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Los presos condenados por el procés. / EFE
Los magistrados del Tribunal Supremo que integran la Sala que ha juzgado el 'procés' independentista en Cataluña han firmado y notificado este lunes la sentencia que, según el acuerdo unánime alcanzado entre los magistrados, califica de sedición los hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Cataluña. El Supremo ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición y malversación en el procés, en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad, que no irán a prisión.
Penas
El Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de sedición en la causa del procés; al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a nueve años de cárcel y otros nueve de inhabilitación por un delito de sedición en la causa del procés; han absuelto por unanimidad del delito de malversación a los tres únicos exconsellers que estaban en libertad, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, con lo que no entrarán en prisión, aunque les ha condenado a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia en la causa del "procés"; ha impuesto 12 años de cárcel a los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición con malversación; y diez años y medio de prisión por sedición al extitular de Interior Joaquim Forn y a Josep Rull.
Cuatro meses y 52 sesiones de juicio
El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de junio, cuatro meses y 52 sesiones después de su arranque el 12 de febrero de este mismo año. Desde entonces el tribunal ha estado deliberando por bloques jurídicos y este último fin de semana los magistrados realizan una última lectura del texto.
La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal y se aplica a quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.
Al optar por este delito, cuya aplicación es la que finalmente habría logrado la unanimidad de los siete magistrados que integran el tribunal, desde los Servicios Jurídicos del Estado se reclamaron penas rebajadas casi a la mitad con respecto a las instadas por el Ministerio Público, que llegaban a los 25 años de cárcel en el caso del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.
Optan así por un delito contra el orden público en concurso medial con otro de malversación por los que se condenará a penas de cárcel e inhabilitación a los nueve líderes independentistas en prisión. Los tres exconsejeros que siguieron el juicio en libertad serán previsiblemente exonerados de este último delito y sólo serán castigados por desobediencia.