«En España se privatiza el agua no por eficiencia, sino porque es un negocio»

{El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos; lo cierto es que desde que empezase la crisis económica los ayuntamientos españoles han seguido la senda contraria, tendiendo a la privatización de un servicio municipal. La principal oposición a esta mercantilización del agua la ha llevado a cabo la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Jaime Morell es su presidente.

—Uno de los objetivos de los operadores debe ser ofrecer agua de calidad al mejor precio posible. ¿Es posible desde lo público?

—Lo público es condición sine qua non para que esto se produzca. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y porque los municipios, generalmente mal financiados, pueden utilizar el dinero que les ofrecen por privatizar la gestión del servicio durante 25 años para «enjuagar las cuentas municipales». Nos tiene que quedar claro que en España, a diferencia de la mayoría de países europeos, la ley no obliga a los municipios a destinar ese dinero en el agua y suele acabar en actividades que no tienen que ver con el ciclo urbano del agua. Este sistema favorece la privatización de sistemas públicos que funcionaban muy bien, como los casos de Huelva o Jerez de la Frontera, ya que por ellos las grandes multinacionales están dispuestas a pagar mucho dinero.

—¿Para las ciudades privatizar el servicio del agua qué implica?

—La entrega de los servicios de agua a las manos privadas provoca situaciones económicamente muy insostenibles: el sistema no estimula el empresariado local o regional ya que se compra así mismo la mayoría de los servicios y, elimina además, las ventajas de la competitividad que ofrece el mercado con lo que acabas pagando infraestructuras y/o servicios a un precio más caro que el marcado por el mercado. Todo este proceso se ha realizado sin un regulador y con escasa información.

—Aeopas cree que una clave para evitar esta situación de «venta» del agua a las privadas es acabar con el llamado canon concesional, el dinero que el Ayuntamiento recibe por ceder el servicio a la empresa privada.

—Sí. Es urgente avanzar en la regulación y eliminar el canon concesional. El canon es el elemento fundamental que, entre otras cosas, ha facilitado que los Ayuntamientos recurran a la privatización y ha incentivado la ‘des-inversión’. En un país como el nuestro donde los episodios de sequía son recurrentes, la eliminación de pérdidas en red, por ejemplo, debe ser una prioridad y resulta que en los últimos años coincidiendo con el proceso más intensivo de privatización, hemos aumentado las pérdidas en las redes.

—En Andalucía, ¿cómo es el mapa de la gestión del agua, en términos de privatización?

—Andalucía cuenta con 778 municipios repartidos en 8 provincias; la gestión del agua a lo largo del territorio es muy diversa. Existen fórmulas de gestión muy diferentes: algunos municipios optan por delegar la gestión del servicio a una empresa privada, o forman una sociedad de economía mixta con un socio privado, otros gestionan el servicio desde la opción pública, bien mediante empresas públicas o desde los propios servicios municipales. Tampoco faltan los casos en que la gestión se realiza de forma mancomunada entre varios municipios, ya sea de forma pública, privada o mixta.

En 2016 el 74,84 por ciento de los municipios andaluces gestionan el servicio urbano de agua a través de la opción pública. El restante 25,16 por ciento gestionan el servicio mediante la opción privada; bien mediante empresa privada (13,49 por ciento) o empresa mixta (11,67 por ciento). La empresas con mayor presencia en la parte privada de la industria en el territorio andaluz son: Aqualia (57 por ciento), AGBAR (26,36 por ciento) y Acciona (2,55 por ciento). Por otra parte, el 40,9 por ciento de los municipios realizan la gestión de forma mancomunada o consorciada.

—Según esas cifras podrían hacer pensar que en Andalucía la privatización del agua no es mayoritaria. Pero no es así...

—En efecto. No es así. Si se analiza la población abastecida por cada uno de los sistemas de gestión, se observa cómo los porcentajes de los sistemas varían considerablemente. De este modo, la opción privada gestiona el servicio urbano de agua al 44,57 por ciento de la población andaluza. Por tanto, se puede observar que los sistemas de gestión privados y mixtos tienen una mayor implantación en los municipios más poblados, pues son en ellos donde estas entidades mercantiles disponen de más margen para obtener mayores rendimientos económicos.

—¿En términos diacrónicos podemos decir que en Andalucía la privatización avanza?

—En 2010 el 73 por ciento de los municipios andaluces gestionaban los servicios urbanos de agua por entidades de titularidad pública, es decir, o bien los desarrollaba el propio ayuntamiento de la localidad directamente, o bien se realizaba a través de sociedades públicas; en 2016 ese porcentaje está cercano al 75 por ciento. Por tanto, en los últimos años, la importancia de la gestión privada y mixta se ha reducido ligeramente en la región; si bien, la reducción es más evidente en el caso de la gestión mixta. Es decir, pese a la crisis pese a escasa financiación de nuestro ayuntamiento... pese a todo esto, podemos decir que la privatización no avanza. Es más podemos decir que la crisis económica y la mala financiación de nuestros entes locales está suponiendo un freno a la desprivatización de la gestión de nuestros servicios.

—¿Cómo es la situación en la provincia de Sevilla?

—El 91,43 por ciento de los municipios de la provincia de Sevilla gestionan el servicio urbano de agua mediante una forma de gestión pública, frente a un 7,62 por ciento de gestión privada y un 0,95 por ciento de gestión mixta. En términos de población, el 92,35 por ciento de la población total de la provincia es abastecida por la gestión pública. Desde 2010 el número de municipios gestionados por la empresa privada ha pasado de 17 a 8; el número de municipios gestionados por una empresa mixta se ha reducido de 14 a 1.

Es decir en Sevilla, gracias al papel activo de la Diputación Provincial, se ha creado un modelo público , garantista y solidario. Creo que existe gracias a esta apuesta una fuerte convergencia del mundo rural y el mundo urbano y una apuesta decidida por el desarrollo local.

—¿Qué ventajas tiene, según usted, el modelo público?

—El ejemplo de la gestión del ciclo urbano del agua de ciudades como París, Viena, Córdoba, Cádiz o Sevilla, demuestran que existen mecanismos desde lo público que son capaces de suministrar un servicio de calidad con mayor eficiencia que las empresas privadas. También permite verificar que este buen servicio es compatible con tarifas razonables y buenas condiciones laborales de los trabajadores de la empresa. Este modelo ha demostrado su operatividad a lo largo de toda la etapa de ayuntamientos democráticos incorporando, junto a un enfoque de sostenibilidad técnico-económica del sistema, criterios de carácter social y medioambiental. Es un modelo que puede apostar por políticas de largo plazo ya que no depende de una cuenta de resultados ni de la visión cortoplacista de una junta de accionistas. Finalmente, conviene resaltar que el modelo público tiene un gran potencial que hay que desarrollar. Dentro de lo público hay que potenciar algunos elementos favorecedores de este modelo como el desarrollo de nuevos instrumentos de información y participación. Tenemos que construir entre todas las personas que habitamos en nuestras ciudades un nuevo modelo público, un modelo donde se impulsen nuevas políticas de agua basadas en criterios técnicos, sociales y ambientales. Por último, debemos resaltar las características ejemplares de este nuevo modelo de gestión público aplicado ya en ciudades como París o Córdoba deben de ser de utilidad en otras ciudades. La discusión y difusión de las buenas prácticas de gestión en el ámbito de los servicios públicos del agua debe constituir un objetivo prioritario si queremos fortalecer lo público. Para ello, sería necesario establecer una red en la que se desarrollaran mecanismos de partenariado público-público que favorecieran el intercambio tanto de conocimientos, estándares de gestión, mecanismos de transparencia y participación.

—Aeopas, frente a la patronal, siempre ha defendido que el agua es un derecho humano...

—El acceso a los derechos humanos ha de garantizarse por los poderes públicos en forma de derechos de ciudadanía, superando visiones de carácter asistencial. Es por ello, que en el marco de nuestras posibilidades y competencias, creemos que la garantía de acceso al derecho humano al agua en nuestro municipio debe de establecerse a través de un suministro mínimo vital de agua independiente de cualquier condicionante de tipo económico. Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el derecho al agua abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud, y para satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar, y ello requiere entre 80 a 100 litros por persona y día. Mediante la dotación de un suministro mínimo vital se asegura, por tanto, la condición básica para la ejecución del derecho ciudadano al agua, primando a la vez la justicia social y el ahorro de un recurso escaso.

—Y ya hay ejemplos de ello en Andalucía...

—Así es. La experiencia ya se está aplicando en ciudades de Andalucía donde existe gestión pública como Córdoba, Sevilla y más recientemente se aplicarán en la ciudad de Cádiz. Estos sistemas públicos están desarrollando una política tarifaria y recaudadora viable económicamente y consustancial a la responsabilidad social en gestión de servicio público de una sociedad 100% pública. En la actualidad la Junta de Andalucía está debatiendo el Reglamento de Suministro de Agua y ahí creemos que debe de recogerse «mínimo vital» como derecho para todas las personas que viven en Andalucía.

—Desde Aeopas también estáis impulsando políticas de responsabilidad ambiental... Las ciudades de Córdoba y Cádiz han impulsado el consumo del agua de grifo a través de la exitosa campaña de progrifo.

—Los habitantes de Córdoba y Cádiz disponen de un agua de gran calidad, totalmente equilibrada, más barata que el agua embotellada y es más ecológica, ya que no genera residuos plásticos. Las botellas de agua de plástico representan un volumen de residuos muy importante y únicamente la tasa de reciclado de envases de plástico en general en España es del 66,5 por ciento. El agua del grifo, por el contrario, es ecológica, ya que no necesita envase y, por tanto, no genera ningún tipo de residuo plástico susceptible de separación selectiva. Por otra parte, el agua del grifo llega al domicilio y no precisa ser transportada hasta la vivienda. Por tanto es una forma de poner freno a las energías fósiles y de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

—En Aeopas recomiendan beber agua de grifo...

—Claro. Es lógico que recomendemos su consumo, más aún cuando en ciudades como Córdoba o Cádiz disponemos de un agua del grifo económica, ecológica, sana y equilibrada.

—Progrifo es una campaña que pese a tener poco presupuesto ha llegado a ser tendencia en las redes sociales.

—Progrifo tiene una orientación modesta pero holística. Como sabemos, las actuales tendencias globales indican que en los próximos años viviremos una explosión de lo urbano; el mundo es y será claramente urbano y, necesariamente, deberá ser también ambientalmente sostenible.

—Ahora que está de moda hablar de ciudades inteligentes... ¿es inteligente beber agua del grifo?

—Desde los operadores públicos tendremos grandes retos a los que deberemos responder y ello no será posible sólo a través de la tecnología, sino que deberemos incorporar cambios de hábitos y nuevos valores y nuevos conocimientos para gestionar el agua en nuestras las ciudades. El futuro va mucho más allá de las ciudades inteligentes, requerirá de ciudadanos inteligentes y solidarios; ahí, tienen un papel clave los planteamientos formativos. Desarrollo sostenible es desarrollo inteligente y este sólo es posible con ciudadanos formados por eso también llevamos las buenas prácticas a las aulas. El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 50 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento económico y debemos enfrentarnos a la pregunta de qué modelo de ciudad queremos y en la solución el modelo de gestión público del agua tiene mucho que aportar.

—¿Cuándo veremos una Sevilla ‘Progrifo’?

—Emasesa es una gran empresa pública que en los últimos tiempos ha implementado medidas recogidas en esta entrevista y en otras que no hemos tenido tiempo de hablar pero que también son importantes. Es una empresa pública que se ha comprometido con las poblaciones en riesgo de exclusión y que está aplicando con éxito el mínimo vital... Por tanto no nos cabe la menor duda que más temprano que tarde será progrifo.