El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado el enésimo recurso del Ministerio de Sanidad contra la subasta de medicamentos de Andalucía, un procedimiento que utiliza la Junta para abaratar el coste público de los fármacos y que el precio de los mismos no repercuta en los ciudadanos. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, confirmó este martes que el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Sevilla que se pronunció a favor del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y denegó la suspensión de la cuarta convocatoria de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía.
El recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad reclamaba la nulidad de la resolución de 31 de marzo del director gerente del SAS, que convocaba la cuarta selección pública de medicamentos, en la que se incluían 251 principios activos diferentes de 136 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes, por entender que “se incurre en flagrante violación de la legalidad e invade competencias estatales”. La subasta de medicamentos permite a la Consejería de Salud ahorrar 120 millones de euros en la compra de fármacos, según datos del Ejecutivo andaluz. “El Ministerio de Sanidad vuelve a llevarse un nuevo varapalo de los tribunales de justicia en su intento permanente de obstruir una medida que supone eficiencia y ahorro en beneficio del sistema público de salud”, ha insistido Vázquez.
Según la normativa andaluza para las subasta de medicamentos, las farmacéuticas que participan en la convocatoria deben acreditar, además de la oferta económica, que tienen capacidad para producir la cantidad requerida para dicho medicamento y su compromiso para garantizar el abastecimiento de manera que se pueda atender la demanda derivada de las prescripciones realizadas. De hecho, la capacidad de producción se ha tenido en cuenta como prioridad en caso de empate, asegura la Consejería de Salud.
En marzo de 2012, la Junta puso en marcha el sistema de subasta para sacar a concurso público la adquisición de bloques de fármacos por principio activo. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó un conflicto de competencias y los tribunales paralizaron la primera subasta, pero meses después levantaron el veto. El Ministerio de Sanidad elevó el caso al Tribunal Constitucional, que nuevamente frenó el proceso de forma cautelar. La suspensión temporal se levantó más tarde, sin entrar en el fondo del asunto, que aún está pendiente de una doctrina judicial definitiva. Entretanto, el Gobierno ha repetido la misma operación hasta tres veces (la Junta ha sacado ya cinco convocatorias) y el Constitucional siempre ha paralizado cautelarmente la subasta para meses después levantar el veto.
El pasado julio, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, denunció en el Parlamento que el Ministerio de Sanidad había llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del ramo para su debate el borrador de un Real Decreto que regula un sistema de selección de precios de los medicamentos “similar” a la subasta de fármacos implantada en Andalucía y que el Gobierno central ha recurrido ante al Constitucional por considerar que invade competencias estatales.
