La situación es de emergencia en lugares como Ceuta, Melilla y sobre todo en Canarias. Donde casi triplican su capacidad de acogida de menores no acompañados. Allí hace tiempo que las cifras son insostenibles y por ello el Gobierno Central y el autonómico de las islas buscan impulsar una reforma a la ley de extranjería. De aprobarse, si hay una comunidad afectada que supera el 150 % de su capacidad, sería obligatorio para el resto de España aceptar el reparto de los menores. Un plan que cuenta con un rechazo mayoritario de los gobiernos regionales y que complica los pactos políticos a nivel incluso, nacional. El PP y Coalición Canaria gobiernan juntos, por lo que son los populares a nivel autonómico, los que enfrentan de cerca esta gran problemática. Se muestran más dispuestos a aprobar la reforma. Pero a nivel nacional, prefieren no pronunciarse y dejarlo en manos de sus ejecutivos autonómicos. Esto ha molestado a Vox, completamente contrarios a la medida. Hoy amenazan incluso con romper con los populares en las comunidades donde gobiernan juntos si el PP acepta el plan. Las complicaciones llegan también al gobierno central, la Generalitat no da su visto bueno a la propuesta y a ese rechazo se suma Junts. Mientras la tensión entre partidos se dispara. Canarias no tiene tiempo para esperar.
