Una alianza para despejar dudas

Partos que nunca existieron porque el archivo del hospital se inundó o incendió, entierros de niños nacidos supuestamente de los que supuestamente se encargó el hospital y que no aparecen reflejados en los cementerios, adopciones bajo sospecha con consentimientos falsificados... es la maraña de papeles que los familiares de bebés robados, y quienes creen ser uno de estos, reclaman una y otra vez a instituciones eclesiásticas, civiles y sanitarias para tratar de llevar unas pruebas documentales a fiscales y jueces que acaben con el consabido archivo de causas por haber prescrito, si el nacimiento es anterior a 1972, o por falta de indicios de delito. Y antes de la dificultad probatoria, las familias chocan con muchos muros para acceder a los archivos donde supuestamente deben constar todos esos datos. Por eso, las asociaciones andaluzas de bebés robados, que celebraron ayer una primera jornada de trabajo en el Parlamento, arrancaron de los grupos políticos la firma de un acuerdo donde estos se comprometen a facilitar el acceso a archivos instando a obispados, ayuntamientos, diputaciones y hospitales a abrir estos a quienes lo pidan sin cortapisas, además de fomentar líneas de ayudas en esta labor ya que, como destacó uno de los abogados de la asociación sevillana, Juan de Dios Ramírez, cualquier prueba o análisis en este asunto «es costosísima» y muchos de los padres que buscan a sus hijos «son pensionistas».

Es una de las principales reclamaciones que hicieron ayer las asociaciones a los grupos políticos, pero también la creación de un banco público de ADN y promover una investigación interna para esclarecer estos hechos que en Andalucía afectan a unas 2.500 familias, toda vez que la vía judicial se ha frenado mediante el archivo al 90 por ciento de los casos denunciados. Una vía, no obstante, en las que estas familias no cesan llevando sus casos hasta el Constitucional e incluso a Estrasburgo y en la que también reclaman una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impida que estos delitos prescriban.

A la espera de una resolución conjunta aprobada en la Cámara –el PSOE retiró una propia forzado por el deseo de las asociaciones de que sea un compromiso global–, las familias hicieron llegar sus demandas a los grupos y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, les trasladó en nombre de todos ellos «el apoyo unánime» y la voluntad política de «dar pasos para encontrar la verdad y a partir de ahí hacer justicia», recordando que la Ley de Memoria Democrática ya extiende el concepto de víctimas de la represión franquista a los bebés robados. Y es que, como puso de manifiesto el periodista José Luis Gordillo, autor del libro de investigación sobre el tema Los hombres del saco, esta «trama» que tuvo su mayor apogeo entre 1960 y 1990 aunque se inició en los 40, no era «delincuencia común» ni perseguía el «lucro» aunque algunos se lucraron con ella sino que nació con una concepción de «misión» con «perfil político» dirigida a «redistribuir a niños de familias humildes» u originariamente republicanas a otras «consideradas superiores no solo en medios sino moralmente». Una misión que, se atrevió a apuntar, no ha terminado y se extiende a hoy día al tratar de ocultar lo ocurrido para lo cual «podrían estarse manipulando perfiles genéticos en laboratorios públicos y privados para evitar reencuentros entre familias».