A la pregunta de cuánto dinero recuperó la Junta de Andalucía del fraude de los ERE, el Ejecutivo andaluz se aferra a la cifra de los 84,57 millones de euros que han sido reclamados. El mismo interrogante sobre el presunto fraude de los cursos de Formación fue respondido por la presidenta Susana Díaz en su comparencia, a finales de mayo, ante la comisión parlamentaria que investigó este caso: «De los 90 millones reclamados se recuperaron tres a fecha de marzo».
La información del Gobierno andaluz es desinformación para el PP, que se ha quejado en numerosas ocasiones de las «fintas» del Ejecutivo sobre esta cuestión. El periplo de los populares para obtener más datos les ha llevado a formular preguntas a los consejeros de Empleo en el Parlamento, presentar iniciativas en la Cámara y reiterarlas en la dos comisiones de investigación que se crearon sobre estos dos casos. También acudió al Portal de la Transparencia y presentó una solicitud a la Consejería de Hacienda, que fue derivada a Empleo, y cumplidos los 40 días de plazo legal fue desestimada. La diputada popular Teresa Ruiz-Sillero anunció ayer que su partido presentó una queja ante el Consejo de Transparencia, que fue admitida a trámite el pasado 22 de julio, en la que se pide nuevamente las cifras sobre el dinero recuperado.
Desde que sustituyó al frente de la Junta a José Antonio Griñán, Susana Díaz se afanó en poner distancia con los casos de corrupción que salpicaron a la cúspide de la administración andaluza y repitió en más de una ocasión su «compromiso firme» en recuperar el dinero público mal usado para destinarlo a la creación de empleo. Pero esa voluntad, en el caso de los ERE, no depende únicamente ni de la presidenta ni del Gobierno andaluz, también de los jueces que deben dirimir los recursos contencioso-administrativos presentados contra sus resoluciones de reintegro por los beneficiarios de ayudas, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido «la total ausencia de procedimiento de otorgamiento de ayuda». Estos recursos sobre las ayudas que han sido reclamadas por la Junta superan los 44 millones de euros. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hace unos meses en el Parlamento que un 30 por ciento de los expedientes de reintegro que ha iniciado la administración andaluza están paralizados por «recursos judiciales y otros motivos».
Por otra parte, el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín, manifestó en la comisión de investigación «no poder cuantificar» la cantidad de dinero que se había recuperado debido a que el periodo de recaudación por vía ejecutiva es competencia de la consejería de Hacienda.
Ni las explicaciones ni los datos aportados por la Junta convencen al PP: «¿Cómo es posible que hayan pasado quince años desde que comenzara el fraude y sigamos sin saber nada del dinero recuperado?», se preguntó ayer Ruiz-Sillero. «Si la Junta no está recuperando el dinero, algunos cargos públicos podrían estar incurriendo en distintos tipos delictivos, lo que constataría el fraude», dijo.
