La comisión parlamentaria que investiga si hubo un fraude con las ayudas de la Junta para cursos de formación entre 2002 y 2011 decidió ayer no reabrir la ronda de comparecientes, después de haber citado a 69 personas, y poner fecha a la entrega de conclusiones. Los grupos deberán registrar sus propuestas antes del 19 de septiembre, según el acuerdo alcanzado por unanimidad entre todos, para a partir de ahí empezar a elaborar el dictamen final.
La comisión rechazó con los votos de PSOE, Ciudadanos e IU abrir una segunda ronda de comparecientes, una propuesta del PP que demandaba un segundo interrogatorio a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a algunos familiares, como su marido, José María Moriche, que fue empleado en dos empresas de formación beneficiadas con fondos públicos. Con la decisión de ayer, la comisión parlamentaria, órgano encargado de dilucidar hasta dónde llegaron las irregularidades en la concesión de ayudas y quiénes fueron los responsables políticos, emitirá previsiblemente sus conclusiones antes de que el mismo asunto se resuelva en los juzgados, como ocurrió con la investigación que llevó a cabo el Parlamento sobre el fraude de los ERE.
El caso de los cursos, que ha puesto bajo sospecha un fondo de casi 3.000 millones de euros de ayudas europeas, está en manos de 18 jueces andaluces en las ocho provincias. Sin embargo, en los últimos días, el juzgado de Jaén que instruía este asunto lo archivó, al concluir que no veía indicios de un delito de menoscabo de fondos. También trascendió, en plena campaña electoral, que el principal juzgado que investiga la causa, en manos de la jueza María Núñez (la misma que instruye los ERE), prevé dar carpetazo a la investigación después del verano, siguiendo el criterio de la Fiscalía.
La situación es la misma que sobrevino con la comisión parlamentaria que investigó el caso ERE, a principios de la legislatura pasada. El Parlamento abrió un juicio político paralelo a la investigación judicial, que entonces pilotaba la jueza Mercedes Alaya. Como quiera que el asunto se eternizó en los tribunales –cinco años y 270 imputados después aún no hay ni fecha de juicio–, el Parlamento tuvo que resolver antes de conocerse el fallo definitivo. El presidente de la comisión de los cursos, Julio Díaz, sostiene que ambos órganos buscan cosas distintas y con planteamientos diferentes: las responsabilidades políticas pueden ser más o menos severas que las jurídicas, pero se regirán por parámetros distintos.
La reunión de ayer fue a puerta cerrada y duró hora y media. Los grupos no se reunían desde el pasado 31 de mayo, cuando compareció Díaz. El presidente de la comisión explicó que una vez que los partidos registren sus propuestas de conclusiones, volverá a citarlos en otra reunión para concretar el calendario para comenzar a elaborar el dictamen, que entiende que tardará en llegar al Pleno por una «dificultad evidente», informa Europa Press. Los partidos también acordaron ayer volver a reclamar a la Junta la documentación pendiente de entrega así como reclamarle nueva.
La comisión parlamentaria del caso ERE emitió un dictamen definitivo sin que se apuntase a ningún cargo de la Junta como responsable político del fraude, porque el enfrentamiento de los grupos hizo imposible consensuar un texto común. Cada uno presentó su informe respaldando su propio punto de vista. Ese parece ser el destino de esta comisión, en el que se ha visto un agrio pulso entre el PSOE y el resto de formaciones políticas, sobre todo con el PP.
