La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene una piedra en el zapato que se llama el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La presión de Ciudadanos, la insistencia del PP y una campaña en contra de este impuesto va a obligar al Gobierno andaluz a volver a reformar un impuesto que ya fue modificado hace un año. “Sólo lo pagan el siete por ciento de los andaluces y sólo lo van a pagar los muy muy ricos”, ha asegurado esta mañana Díaz en una entrevista radiofónica en Canal Sur. Cs ya ha dejado claro que no se sentará a negociar los presupuestos de 2018 con el PSOE, su socio de investidura, sin que se reforme el impuesto. La jefa del Ejecutivo ha reiterado que sobre esta tasa se ha generado “una campaña de demonización”, que hace inútil las explicaciones del Gobierno sobre que es un tributo que sólo afecta a las grandes rentas, “es como gritar en el desierto”, aseguró. La presidenta insiste en que su modelo fiscal pasa por un modelo progresivo en el que las rentas más altas paguen más.
Díaz aborda esta mañana un encuentro con los líderes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para abordar la financiación autonómica. “Hay que dejar los intereses de partido a un lado porque nos jugamos mucho, la Andalucía de los próximo diez años”. La Junta de Andalucía considera indispensable la aplicación de un nuevo modelo de financiación después de que el vigente haya sido prorrogado hasta en dos ocasiones, “sería una tomadura de pelo”, dijo la presidenta, que recordó como en la conferencia de presidentes de este año el Gobierno central se comprometió a encontrar un nuevo modelo para aplicarlo a partir de 2018. El Ejecutivo andaluz pretende que con este nuevo sistema se garantice el coste de los servicios públicos, teniendo en cuenta factores como la insularidad o el peso poblacional de cada comunidad.
En materia sanitaria, Susana Díaz volvió a denunciar la campaña de “difamación” contra la sanidad pública, mientras desde lo privado se piden 1.500 millones de euros al Gobierno para dejar solucionadas las listas de espera para 2018, “esos millones para la sanidad pública”, dejó claro. Ante el comienzo del curso escolar, la presidenta destacó como en Andalucía se aumentan las becas públicas frente a la tendencia contraria en el resto de España, donde crecen las de la educación privada. Otro de los asuntos que colea desde el comienzo del verano es el de la jornada de 35 horas de los funcionarios públicos, medida que está recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y suspendida cautelarmente. Díaz considera “indispensable” un acuerdo ante una iniciativa que afecta a más de 250.000 funcionarios andaluces y que había posibilitado la creación de “miles de empleos”.
Sobre el asunto catalán y el debate a cuenta de la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución, la presidenta de la Junta aseguró que su posición es que se tomen decisiones “ponderadas” en función de aquéllas que se tomen en Cataluña. También relacionado con el desafío independentista, la Ejecutiva Federal del PSOE presenta hoy un documento en el que pretende dar algo más de luz sobre el concepto de plurinacionalidad, defendido por Pedro Sánchez, y que no es bien visto desde el PSOE andaluz. “No toleraría que haya españoles de primera y de segunda. Desde el primer día que he sido presidenta he dicho que no voy a apoyar nunca nada que perjudique a Andalucía. Mi bandera es igualdad de todos los ciudadanos. El PSOE no va a enfrentar territorios”, aseguró Díaz, que repitió la frase que pronunció ante Sánchez en la clausura del congreso regional socialista: “que no me haga elegir entre mis dos lealtades”
Por último, fue cuestionada sobre el posicionamiento de la Junta de Andalucía en el caso de Juana Rivas, que desde el minuto uno se puso del lado de la madre. “A ella se la ha culpabilizado, se ha dicho que era una mujer alocada y que él era un hombre serio. Estamos ante lo de siempre, culpabilizar a la víctima. Mi planteamiento es que el hombre que pega a una madre, y tiene una sentencia firme de maltrato, no puede ser un buen padre. Se hace urgente una reforma de la ley”, planteó.