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La velocidad y las distracciones son las principales causas de accidentes. / Jesús Barera
Una de cada tres acusaciones que formulan los fiscales en España y una de cada tres sentencias que dictan los jueces son por delitos contra la seguridad vial, que en su inmensa mayoría (alrededor del 90%) acaban en conformidad. Estos son algunos de los datos que ha ofrecido esta semana en rueda de prensa el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien cifró en 76.260 los escritos de acusación de los fiscales en 2017 por delitos de tráfico, el 29% del total de todo tipo de procesos. Unas acusaciones que dieron lugar a 81.951 condenas, que suponen el 32% de las 254.608 que dictaron los jueces en toda España por todo tipo de delitos.
Esta semana Bartolomé Vargas remitió un oficio a todas las policías de tráfico para que investiguen la utilización del teléfono móvil en relación con los accidentes de circulación, como las llamadas que se hayan realizado previas al siniestro. La Fiscalía considera que de las 600 muertes que se produjeron el pasado año en las carreteras por salida de vía, una buena parte tuvo como causa el uso del teléfono móvil, por lo que exigió una investigación más exhaustiva por parte de las policías. Asimismo, en el oficio reclamó a las autoridades de tráfico de todas las administraciones que incrementen los controles de alcohol y drogas al volante y de la velocidad, factor este último presente en el 30% de los accidentes.
Porque el uso del móvil, los excesos de velocidad y el consumo previo de alcohol, o de drogas o de psicofármacos son el «quinteto» de la muerte, según resaltó Vargas, quien rechazó que el repunte de la siniestralidad se deba a la mejora de la situación económica o al aumento de los desplazamientos. «Constituye una excusa para no ofrecer respuestas adecuadas», enfatizó el fiscal.
Para la Fiscalía, el repunte tiene que ver más bien con el «progresivo descuido, cuando no la deliberada vulneración por los conductores de las normas».
Y entre las infracciones, el fiscal cree que el uso del móvil al volante es una de las más importantes y, por eso, pide a las policías de tráfico que, dentro de los límites legales, investiguen esa utilización previa al accidente y, si se puede, realicen informes detallados sobre la duración de la llamada o la frecuencia de uso durante el trayecto en el que se produjo el siniestro. De todos modos, Vargas reconoció que es necesario realizar –y en ello está la Fiscalía– un examen jurídico para ver hasta dónde puede llegar esa investigación, porque no se hará nada que «no esté dentro de la estricta legalidad procesal».
Mientras, sí existen otras vías, como los propios testigos, la ubicación del teléfono (por ejemplo, en el asiento del conductor), la declaración del conductor, etc...
Vargas recordó que si se constata que la causa del accidente es la desatención del conductor, se considera imprudencia grave. Si se produce un fallecimiento, la pena puede oscilar entre 1 y 4 años de cárcel, además de la pérdida del carné por 6 años; y si son lesiones, la pena será de hasta 3 años, con la privación del permiso de conducir por hasta cuatro años.