A sólo unos días de que se celebre el Día Mundial de los Humedales, el próximo martes 2 de febrero, la sombra del desastre sigue planeando sobre uno de los más emblemáticos de toda Europa: Doñana. El espacio natural es el territorio de una disputa que parece irreconciliable entre la defensa de este ecosistema dependiente del agua y una actividad agrícola que se ha extendido durante años llegando a necesitar en muchos casos del abastecimiento mediante pozos ilegales que esquilman las aguas subterráneas que necesita Doñana para sobrevivir.
La Administración andaluza trató de poner fin al conflicto hace poco más de un año, el 16 de diciembre de 2014, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, conocido como el Plan de la Corona Forestal. Entre otras medidas, este plan de la Junta intentaba poner orden en la expansión de cultivos, en especial de la fresa, y cerrar pozos ilegales. Hasta ese momento las ocupaciones del territorio forestal sólo habían encontrado freno en los juzgados, el último el de lo Penal Nº 4 de Huelva, donde se condenó a un año y medio de cárcel y sanciones económicas por valor de más de 11.000 euros al titular de una parcela forestal de Moguer que en 2009-2010 convirtió la misma en agrícola, lo que estaba prohibido expresamente por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
Sin embargo, la clausura de las captaciones ilegales era entonces y lo sigue siendo un año después, la medida más controvertida. La organización WWF-España cifró hace un año en más de mil el número de pozos ilegales que abastecen las más de 1.500 hectáreas de fincas agrícolas situadas en terrenos catalogados como monte público, cauce de ríos o arroyos. Un año después de la aprobación del Plan de la Corona Forestal, nada ha cambiado según WWF reclama a las administraciones «que pongan en marcha cuanto antes el plan, que sigue parado».
Quienes no se han parado han sido los miembros de la Plataforma para la Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, donde agricultores y muchos alcaldes, sobre todo del PP, crearon este lobby para exigir que se les garantice el agua para el regadío. Su nuevo paso ha sido enviar mociones a los ayuntamientos para pedir una amnistía; o lo que es lo mismo: que se quede todo como está, obviando el Plan de la Corona Forestal. En el documento enviado a los ayuntamientos proclives, al que ha tenido acceso Ecoperiodismo, se pide que «se regularicen aquellas parcelas que por diferentes causas se han quedado fuera de la zona regable del Plan», y se hace mención a «la pérdida de riqueza y empleo que podría suponer para el entorno el cierre de esas explotaciones agrícolas». Muchos ayuntamientos, como el de Almonte, ya han elevado esta petición a sus plenos para «enviar un escrito a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir donde se les haga saber -indica el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte- nuestro desacuerdo en que se cierren estas explotaciones que tanta actividad generan en nuestros municipios». El Partido Popular de Huelva, que también apoya este lobby del regadío ya lo ha reclamado públicamente a la Junta.
El caso es que la amnistía ya se aplicó, aunque parcialmente, en el Plan de la Corona Forestal, que daba legalidad a las explotaciones anteriores a febrero de 2004, consolidando más de 4.000 hectáreas de riegos ilegales y descatalogando más de 2.000 hectáreas de montes públicos, según WWF. Ahora los regantes ilegales quieren dar otra vuelta de tuerca al grifo del agua de Doñana y que la amnistía sea total. Argumentan que Huelva tiene reservas suficientes de agua, pero el descenso de los niveles del acuífero ya provoca un importante efecto barrera aislando a Doñana de otros espacios naturales como el Río Tinto o Sierra Morena. Tanto es así que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el mal estado del acuífero de Doñana y por la forma en la que está afectando a sus ecosistemas.
WWF rechaza esta petición de amnistía, que va en contra de los intereses generales, de los agricultores legales, de la sostenibilidad del sector y del medio ambiente. WWF pide a la Junta de Andalucía que no ceda a las presiones de los sectores que quieren saltarse la ley y
«Esta amnistía general sería un desastre para el futuro de la agricultura en la zona y para Doñana. El plan está lejos de ser ideal para solucionar los problemas ambientales de Doñana, pero son las reglas mínimas que fueron capaces de acordar las administraciones, incluidos los ayuntamientos locales», ha declarado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. «Desde WWF estudiaremos la posibilidad de emprender acciones legales si no se respeta el Plan de la Corona y se vulnera la ley», ha añadido».
