El juez de los ERE procesará a Chaves y Griñán en precampaña

El juez que instruye la pieza política del caso ERE, Álvaro Martín, –que investiga el procedimiento específico creado por la Junta para conceder ayudas sociolaborales presuntamente sin control y que propició el fraude– ultima el auto de procedimiento abreviado con el que cerrará la instrucción de esta pieza y decidirá si procesa a los 51 ex altos cargos investigados y qué delitos imputa a cada uno de ellos. Entre estos 51 investigados se encuentran los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de varios exconsejeros, la mayoría de los cuales se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Martín el pasado marzo al haberlo hecho ya en abril de 2015 ante el Supremo (TS) o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por ser aforados cuando la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, les implicó. El auto en el que Alaya apuntó a Chaves y Griñán salió a la luz precisamente cuando el primer gobierno liderado por Susana Díaz –que sucedió a Griñán ante su dimisión acosado por la investigación de los ERE– tomaba posesión (10 de septiembre de 2013).

El auto que ultima el juez Martín, que según fuentes del caso tiene previsto dictar a principios de la próxima semana, determinará en plena precampaña electoral, ante la repetición de los comicios generales del 26J, si continúa el procedimiento judicial contra ellos y, por tanto, serán juzgados por la Audiencia Provincial de Sevilla.

El juez Martín tiene que decidir al cerrar la instrucción de esta pieza, la primera de la macrocausa de los ERE en concluir tras más de cinco años de instrucción, sobre qué investigados ve indicios de delito para procesarlos. Ni Chaves ni Griñán declararon ante él sino ante el TS (eran diputados en las Cortes). Y el juez del TS, Alberto Jorge Barreiro, avaló la tesis inicial de Alaya de que el procedimiento específico creado para dar las ayudas a los ERE era «claramente ilegal» y vio en los expresidentes una «conducta activa patente» que consistía en aprobar «importantísimas partidas de dinero» para subvenciones siendo «conscientes» de su procedencia ilícita. Por ello, tanto desde el entorno jurídico del caso como desde el ámbito político dan por hecho que Chaves y Griñán y los ex altos cargos vinculados a Empleo serán procesados. Más dudas hay respecto a los investigados por pertenecer al Consejo Rector de IDEA, la agencia pública dependiente de la Consejería de Innovación que actuaba como organismo pagador de las subvenciones aprobadas por Empleo. En este grupo se sitúa entre otros el presidente de Unicaja, Braulio Medel, al que sólo acusaba el sindicato Manos Limpias, que pidió su desimputación tras su declaración judicial el pasado febrero. Se trata de una de las intervenciones por las que la Audiencia Nacional investiga a Manos Limpias y a Ausbanc cuyo presidente, Luis Pineda, asistió a la declaración de Medel, en una presunta trama de extorsión a entidades bancarias para retirar pleitos.

En el auto de procedimiento abreviado, el juez Martín concretará qué delitos imputa a cada uno. En el caso de Chaves y Griñán, el instructor del Supremo vio indicios de prevaricación administrativa pero no de malversación de caudales públicos. Ese auto es recurrible en reforma ante el propio juez y en apelación ante la Audiencia, pero esos recursos no paralizan el proceso. En él, el juez dará un plazo a las partes personadas para que se pronuncien pidiendo el archivo de la causa contra los investigados –la defensa de Griñán ya ha anunciado que lo hará basándose en el auto que eximía de responsabilidad a la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo en la trama Gurtel– o haciendo un escrito de acusación con una petición de penas concreta. Con ello dictará el auto de apertura de juicio oral que se elevará a la Audiencia Provincial de Sevilla, dado que las penas que conllevan los delitos investigados son superiores a cinco años. La prevaricación administrativa es castigada con entre 9 y 15 años de inhabilitación para empleo y cargo público. El delito de malversación sí conlleva cárcel, de dos a seis años.

CRONOLOGÍA

10.09.2013 | Alaya señala a 51 ex altos cargos. La jueza Mercedes Alaya dicta un auto en el que señala en el caso ERE a 51 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán –que dimitió un mes antes– y una decena de exconsejeros.
12.08.2014 | Los ERE llegan al supremo (TS). Alaya remite al TS la parte del caso relativa a Chaves y Griñán, y exconsejeros como Gaspar Zarrías o José Antonio Viera, aforados como diputados o senadores y al TSJA lo de Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio, al ser parlamentarios.
14 y 16.04.2015 | Chaves y Griñán, ante el TS. Defienden la legalidad de las ayudas y niegan que la Intervención alertara de fraude. Griñán dijo al salir que «no hubo un gran plan pero sí un gran fraude», visión criticada por Chaves, el PSOE y la Junta.
16.06.2015 | Griñán deja su escaño en el Senado. Griñán deja el Senado poco antes de que el TS decida y a punto de que tras los comicios andaluces se nombre a los nuevos senadores.
25.06.2015 | El TS imputa formalmente a ambos. El TS les imputa por prevaricación administrativa al participar en la concesión de ayudas por un procedimiento «ilegal», pero no ve malversación de fondos como Alaya. No cree que conocieran el fraude.
29.06.2015 | Chaves deja su escaño en el Congreso. Chaves y Zarrías dimiten como diputados, gesto precedido de la presión del PSOE para que dieran el paso si eran imputados. Viera se niega y se pasa al Grupo Mixto.
16.04.2016 | El juez de los ERE les cita de nuevo. Sin aforados ya, toda la causa vuelve al juzgado de instrucción 6 de Sevilla. El juez Álvaro Martín les cita pero se acogen a su derecho a no declarar y se remiten a lo dicho en el TS entre críticas al «paseíllo».