La historia del glifosato se remonta a los años 70, cuando la multinacional Monsanto, el gigante de los transgénicos, patentó este herbicida y lo comercializó bajo el nombre de Roundup. Desde que comenzó a venderse, la efectividad de la molécula de glifosato se convirtió en el principal ingrediente de la mayoría de los herbicidas que se comercializan desde los años 80. Sin embargo, tras casi cuatro décadas de fumigaciones, la Organización Mundial de la Salud alertó en 2013 de que se trata de un disruptor endocrino: una sustancia que puede causar modificaciones hormonales en seres vivos causando enfermedades.
La Comisión Europea sin embargo, pese a las alarmas de la OMS y las exigencias de los grupos ecologistas no acaba de prohibir el glifosato y le va dando moratorias a la decisión de erradicarlo del mercado. En Bruselas, atendiendo a los intereses de los lobbys agrícolas, se han aprobado los criterios para determinar qué productos son disyuntores endocrinos, estableciendo que para que se trate de una sustancia catalogada como peligrosa por sus daños hormonales tiene que haber una elevada evidencia de los daños en seres humanos ante la exposición a estos productos. No le vale a Europa la evidencia de toxicidad en ensayos de laboratorio ni las pruebas en animales.
La OMS en este sentido es concluyente y relaciona los disruptores endocrinos con daños al sistema reproductor masculino y femenino; tumores en órganos hormonodependientes (cáncer de mama, ovarios, próstata, testículo, tiroides), alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico; enfermedades metabólicas (síndrome metabólico, diabetes y obesidad) y trastornos del sistema neuroinmunológico (fibromialgia, esclerosis múltiple). «Con los criterios propuestos por la Comisión, ninguno de los 70 plaguicidas que tienen estas características serán regulados y se socava el reglamento europeo de plaguicidas, que contempla que no se utilice ninguna sustancia con estas propiedades que cause o pueda causar daños sobre la salud y el medio ambiente», explican desde Ecologistas en Acción. Si en Bruselas prefieren eludir el tema y van dando moratorias al uso de glifosato, en España la situación no es mejor. El glifosato no aparece entre los productos prohibidos y el Gobierno del PP se ha negado sistemáticamente a responder a las preguntas parlamentarias que se le han hecho respecto a su postura frente a este herbicida.
Ante la permisividad de las administraciones europea y nacional, algunos ayuntamientos han decidido tomar cartas en el asunto. Es el caso del Ayuntamiento de la localidad sevillana de Bormujos, que acaba de aprobar en Pleno «prohibir la aplicación del glifosato y otros herbicidas químicos en la totalidad del territorio del término municipal de Bormujos para todos los usos no agrarios en los espacios públicos, vías, carreteras o redes de servicio (tanto directamente por los servicios municipales, como por cualquier otra entidad, o empresa, concesionaria, o prestataria de servicios públicos)».
«La primavera ha durado mucho tiempo y esta primavera prolongada ha producido mucho más crecimiento de hierbas; al ver las posibles alternativas y herramientas para eliminar estas hierbas encontramos que hasta ahora se usaba sólo herbicida», sostiene el concejal delegado de Medio Ambiente, Eduardo Díaz Parrado. «La moción ha supuesto un cambio en la forma de hacer las cosas, ya que aquí lo que se hacía era comprar litros y litros de herbicida».
Otros ayuntamientos vecinos, como el de Bollullos de la Mitación, también trabajan en la erradicación de estos herbicidas nocivos para la salud. El alcalde bollullero, Fernando Soriano ha explicado a El Correo que «nuestro objetivo es conseguir una gestión sostenible y ecológica de nuestros espacios verdes, para lo cual estamos trabajando en diferentes proyectos piloto para conseguir alternativas al uso del glifosato». En Bormujos han recurrido a «métodos alternativos más económicos y ecológicos sin productos químicos que no dañen la salud ni el medio ambiente, como los mecánicos y térmicos aplicados en la mayoría de los países de la Unión Europea, o los métodos de control biológico que tienen un mayor potencial de generación de empleo», indica la moción por la que Bormujos se suma a la todavía incipiente lista de municipios libres de glifosato. «Usamos sal y ácido ascético (vinagre) y recurrimos a podas manuales y desbroces», aclara el delegado de Medio Ambiente, «lo cual aunque sea algo más caro, es más saludable y sobre todo ha dado puestos de trabajo». Otro de los métodos es térmico: una espuma caliente que se aplica en la planta y otros productos naturales que actúan como herbicidas sin contraprestaciones sanitarias. «Esto no es un todo o nada, hay que llevar a cabo soluciones a medida y hay que dar soluciones específicas para cada zona ya que en cada espacio hay diferentes especies».
Que hay vida después del glifosato y que se pueden gestionar de manera sostenible y ecológica las zonas verdes de grandes ciudades, es algo que saben muy bien en Zaragoza, Tenerife, Barcelona o Gijón, donde ya han acordado dejar de usar glifosato en sus municipios. Más cerca, geográficamente, está el caso de Mijas (Málaga), el primer municipio andaluz que dijo no al glifosato. Pero la gran guerra contra este y otros disruptores endocrinos se lleva a cabo con acento francés, ya que es el país galo el que ha cortado de raíz el uso de sustancias alteradoras hormonales como el bisfenol, que en España, por ejemplo, sólo se ha prohibido que aparezca en los biberones. En esa guerra francesa contra los disruptores endocrinos, el glifosato ha perdido por supuesto la batalla y se ha replegado al sur de los Pirineos donde las grandes industrias de los transgénicos y de los pesticidas siguen campando a sus anchas.
