El Betis, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos explicaron ayer cómo será el proceso de venta de las 60.838 acciones que en teoría debe desembocar en el famoso Betis de los béticos que algunos de los propulsores de esta propuesta persiguen desde hace más de una década. Se trata del 51,34% que hasta ahora poseían Manuel Ruiz de Lopera y Farusa, cuya transacción fue firmada el pasado 28 de julio por más de 15 millones de euros, más 913 acciones que están en autocartera como consecuencia de incumplimientos de compraventa. Habrá un bloque «barato», según la terminología empleada por ellos mismos, a 120 euros el título (60,10 de valor nominal y 60,10 en concepto de prima de emisión). Este grupo coincide con el 31,38% que el Juzgado de lo Mercantil quitó a Lopera al considerar que no lo había adquirido con su dinero sino con el del Betis. Y también habrá otro bloque «caro», a 476,69 euros la acción, destinado a crear un núcleo de gobierno de «tres o cuatro» accionistas.

Esta es la propuesta que el consejo planteará a los accionistas en la junta general ordinaria del próximo 23 de noviembre (el propio club da por hecho que se celebrará en segunda convocatoria) en el Palacio de los Deportes. Si es aprobada, la venta o la reserva de acciones empezará en cuanto el acuerdo quede formalizado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Lo normal es que eso ocurra en cuatro o cinco días. Y a partir de ahí, los béticos de base dispondrían de un mes para adquirir o reservar ese 31,38% adelantando un 10% hasta un mínimo de 120 euros. El tope en este paquete de 36.869 acciones será de diez por persona. Y el coste total que deberían cubrir los socios y accionistas, 4.424.280 euros. Además, habrá «restricciones sobre su transmisión para que no haya especulación ni concentración», avisó Ángel Haro. El Betis tendrá un derecho de adquisición preferente y negociará con entidades de crédito para que los aficionados menos pudientes puedan financiar la compra a un año.

El plan contempla varias rondas. En la primera tendrán prioridad los socios y accionistas (en caso de empate ganan los socios con más antigüedad y los accionistas con menos acciones). En la segunda se podrán comprar otras diez acciones por titular y la prioridad será para el que pide menos acciones sobre el que pide más.

Esas acciones no son las protagonistas del caso del Mercantil. Son títulos nuevos. Así pues, es una ampliación de capital. Los motivos son dos, según Haro. El primero: «Al no participar Béticos por el Villamarín (BXV), las acciones siguen en litigio». Y el segundo: «Para que los accionistas tuvieran acciones no contaminadas». La pregunta es qué ocurrirá con las 36.869 acciones del juicio si retornan al Betis. Si el juzgado no las declara nulas, «se propondrá a la junta no enajenarlas y amortizarlas», adelantó el presidente del Betis, sin entrar en más detalles. «No es una ampliación, sino una recomposición del capital», matizó después José Antonio Tirado, presidente de Por Nuestro Betis (PNB).

LOS GRANDES ACCIONISTAS

Al mismo tiempo, los accionistas que aspiren a tener más porcentaje podrán empezar a adquirir el 20% restante del capital social, 23.969 acciones que equivalen a algo más de 11 millones de euros. El mínimo adquirible son 210 acciones (100.000 euros) para evitar que la operación sea considerada oferta pública por la Comisión del Mercado de Valores (CNMV). En una primera ronda, el máximo que podrá acumular cada accionista será un 3% del capital (3.525 acciones, 1.668.000 euros). En una segunda podrán sumar un 2% más.

La ley concede un derecho de suscripción preferente a quienes ya son accionistas, incluidos los de referencia, léase los propios Ángel Haro y José Miguel López Catalán, Manuel Ruiz de Lopera, Hugo Galera, la familia Salas o la familia Romero, pero los impulsores de este proceso esperan que todos renuncien porque «moralmente» es lo justo, aunque «legalmente» puedan reclamarlo. Haro, Catalán y Farusa lo harán y ahora esperan que los demás sigan su ejemplo. «Nos comprometemos a no hacer uso del derecho siempre que no lo hagan Castaño, Galera, la familia Salas o la familia Romero», matizó Haro. He aquí una de las grandes claves del futuro Betis. Si ellos no firman esa renuncia, la junta aprobará el acuerdo pero estos accionistas, los que están en el consejo y los que no, podrán ejercer su derecho y acumular acciones y más acciones. En ese supuesto, el Betis volvería a ampliar el capital con otras 20.000 acciones en la junta de 2018. Galera, por cierto, se pronunciará entre el martes y el miércoles.

El objetivo transversal de todo este proceso es atomizar el capital lo máximo posible. El cálculo previo consiste en que el 60% del Betis acabe en manos de accionistas minoritarios y el 40% restante, en poder de esos accionistas más pudientes. «Se pretende que nadie adquiera más del 5%», advirtió Adolfo Cuéllar. «Lo ideal es que hubiese tres o cuatro grupos de accionistas que controlasen el otro 40%», añadió el representante de la Liga de Juristas Béticos. «Si quedan acciones, los que hayan renunciado al derecho podrán ir pero con un máximo derivado de su derecho de suscripción preferente. Si quedan acciones, cosa que no nos gustaría, la ampliación se declararía incompleta», completó Haro.

Si los abonados y los accionistas no compran esas 60.000 acciones al final de las rondas previstas, el Betis pondrá a la venta las que sobren en una subasta libre al mejor postor. El precio de partida serían esos 476,69 euros por acción. Obviamente, la intención de este plan es no llegar a ese tramo, en el que cualquiera, sea bético o no, estaría en disposición de acceder al accionariado. «Tenemos una oportunidad histórica de que el Betis quede en manos de los béticos. Aunque sea una acción, animo a los béticos a que sigan formando parte de este club», sentenció el presidente.