-
Los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El juez Álvaro Martín ha dictado el auto de procedimiento abreviado que cierra la instrucción de la primera pieza de la macrocausa de los ERE tras cinco años, la pieza política referida al procedimiento específico creado en la Junta para conceder las ayudas sociolaborales usado durante una década pese a las alertas de la Intervención de que no era adecuado y que permitió que se prejubilarán con dinero público personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiadas y se otorgaran a empresas de forma arbitraria y discrecional. En esta pieza eran investigados 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que abandonaron la política por ello.
Precisamente, por los informes de la Intervención emitidos desde 2005, el juez Martín ha imputado presunta prevaricación continuada para cometer presunta malversación de fondos de fondos públicos a quienes ocuparon cargos a los que se dirigían los informes posteriores a esa fecha, entre ellos Griñán -entonces consejero de Hacienda- y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, entre otros. En el caso de Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez sólo les imputa un delito de prevaricación continuada. Los primeros se enfrentan a penas de entre cuatro y ocho años de cárcel. Los segundos a entre dos y seis años de inhabilitación para cargo y empleo público, aunque en el caso de Chaves está jubilado. Se enfrentan a entre dos y seis años de inhabilitación para cargo público.
De los 51 ex altos cargos de la Junta investigados, el juez imputa definitivamente a 26 y archiva la causa contra 24, la mayoría miembros del consejo rector de IDEA, agencia pública dependiente de la Consejería de Innovación que actuaba como organismo pagador de las ayudas. Uno de esos miembros desimputados es el presidente de Unicaja Braulio Medel, al que sólo acusaba el sindicato Manos Limpias y tras cuya declaración, a la que asistió el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, anunció que pediría su pase a testigo.
La Audiencia Nacional indaga si Unicaja pagó un millón de euros a Ausbanc para que retirara la acusación en el marco de una presunta trama de chantajes a entidades bancarias urdida por el presidente de esta entidad junto al líder de Manos Limpias, ambos en prisión.
El resto serán procesadas por la Audiencia Provincial de Sevilla. El juez ha notificado a las partes personadas en la causa el auto y dado a éstas tres días de plazo para presentar sus recursos. Mientras que tienen otros 10 para apelar a la Audiencia. El plazo para presentar escrito de petición de archivo o acusación con penas reclamadas que les da es de 45 días a partir de que llegue al juzgado una documentación pedida que aún falta, de la Intervención y el despacho Garrigues, pero que el juez entiende que no alteran la instrucción. Tras ello, elevará el auto definitivo a la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de enjuiciar el caso dadas las penas que conllevan los delitos imputados.