¿Y quién cuida de los expertos en cuidados?

El creciente envejecimiento de la población y la profusión de enfermedades crónicas realzan más si cabe el rol de la enfermería en la sociedad actual. Con su trato cercano, su dedicación abnegada y su capacidad para empatizar con los pacientes y sus familiares, estos expertos en cuidados son un pilar insustituible de la sanidad pública andaluza.

Sin embargo, en este Día Internacional de la Enfermería que se celebra hoy, 12 de mayo, el sector no puede sentirse cuidado y protegido; más bien al contrario: la progresiva reducción de la plantilla desde 2009, el agravio comparativo en las retribuciones y el interminable conflicto a cuento de las limitaciones en la prescripción traen por la calle de la amargura a una profesión maltratada como pocas en estos años de recortes.

Los enfermeros no sólo quieren recuperar su sitio sino que demandan un impulso para su expansión con la implantación de las especialidades, una de las reivindicaciones históricas del colectivo, y la incorporación a nuevos espacios, como los centros educativos, donde seguir desarrollando una labor sin duda esencial.

UNA RATIO INADECUADA

La pérdida de efectivos en todo el Sistema Sanitario Público Andaluz ha sido una constante en la última década, de manera que desde 2009 hasta el último trimestre de 2017 la plantilla se ha visto reducida en 4.465 profesionales (de 26.215 se ha pasado a 21.750), tal y como se refleja en el portal de transparencia del SAS.

La provincia de Sevilla es la que ha sufrido la destrucción de empleo enfermero en mayor medida, ya que los centros sanitarios cuentan con 936 profesionales menos (6.129 en 2009 y 5.193 a finales del año pasado), lo que significa una reducción del 15,27 por ciento. Eso sí, en términos porcentuales la pérdida ha sido mucho más sangrante en provincias como Almería, donde se ha pasado de 2.274 enfermeros a 1.461 (un 35,75 por ciento).

Estas cifras se traducen en que las ratios de profesionales de Enfermería del SAS respecto de la población andaluza son las peores de todas las comunidades autónomas del Estado y se encuentran muy alejadas de las de otros países del entorno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa la media en ocho enfermeros por cada 1.000 habitantes, mientras España sólo tiene 5,5, cifra que en el caso andaluz baja hasta los 2,8 enfermeros por cada 1.000 andaluces.

El Sindicato de Enfermería (Satse) considera que es necesario incrementar la plantilla en, al menos, 7.000 profesionales, sólo para empezar a recuperar las plazas destruidas y acercarse a la media nacional. Se trata de la categoría que más ha sufrido los recortes de estos últimos años, no sólo por la política de la Junta de Andalucía, sino por medidas impuestas desde el Gobierno Central como las tasas de reposición.

SUELDOS MUY BAJOS

El propio sindicato denuncia que el Servicio Andaluz de Salud mantiene también una clara discriminación en materia retributiva hacia los enfermeros (afecta igualmente a los fisioterapeutas), a los que se les niega el reconocimiento de su nivel profesional dentro del grupo A1, que le corresponde por su formación académica de Grado.

El mantenimiento de estas categorías en el subgrupo de clasificación A2 implica una pérdida salarial para los profesionales afectados de 153 euros mensuales en su sueldo base, que es de 1.131,36 euros para el grupo A1 y 978,26 para el A2 en el año 2018, lo que supone unos 1.830 euros anuales menos. A esto hay que sumar una diferencia de 8,04 euros mensuales en concepto de trienios, fijados en 43,52 euros para el grupo A1 y 35,48 para las categorías del grupo A2.

Dado que el 76,7 por ciento de la profesión en Andalucía son mujeres, estos sueldos no hacen sino aumentar la brecha salarial de género.

LA PRESCRIPCIÓN

Otro de los quebraderos de cabeza que viene afectando a la profesión desde hace dos años es el de la prescripción enfermera, ya que el Real Decreto 954/2015 ha convertido en ilegales muchas de las actuaciones que los profesionales desarrollan en su día a día, tales como la administración de vacunas, de analgésicos o de oxitocina en el parto, así como la simple cura de heridas, por lo que les ha generado un notable perjuicio no sólo a los enfermeros sino a los propios pacientes y a la actividad asistencial diaria en los servicios sanitarios.

Una situación incomprensible que, menos mal, parece en vías de solucionarse, ya que el pasado 24 de abril el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud refrendó un nuevo redactado que incluye el reconocimiento de la correspondencia entre el título de Graduado en Enfermería y el de Diplomado, lo que permitirá a los profesionales obtener la acreditación que exige la Ley del Medicamento sin tener que realizar formación adicional alguna. No obstante, el texto no tendrá efecto hasta que sea revisado por el Consejo de Estado, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE.

LAS ESPECIALIDADES

El desarrollo e implantación de las especialidades de enfermería es otro de los puntos que viene demandando el colectivo desde hace años. En abril de 2016 fue aprobada en Mesa Sectorial la orden que creaba la categoría profesional de enfermera especialista en el ámbito del SAS, publicada antes de finalizar ese año (17 de noviembre) en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En junio de 2017 se firmó un nuevo acuerdo en Mesa Sectorial, en el que se alcanzaba el compromiso de comenzar de forma inmediata por la categoría de Salud Mental, para seguir más adelante con el resto: Obstétrico-Ginecológica (matrona), del Trabajo, Familiar y Comunitaria y Pediátrica. Sin embargo, a día de hoy sigue sin desarrollarse una categoría que permitiría a la población ser atendida por profesionales de enfermería formados para ofrecer cuidados altamente especializados, redundando además en una mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

ENFERMERA ESCOLAR

Por último, Satse y la Confederación Andaluza de Ampas vienen reclamando, desde hace un año, la implantación paulatina de la figura de la enfermera escolar hasta dar cobertura a los 4.881 centros docentes de la comunidad, medida que supondría normalizar la vida de escolares con enfermedades crónicas, así como fomentar los hábitos de vida saludables y evitar en gran medida el absentismo escolar. Ya se han presentado diversas iniciativas en el Parlamento.