Ni la Junta de Andalucía, ni las asociaciones ecologistas, ni las autoridades locales. Nadie, salvo el gobierno central, parece bendecir el subproyecto Marismas Occidental, de la iniciativa global de Petroleum Oil & Gas España S.A. para la extracción, almacenamiento y gasoductos de gas natural en el entorno de Doñana. El último en sumarse a este rechazo ha sido el Ayuntamiento de Almonte, que ha denunciado el comienzo de la «expropiación forzosa» de los bienes afectados por este plan que «ni genera ningún beneficio» ni coincide con «el modelo de desarrollo» que tienen previsto para el municipio.

Desde el gobierno almonteño, su concejal de Medio Ambiente, Isidro Medina, lamentó que «el anterior equipo de gobierno del PP guardó silencio sobre el proyecto, haciendo que se perdiera la oportunidad de presentar las alegaciones en las fechas oportunas». Un escenario, el de «un proyecto con una tramitación en su fase de finalización», ante el que poco puede hacer el nuevo Ayuntamiento socialista.

Quien no quiso pronunciarse ayer sobre este asunto fue el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que presentó la memoria y el informe de gestión del parque en 2015, con más de 330.000 visitas y unos 11,5 millones de inversión. No obstante, señaló que ya emitió un informe que aconsejaba la unificación de las declaraciones de impacto de todos los proyectos –son cuatro en total– que no llegó nunca a realizar. Cuestión que, según advirtió, todavía «sigue vigente».

Culpas a Felipe González

Por su parte, la secretaria general de Podemos-A, Teresa Rodríguez, aseguró que estos almacenajes de gas son «consecuencia y efecto» del sueldo de unos «127.000 euros anuales» que Gas Natural estuvo pagando al expresidente Felipe González cuando formaba parte del consejo asesor del parque.«Podía haber dedicado su vida a defender los derechos humanos o a luchar por otras causas, pero no ha sido así. Ahora estamos viendo sus consecuencias directas sobre la mayor reserva de la biosfera de Europa», concluyó.