro poder cuando cada vez más ustedes deben juzgar a sus responsables por delitos en el ejercicio de sus funciones?

—Siempre he defendido una mínima autonomía del Poder Judicial, por ahora inexistente, en la gestión de los recursos disponibles. Cuando menos, los órganos de gobierno deben poder ejercer funciones de planificación y ejecución de las medidas de refuerzo. Sería muy operativo, por ejemplo, que en el TSJA dispusiéramos de un grupo de funcionarios para perfilar medidas temporales de refuerzo dentro de cada provincia, dar una respuesta rápida a circunstancias excepcionales de pendencia o necesidades puntuales por asuntos de especial complejidad y tramitación.

— Adaptar la justicia al siglo XXI ¿depende más de la digitalización, de reformas legislativas para que los procesos no se eternicen o de cambios sociales que impongan mayor uso de la mediación y dejen los juzgados como último recurso en pleitos administrativos y civiles?

—Pues ha hecho un resumen de todo lo que se debería hacer. La digitalización, un tren del que ya no nos podemos bajar, es fundamental pero no ayudaría ella sola a modernizar la Justicia. Son necesarios también cambios organizativos y estructurales. El denominado «proyecto papel cero» es el punto de partida de ese desarrollo tecnológico pero queda mucho camino que recorrer para dejar atrás el arcaísmo y que desaparezca la brecha digital que padece la Justicia.

Respecto a la estructura organizativa, es necesario que los órganos unipersonales caminen hacia una colegiación similar a la de las Salas y Audiencias, superando el actual sistema que impide o dificulta enormemente compartir recursos e información, al tiempo que permitiría reducir costes, duplicidades y tiempo.

Y por último, es fundamental que la modernización procesal sea una realidad, especialmente en la reforma del proceso penal, que ocupa el trabajo del 75 por ciento de los órganos judiciales de Andalucía.

Además, una mayor racionalización del uso de la justicia, acompañada de la consolidación de sistemas complementarios de resolución de conflictos contribuiría a que nuestro sistema judicial fuese más eficiente.

Para que todas estas iniciativas se puedan poner en marcha es imprescindible la implicación urgente de las Administraciones.

—Siempre que hablan de falta de medios denuncian la falta de voluntad política. ¿Hay voluntad política de que la Justicia no esté bien dotada de medios?

—No podría aseverar que existe esa voluntad política contraria a dotar a la Justicia de medios. Sí puedo transmitir que en el colectivo judicial nos sentimos eternamente a medio camino, y la ansiedad que deriva de la escasa velocidad reformista no puede ocultarse. Los jueces necesitamos mayor implicación del resto de poderes. El reciente mensaje ministerial es la «estrategia nacional de justicia», pero llevamos hablando desde 2001 de Pacto de Estado de la Justicia o de la justicia como cuestión de Estado. En el preámbulo del Pacto por la Reforma de la Justicia que las principales fuerzas políticas firmaron en 2001 ya se decía que se consideraba vital una reforma de nuestro sistema judicial, que ya se calificaba de trasnochado e ineficaz. Por eso considero que no puede haber más dilaciones. Y que las frases grandilocuentes sobre la reforma de la Justicia no terminen en papel mojado cada año, sino que sea perceptible el tratamiento de la justicia como un servicio público prioritario.

—¿Está preparado el sistema judicial español, con el actual Código Penal, para que la corrupción en este país no quede impune?

—Es necesario que haya importantes reformas en el proceso penal con el fin de que los juzgados puedan dar una respuesta judicial efectiva a las causas sobre corrupción en tiempos más razonables. El Código Penal puede dar respuestas adecuadas pero si esos conflictos tardan años en resolverse, no habrá tutela judicial efectiva. La celeridad en la tramitación debería ser lo normal y resulta especialmente necesaria en aquellos supuestos que afectan a la vida pública, en los que se investigan supuestos actos de corrupción y en los que aparecen implicados representantes o cargos públicos. Pero dicho objetivo no se puede alcanzar mediante la simple fijación legal de plazos o límites temporales a la instrucción, que en algunos casos va a ser difícil cumplir. Debe ir acompañada con más medios humanos y materiales, agilidad en los dictámenes e informes periciales y/o policiales, digitalización, procedimientos rápidos, reordenación de los recursos procesales.

—Los jueces decanos reunidos recientemente en Málaga exigieron al Consejo General del Poder Judicial más contundencia al defender la independencia judicial ¿Hay hoy más ataques por parte de representantes políticos? ¿se ha perdido cierto respeto entre poderes o es una respuesta a la persecución de la corrupción política?

—No hay duda de que, en muchos casos, se intenta contaminar la Justicia por intereses políticos. Nos encontramos un constante etiquetado del juez: amplios sectores de opinión sugieren continuamente que hay jueces que actúan en función de preferencias políticas o ideológicas cuando intervienen en procesos que tienen por objeto asuntos de cierta trascendencia para el debate político. Frente a todo ello, es nuestro deber, tanto del CGPJ como del TSJA, proclamar la independencia con que desempeñamos nuestro trabajo y nuestro exclusivo compromiso con la ley. Así lo hemos demostrado en estos años difíciles donde los conflictos se han enconado, proliferan los casos de corrupción política y económica. Con profesionalidad, y en la medida de nuestras posibilidades, los jueces vamos solventando múltiples problemas personales y sociales, persiguiendo la corrupción.

—En Andalucía en concreto, casos como el presunto fraude de los ERE o en las ayudas para formación, que han tenido consecuencias políticas, ¿han deteriorado las relaciones con la Junta? No sólo me refiero a lo estrictamente institucional sino si han tenido consecuencias en que sus demandas caigan más en saco roto

—Las relaciones institucionales entre poderes deben mantenerse por el bien de las propias instituciones, y así lo hemos procurado, aunque es cierto que se complican cuando aparecen este tipo de investigaciones. Tampoco hay una percepción general de que, debido a esos casos, las demandas no sean atendidas. Hemos vivido una época de crisis generalizada que ha afectado a las ya escasas inversiones que se hacían en la Administración de Justicia.

—Se habla de la competencia entre la Policía y la Guardia Civil por hacer macroperaciones. La primera gran macrocausa contra la corrupción fue la operación Malaya en Marbella que el primer instructor tuvo que llevar en secreto con un grupo de agentes para evitar filtraciones. Años después, la jueza laya se hizo famosa con registros y detenciones muy mediáticos en los ERE ¿Ha llegado la competencia a los jueces por convertirse en azote de los corruptos?

—No lo creo existente ni predicable en general. La única realidad cierta en estos años es la constante traslación de conflictos al espacio judicial, de forma que el juez se ve, a menudo, atrapado en la dinámica desencadenada por quienes buscan la explotación política y mediática de un proceso. Nuestro protagonismo es mayor del que sería deseable. A menudo se recurre a los tribunales cuando la solución de ciertos conflictos y la corrección de determinadas conductas debiera quizá encontrar acomodo en la responsabilidad política o en el derecho administrativo. Pero no pienso que esa situación pueda generar ningún tipo de competencia o protagonismo. Somos profesionales. ~