Montero deja claro a C’s que en 2017 no habrá más bajadas de impuestos

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, compareció este martes en la Diputación Permanente –órgano que vela por el funcionamiento del Parlamento fuera del periodo de sesiones- para defender la convalidación por vía de urgencia del Decreto Ley aprobado por el Gobierno en julio para reducir el impuesto de sucesiones y donaciones, una de las rebajas fiscales exigidas por C’s al PSOE para aprobar las cuentas del presente ejercicio. La aprobación por vía de urgencia fue rechazada por Podemos e IU y apoyada por PSOE, C’s y el PP, que no obstante pidió sin éxito su tramitación posterior como Proyecto de Ley para ampliar el debate. Pero Montero, cuyo departamento está ya inmerso en la elaboración de las cuentas andaluzas para 2017, dejó claro que no hay margen para más rebajas fiscales en el nuevo ejercicio. C’s, con quien tendrá que pactar de nuevo los presupuestos, ya ha pedido una reducción del 0,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF.

La rebaja del impuesto de sucesiones entra en vigor en dos fases. La primera, vigente desde el 1 de agosto, es la deducción entre el 95 y el 100 por cien para herencias de vivienda habitual a descendientes directos que hubieran convivido con el fallecido al menos los dos años anteriores y la bonificación del 99 por ciento para las explotaciones agrarias. La segunda fase entra en vigor en enero de 2017 y es la de mayor impacto ya que supone aumentar el mínimo exento de tributación de herencias valoradas en 175.000 euros hasta los 250.000 euros y a partir de esa cifra, habrá más escalones en las deducciones para corregir el llamado error de salto que obligaba a pagar lo mismo a quien recibía herencias de 250.000 euros y 350.000. La entrada en vigor de la segunda fase en enero de 2017 será, anticipó Montero, la mayor rebaja fiscal en el próximo ejercicio. “Por lo tanto, posibles bajadas de otros impuestos tendrán que esperar a otros presupuestos”, subrayó. De paso, insistió al Gobierno central en la necesidad de contar con la previsión de las entregas a cuenta en concepto de participación en los ingresos del Estado, en base principalmente a la liquidación de 2015, para diseñar los presupuestos autonómicos de 2017. Confió en que se den a conocer en la primera semana de septiembre y anunció que de no ser así, la Junta pedirá una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ante la falta de estos datos, justificó que sólo estén trabajando con borradores internos de las cuentas y que aún no haya iniciado las negociaciones con C’s.

PSOE, C’s y PP defendieron que esta rebaja fiscal beneficia a las clases medias y hace la fiscalidad andaluza más equitativa y justa y tanto los populares como la formación naranja abogaron por seguir avanzando en la progresividad fiscal. Podemos e IU justificaron su rechazo a la rebaja fiscal por considerar que la merma de 125 millones de euros que supondrá en los ingresos resulta “contradictorio” con el mantenimiento de los servicios públicos y resta argumentos al Gobierno andaluz a la hora de reclamar al Estado una reforma de la financiación autonómica. El líder de IU, Antonio Maíllo, criticó que la presidenta Susana Díaz “tiene una carrera de bajada de impuestos con el señor [Juan Manuel] Moreno Bonilla” y lamentó que “compre a la derecha el discurso de la recuperación económica”. Maíllo señaló que con estos 125 millones y los 120 que supuso la rebaja de dos puntos en el IRPF en 2016 se podría contratar a 5.000 maestros y rehabilitar 40.000 viviendas.

Al hilo de ello, Maíllo y la portavoz de Podemos Esperanza Gómez, justificaron la petición de un pleno extraordinario para debatir las deficiencias denunciadas por ciudadanos y profesionales en la atención sanitaria durante el verano y el recorte de mil docentes interinos el próximo curso, un pleno que también reclamó el PP. Los votos contrarios de PSOE y C’s impidieron celebrar una sesión antes de la primera ordinaria, prevista para el 7 y 8 de septiembre. En el caso del PSOE, su argumento fue negar la mayor, que existan recortes y deficiencias en sanidad y educación. Marta Bosquet de C’s alegó que por cuestión de plazos, el pleno se tendría que celebrar la próxima semana, apenas unos días antes del inicio del nuevo periodo de sesiones.