Protocolo para mejorar la seguridad en medios acuáticos

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess), Isabel García han sido los encargados de firmar este acuerdo.

06 mar 2023 / 17:07 h - Actualizado: 06 mar 2023 / 17:12 h.
"Junta de Andalucía"
  • El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess), Isabel García firman el protocolo / EP
    El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess), Isabel García firman el protocolo / EP

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess), Isabel García, han firmado un protocolo general de actuación para prevenir accidentes y salvar vidas en el medio acuático andaluz (playas, piscinas, ríos, pantanos, etcétera).

La firma, que ha tenido lugar este mediodía en el Palacio de San Telmo, “sitúa a Andalucía como referente absoluto en la prevención de ahogamientos en espacios acuáticos”, ha explicado Antonio Sanz, que ha destacado que la comunidad autónoma andaluza va a ser el primer territorio español en implementar una Estrategia Integrada de Seguridad Acuática y va a liderar la estrategia nacional en esta materia.

“Gracias a este protocolo el Gobierno andaluz va a ser también pionero en la implantación de una formación común para los socorristas de España. Y Andalucía será comunidad autónoma de vanguardia en la implantación de la Bandera Europea de Seguridad”, ha detallado el consejero de la Presidencia, según se indica en nota de prensa.

Estos ejes de actuación posicionan a Andalucía en la primera línea de la prevención de accidentes y muertes en el medio acuático. El año pasado, según el Informe Nacional de Ahogamientos que realiza la Real Federación, casi 400 personas (394) murieron ahogadas en España, 56 de ellas en Andalucía.

El servicio 112 coordinó en el año 2021 un total de 426 rescates en playas, mar, piscina y aguas interiores, 304 en 2022, casi un 29% menos; mientras que en lo que llevamos de año han sido 33 los rescates en el medio acuático. “Nuestra aspiración es reducir la cifra de fallecidos y lesionados”, ha apuntado el consejero, que ha desgranado los detalles del acuerdo.

La Real Federación y la Consejería de la Presidencia se han comprometido a desarrollar un conjunto de actuaciones que permitan favorecer la prevención de accidentes en el medio acuático y salvaguardar la vida en estos espacios mediante el impulso de la cultura de salvamento.

Del mismo modo, han acordado avanzar en la formación e información, así como en impulsar la capacitación en materia de salvamento a las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil, Policías Locales, Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, el socorrismo voluntario, profesional y cualquier otro que contribuya a la mejora de la seguridad pública.

“Recordemos que hay más de 300 agrupaciones del voluntariado de Protección Civil en Andalucía y más de 7.000 voluntarios que formados son un ejército que puede salvar muchísimas vidas”, ha explicado Antonio Sanz.

La firma del protocolo general de actuación también ha incluido el compromiso de desarrollar juntos trabajos para la homologación en Andalucía de los estándares europeos para la evaluación de riesgos de los espacios acuáticos a fin de prevenir lesiones y fallecimientos por ahogamientos.

A lo que ha sumado, asimismo, el establecimiento de los cauces oportunos para vertebrar acciones comunes de investigación, asesoramiento y de cualquier otra naturaleza, de cara a la innovación y desarrollo de nuevas técnicas y uso de nuevas tecnologías que impliquen avances en salvamento y socorrismo, en definitiva, en un mayor nivel de seguridad pública. El protocolo cuenta con una comisión de seguimiento que se va a reunir periódicamente para garantizar que todo lo firmado se lleva a término.

El consejero ha agradecido a Isabel García y a la Federación su disposición a trabajar en beneficio de la seguridad de los millones de andaluces y visitantes que cada año disfrutan de playas, ríos o piscinas, especialmente en la época veraniega.

Sanz ha recordado que la Consejería patrocinó en 2021 el Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos (Ciprea) celebrado en Córdoba, un foro de debate referente en la concienciación social sobre la seguridad acuática y terrestre; al tiempo que ha explicado que esta firma viene a ampliar el trabajo que se comenzó a perfilar en el 2020 con el Decreto Ley de 12/2020 por el que se establecieron medidas urgentes de seguridad en playas.

Una norma que tuvo como resultado un elemento tan importante como los planes de seguridad y salvamento, además del Catálogo General de Playas de Andalucía, que permite al ciudadano conocer de manera actualizada y precisa el estado de las playas, sus características físicas, ubicación, grado de protección según la temporada y aspectos relativos a la seguridad en caso de emergencia.

“No olvidemos que el mayor número de muertes se produce en las playas y en zonas o momentos en los que no existe vigilancia. Les adelanto que seguimos trabajando en la mejora de este catálogo y en la actualización de la app, la aplicación para teléfonos móviles. A través de esta herramienta, todos los andaluces y visitantes que acudan a la comunidad autónoma durante el verano podrán tener información certera y actualizada de las 503 playas repartidas por 62 municipios andaluces costeros”, ha concluido el consejero.

La firma del protocolo ha contado también con la presencia del viceconsejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Tomás Burgos, y la secretaria general de Interior, Lourdes Fuster, cuya secretaría presidirá el primer año la comisión de seguimiento del protocolo firmado que tiene una duración de cuatro años prorrogables a otros cuatro.


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